Acepta la COB reiniciar pláticas con el gobierno boliviano

Afp, Dpa, Efe, Ansa y Reuter, La Paz, 29 de marzo El gobierno boliviano del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada insistió este viernes en que no retrocederá en su decisión de llevar adelante el proceso de privatización de las empresas del Estado, al tiempo que la Central Obrera Boliviana (COB) aceptaba reanudar las conversaciones con el gobierno.

Sánchez de Lozada ratificó que proseguirá con la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), incluso sacrificando su ``popularidad'' y ``consciente del precio político y emocional'' que la medida representa, y que de hecho ha creado una ola de protestas de los sindicatos y otros sectores políticos y sociales.

Incluso, el ambiente político y social pareció caldearse cuando el propio presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ironizó con el señalamiento de que ha logrado la unidad de todos los bolivianos, ``pero en contra mía'', aparentemente en alusión a un sondeo de opinión que le da 61 por ciento de impopularidad.

Hasta la fecha la capitalización de la línea aérea Lab y de las empresas de ferrocarriles, electricidad y telecomunicaciones, y ahora el plan de continuar con la empresa petrolera, ha desencadenado una gran efervescencia social y preparativos permanentes de nuevas manifestaciones y paros laborales, entre otras medidas.

Con todo y esto, la Central Orera Boliviana aceptó reiniciar este día un diálogo con el representantes del gobierno después de casi un mes de ruptura de las conversaciones, y luego de que el ministro del Trabajo, Reynaldo Peters, envió una carta a la cúpula de la central sindical para el efecto.

La dirigencia de la COB hizo saber que llegaba a las negociaciones bajo la condición de que en esta ocasión ``no deben ser extensas y deben concluir en un plazo lo más breve posible, con resultados que aseguren la solución del conflicto''.

El líder de la Central Orera Bolivina, Oscar Salas, indicó que los sindicatos mantienen invariable su demanda de un aumento de 200 por ciento en el salario mínimo actual, que es del equivalente a 40 dólares mensuales, frente al ofrecimiento global de las autoridades de sólo 8 por ciento.

Otra de las grandes discrepancias entre el gobierno y los sindicatos se refiere a la capitalización de las empresas públicas. Salas aseveró que la Central Orera Boliviana está dispuesta a dar una ``guerra a muerte'' para impedir la privatización del ente petrolero Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que amplios sectores consideran como un símbolo de la riqueza nacional.

El titular del Trabajo, Reynaldo Peters, dijo que se trata de una reunión preliminar con la Central Obrera Boliviana para determinar las condiciones en que se desarrollarán las negociaciones y definir lo que significa la demanda gubernamental de ``flexibilización de los factores de presión'', en alusión a las protestas y paros de los trabajadores.

En tanto que un grupo de abogados solicitaba ante el Parlamento boliviano la revocación del mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por considerar que no ha cumplido sus compromisos, la organización Amnistía Internacional (AI) demandó la inmediata liberación del abogado Manuel Morales Dávila, encarcelado desde el 6 de marzo pasado por calificar al mandatario de ``traidor a la patria'' por su política económica.