Hubo de reconocerse que las declaraciones, propuestas y compromisos planteados por los invitados y asesores del EZLN en la primera fase de la Mesa 2 sobre Democracia y Justicia son tan valiosas, que se ofreció expresamente tomarlas en consideración en otras Mesas sobre la reforma del Estado que se llevan a cabo con otros sectores sociales.

Tal fue el reiterado caso en el Grupo 4, sobre Justicia y Derechos Humanos, que se ocupó de siete distintos temas trascendentales para este asunto: la situación de los derechos humanos en Chiapas; la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos; la educación para la defensa y la promoción de los derechos humanos; la marginación y discriminación social de género, étnica, religiosa y otras; la mujer y los derechos humanos; los derechos humanos y sistemas normativos internos de los pueblos indígenas; los flujos migratorios y derechos de los trabajadores migrantes, a los que los 26 invitados y asesores del EZLN añadieron su preocupación específica por los derechos ecológicos, que no estaban previstos.

Confiamos en que el obligado ofrecimiento se lleve responsablemente a la práctica, sobre todo en esta época de Semana Santa y vacaciones, en la que pueden seguir aprobándose al vapor en el Congreso reformas legales contrarias, y desde luego opuestas al sentir y a las demandas de una gran parte de la ciudadanía.

Gracias a que un coordinador de asesores llevó a cabo en el Grupo 4 una oportuna síntesis de lo que se trató en los tres días completos y arduos de trabajo, podemos proporcionar a nuestros lectores una muestra de lo que venimos diciendo. Lo consideramos muy importante, frente a propuestas contrarias que con la maquinaria actual del Estado siguen adelante, y que mucho tendrían que preocuparnos.

A propósito del punto 2 sobre la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos, se hace la consideración y denuncia de que el problema de la inseguridad pública en el país es el resultado de la política económica y social por la que el gobierno ha regido su administración, la que no garantiza la seguridad social de los ciudadanos, ya que lesiona directamente los derechos económicos y sociales y genera deterioros graves de tipo social, tales como la concentración desmedida de la riqueza en sólo unos cuantos, la polarización de las clases, la desintegración familiar, el detrimento de los valores fundamentales de la persona humana, el aumento en la violencia doméstica, etcétera.

Se considera y denuncia a su vez que en México hemos presenciado la conversión de un Estado de derecho a uno policiaco y represor, con un proceso creciente de militarización de la seguridad pública y el desmantelamiento de las garantías constitucionales sociales de seguridad pública.

Se propone y demanda una reforma profunda del Estado, de modo que éste sea realmente el garante del respeto y promoción de los derechos humanos, en cuya procuración de justicia se demanda la presencia del Juez desde la integración de las averiguaciones, la eliminación del monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y la total autonomía del Poder Judicial en la aplicación de la justicia.

A este respecto se propone que el Poder Judicial sea realmente independiente y autónomo del Poder Ejecutivo, absteniéndose éste de intervenir en cualquier forma en la designación y/o decisión de integrantes o funciones. Se propone también adicionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con facultades que le permitan no sólo emitir resoluciones de tipo declarativo, sino totalmente jurisdiccionales y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, así como otorgar facultades a los organismos no gubernamentales defensores de tales derechos, para exigir el respeto y protección de los mismos a las autoridades.

Se propone que se haga una nueva Ley de Seguridad Pública que sea, en particular, respetuosa de la autoridad municipal, de manera que garantice una auténtica procuración de justicia.

Se propone que se realice y agilice la firma y ratificación por parte del Poder Ejecutivo y el Senado de la República respectivamente, de los Tratados y Convenios Internacionales protectores, defensores y promotores de los derechos humanos, y su debida incorporación en la Constitución Federal, con el objeto de otorgarles rango de normas constitucionales, a fin de asegurar su cumplimiento por parte de las autoridades.

Se propone la transformación del Juicio de Amparo en uno totalmente ágil y accesible al pueblo de México, con efectos para todos los afectados que se encuentren en situaciones análogas, y siempre retroactivos para restituir las cosas al estado original, o en su caso la debida reparación del daño cuando es imposible la reposición; añadiendo que en los casos en que se otorgue el amparo por la inconstitucionalidad de las leyes, uno de sus efectos sea la derogación automática en principio de las mismas.

Se propone la participación activa de los organismos no gubernamentales en la denuncia de las violaciones a derechos humanos, integración de las averiguaciones y seguimiento y procuración de los elementos probatorios de tales actos violatorios de los derechos humanos.

Se propone el perfeccionamiento de los recursos constitucionales para la defensa de los derechos humanos y la sanción por las violaciones a los mismos. A este respecto se propone en particular la creación de los mecanismos y recursos jurídicos que garanticen a los organismos no gubernamentales, individuos, víctimas y/o sus familiares, el derecho incuestionable a defender los derechos humanos, para prevenir y combatir el hostigamiento moral y físico de que son objeto.

Hay que reconocer una vez más la extraordinaria labor que sigue llevando a cabo la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), a través de todos sus integrantes, para la continuidad, organización y realización de este importante diálogo por la paz con justicia y dignidad. Algún día el pueblo de México tendrá que reconocer a cabalidad todos sus esfuerzos, logros y sacrificios, por encima de las incomprensiones, suspicacias y desconfianzas, que injustificadamente ha tenido que padecer, de manera malintencionada o superficial.

Y la dignidad precisamente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), al reivindicar legalmente en la práctica su autonomía ante los otros dos poderes, reafirmando su voluntad de paz. Un reconocimiento especial merece el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, integrante de la Cocopa y coordinador del Grupo 4, por su autonomía, libertad, autoridad, legalidad, sensibilidad humana y política, y sobre todo voluntad práctica de paz. Los que todavía no han tenido la oportunidad de vivir directamente este diálogo, lo que es un privilegio, no están en capacidad de comprender lo valioso de estas actitudes.