Envía el Ejecutivo al Senado proyectos de reformas a leyes civiles y mercantiles

Néstor Martínez El presidente Ernesto Zedillo envió ayer a la Cámara de Senadores una iniciativa de decreto que propone reformar diversos ordenamientos legales y que busca fijar normas que abatan los rezagos que impiden la plena seguridad jurídica y que garanticen la impartición de justicia pronta y expedita.``Debemos reconocer indica el Ejecutivo que hoy día subsisten en México normas y prácticas viciadas que obstaculizan el acceso a la justicia a un número importante de mexicanos, dando lugar a procesos de gran complejidad, en donde incluso la propia ley llega a propiciar comportamientos que desvirtúan la intención original del legislador''.

Explica que, por ello, los mexicanos deben disponer de ordenamientos legales que permitan aplicar la norma a casos específicos de manera pronta y expedita, velar por que las leyes planteen soluciones justas, propiciar que las operaciones que debieran ser ágiles y sencillas no se tornen difíciles o irrealizables, así como impedir la desigualdad entre las partes, derivada de circunstancias de índole económica.La iniciativa presidencial plantea diversas modificaciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a la Ley Orgánica de Nacional Financiera, al Código de Comercio, a la Ley General del Títulos y Operaciones de Crédito, y al Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia federal.

El Ejecutivo propone desalentar demandas o defensas a todas luces improcedentes, con una efectiva condenación a quien incurra en esas conductas. ``Unicamente debe acudir a defenderse en juicio quien considere tener un legítimo derecho y quiera hacerlo valer y no quien, a sabiendas de que se fallará en su contra, busque exclusivamente demorar la sentencia a través de maniobras que retardan la impartición de justicia''.

En cuanto al Código de Procedmientos Civiles para el Distrito Federal, el proyecto reforma o deroga 168 artículos y, en síntesis, propone actualizar y depurar normas para buscar el sano equilibrio entre las partes que involucran los procesos civiles.

Asimismo, busca impedir la manipulación del ordenamiento procesal y que prosigan juicios interminables. También plantea la ampliación de horarios de atención y del uso de teléfonos y tecnología de comunicación para facilitar los procedimientos procesales en trámite.

Resalta la inclusión de un título dedicado a los juicios sumarios que, por sus características, deben tramitarse en una vía más expedita.

Otra reforma propuesta es la del artículo 7 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para eliminar la exclusividad de la que goza la institución como depositaria de títulos, valores o sumas en efectivo que se hagan ante la autoridad judicial del Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia administraría los recursos.Respecto al Código de Comercio, se modifican 186 artículos y se propone regular pormenorizadamente el caso de impugnación por falsedad de un documento, a fin de esclarecer la situación y sancionar, en su caso, a los presuntos responsables.

Propone reformar el artículo 348 y adicionar el 356 bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para facilitar a comerciantes y empresarios el acceso al crédito y coadyuvar así en la disminución del diferencial entre las tasas de interés que pagan por tales financiamientos y las otorgadas por las instituciones de crédito al recibir depósitos, así como por la proporción de garantías. Plantea el uso de la figura del fideicomiso.La iniciativa sugiere finalmente reformar el artículo 750 del Código Civil para el Distrito Federal, con la finalidad de simplificar el incremento de recursos crediticios para vivienda, establecer un régimen para cesión de créditos hipotecarios y retirar al material ferroviario la figura de ``bien inmueble'' para que pueda dejarse en garantía al solicitar créditos.

Por otro lado, durante la sesión de ayer en el Senado se dio primera lectura al dictamen de la iniciativa de reforma constitucional sobre la Ley contra la Delincuencia Organizada.