El conflicto provocado por el gobierno del Distrito Federal en abril de 1995, al imponer arbitrariamente la quiebra de Ruta-100, ha llegado a un punto crítico y peligroso. En los casi doce meses transcurridos el regente Oscar Espinosa ha mostrado todo, menos capacidad para resolver el problema que creó con su decisión encaminada a liquidar ilegalmente la empresa pública de transporte, para entregar ese importante servicio al capital privado.

Ahora, de nueva cuenta, con el apoyo del PRI y del PAN en la Asamblea de Representantes, el gobierno intenta doblegar la resistencia de los trabajadores. Mediante presiones abusivas e inmorales, quiere obigarlos a aceptar sólo el 72 por ciento de la indemnización a que tienen derecho: retira la oferta de dos concesiones para crear otras tantas empresas que van a sustituir a Ruta-100, y nada de la libertad de los dirigentes sindicales presos, del descongelamiento de los fondos del sindicato, ni de otras demandas razonables.

Los trabajadores, por su parte, aunque flexibles y dispuestos a seguir negociando redujeron su demanda de cinco concesiones y ahora aceptarían tres se mantienen firmes en sus otras demandas respecto de las cuales el gobierno hace ofrecimiento insatisfactorio o no ofrece nada.

En estos momentos críticos conviene recordar el origen de este conflicto. La declaratoria de quiebra fue impuesta ilegalmente el 8 de abril del 95, pues una empresa pública descentralizada como Ruta-100 no puede ser sometida a la ley de quiebras. Sólo puede desaparecer por decreto presidencial o por aprobación de la Cámara de Diputados. La complicidad del poder judicial facilitó esta acción gubernamental, pero dio lugar al inicio de este conflicto prolongado. A la imposición de la ``quiebra'' se sumaron otros hechos igualmente arbitrarios. La aprehensión de dirigentes sindicales y del asesor legal, el congelamiento de los fondos del sindicato, la imposición de magras indemnizaciones a partir de que se trataba de una quiebra. Estas sólo fueron recibidas por los trabajadores menos conscientes o los más necesitados.

El gobierno confiaba en liquidar este conflicto en unas cuantas semanas, pero el conflicto se ha prolongado doce meses y en algunos momentos, como el actual, ha llegado a peligrosos niveles de tensión y a acciones represivas del gobierno. Este es un grave menosprecio a la dignidad de los trabajadores. En general los técnócratas, acostumbrados a operar sólo con números y presupuestos, no toman en cuenta al hombre de carne y hueso, con ideas, sentimientos, dignidad, voluntad. Al regente Oscar Espinosa Villarreal y a sus asesores les fallaron sus cálculos pues no contaron con la justa resistencia de los trabajadores y sus familias, que han sido protagonistas de una de las luchas de masas más prolongadas en la historia del DF y tal vez del país.

El gobierno ha flexionado su posición y en la práctica admite la ilegalidad y la falta de razón de su acción inicial, la imposición de la quiebra de R-100. Pero para más de diez mil trabajadores templados en años de trabajo rudo y en doce meses de lucha desventajosa, su oferta de indemnización es insuficiente, y el retiro de la oferta de dos concesiones es francamente provocador. Se dice que los 867 millones, monto total de la indemnización calculado el 72 por ciento de lo que establecen las condiciones de trabajo, es una cantidad exorbitante y un sacrificio muy grande para el gobierno. Para subrayarlo se compara con el prespuesto de varias delegaciones del DF. Pero si de comparaciones se trata, es apenas tres veces y media más de lo gastado por Roberto Madrazo Pintado para alcanzar la gubernatura de Tabasco; es como el pelo de un gato si se compara con los miles de millones de pesos que el gobierno federal ha dado a la banca privada para sacarla de sus apuros; en fin, es apenas la milésima parte de las cuentas bancarias del señor Raúl Salinas de Gortari descubiertas en Suiza.

Más allá de comparaciones, es urgente la solución negociada de este prologado conflicto que afecta a más de diez mil familias, sobre las cuales se ha intentado descargar el peso de una decisión arbitraria, dictada no por el interés público sino por el privado de unas cuantas empresas que quieren explotar el jugoso negocio de transporte público.

Otra alternativa que la solución negociada no la hay, a menos que el licenciado Oscar Espinosa Villarreal suponga que tiene una solución policiaca, de represión generalizada. Deberá convencerse de que los trabajadores no van a vender su dignidad, ya han dado muestras de valor y de resistencia. Ojalá lo entienda el ambicioso regente.