Mientras los informes entregados por altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda al Congreso, dan cuenta de los desastrosos resultados de la política económica (que incluyen una disminución del 19 por ciento en la recaudación fiscal de 1995 respecto al año anterior), y el mismo secretario Guillermo Ortiz admite que nuevamente la economía presentó una reducción durante el primer trimestre de 1996, tanto él como el presidente Zedillo repiten la misma promesa gastada, de que ahora sí habrá recuperación el próximo trimestre.
De hecho, el presidente se atrevió a decir que él ``siente que la mejoría económica está cerca'', anunciando quizás que pretende seguir gobernando con base en presentimientos, o algo así.
El informe de la Secretaría de Hacienda a los diputados resulta grave por varias razones, y desafortunadamente parece ser un estudio muy serio, es decir muy profesional. Hace tiempo se nos informó que la economía (el producto interno bruto) había descendido un 7 por ciento, su efecto sobre los impuestos prácticamente se triplicó, y esto refleja lo que sucedió con el gasto popular y con el ingreso de las empresas, aunque existen otros indicadores que plantean una caída del 50 por ciento en la demanda de sus productos y servicios, trátese de automóviles, de diarios, de alimentos o de visitas a los médicos.
Esto es importante decirlo, porque un sector considerable de la población no ha percibido aún la magnitud del desastre económico en el que estamos metidos, más allá del aspecto (grave por sí mismo) de la pérdida de empleo y del encarecimiento de las cosas, el cual es por cierto mayor al 100 por ciento si lo contabilizamos desde la fecha en que Zedillo ocupó la Presidencia.
El otro aspecto que es importante subrayar del informe de Hacienda (La Jornada, 28-III) es que la política consciente y definida del gobierno, ha sido la de castigar con el costo de la crisis al pueblo de México, y en particular a los que menos tienen. Así por ejemplo, el poder ejecutivo, decidió unilateralmente (sin consultar al Congreso ni a nadie) reducir el gasto social, es decir en educación, salud, servicios a la comunidad, etcétera. Asimismo, cortar las partidas para los estados y también para los municipios. En particular esta última reducción, superior al 10 por ciento, pudo tener efectos de suma gravedad en los municipios más pobres del país, incluyendo por ejemplo la necesidad de suspender servicios tan básicos como el agua.
El descontento de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los mismos funcionarios del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, ante la falta de recursos para enfrentar problemas, es mayor cada día. Este fenómeno saltó a la vista por ejemplo en la reunión del Consejo Nacional del mismo PRI, celebrada en días pasados, en la que varios de sus líderes censuraron enérgicamente las políticas y medidas gubernamentales.
El enojo y quizás el miedo, están presentes también en la decisión de suspender los actos oficiales del 1 de mayo, mientras que el silencio de la delegación gubernamental en las reuniones de Chiapas evidencian el desgaste general de la imagen y la credibilidad del gobierno, cuyo titular político, el secretario de Gobernación, se ha visto en la necesidad de ``llamar a la reconciliación'', reconociendo el descontento no sólo de los partidos de oposición, sino de pequeños, medianos y ahora hasta de los grandes empresarios, para no hablar de trabajadores organizados. En medio de todo esto, el presidente Zedillo dice tener la sensación de que las cosas empiezan a mejorar o van a mejorar pronto.
Por ello, uno se hace dos preguntas necesarias; Acaso el presidente no se da cuenta del abismo que lo separa de la sociedad? Cuáles son las fuerzas políticas que sostienen todavía al presidente? Porque fuera de los halagos y comentarios del gobierno norteamericano y ahora de Fujimori, no se oye ni se sabe de alguien que esté de acuerdo con sus políticas, o siquiera que las entienda.