La discusión sobre la forma de gobierno de la capital del país arranca de la fundación de la República, cuando se creó el Distrito Federal. Pero entonces no se negó la existencia de los ayuntamientos, los cuales fueron eliminados hasta 1928, sino la capacidad legislativa propia y la elección de un poder ejecutivo local.

El presidente Ernesto Zedillo hizo referencia ayer al derecho de los habitantes de la ciudad capital de tener un gobierno democrático y órganos representativos con facultades plenas. Pero habría que precisar que éstos últimos no solamente son las asambleas legislativas sino también los ayuntamientos.

La controversia de hoy ya no es si la ciudad debe contar o no con un gobernador elegido, ya que, por fin, el poder federal ha admitido que esto debe ser así. El debate es si habrá o no ayuntamientos populares con facultades plenas, como lo señala el Presidente.

La ciudad de México contó con ayuntamiento desde la época colonial, lo mismo que las poblaciones circunvecinas. El sistema político de la capital impuesto en 1928 negó a los habitantes del Distrito Federal el derecho más elemental de todo ciudadano: elegir su propio ayuntamiento.

Se dice con insistencia que formar gobiernos municipales en la capital traería como consecuencia la expedición de regulaciones administrativas diversas en una misma zona urbana. Esto, sin embargo, ya existe, pues la región conurbada abarca municipios del estado de México. Para evitar este tipo de problemas hay figuras de colaboración entre ayuntamientos que, por razones de vecindad, se ven obligados a compartir ordenanzas y reglamentos iguales, además de aplicar políticas semejantes.

Una serie de facultades constitucionales de los ayuntamientos se encuentran sometidas a las disposiciones legales de los congresos, según las características de los municipios, de tal manera que servicios como los de agua, basura, transporte, etcétera, podría organizarlos de manera central el gobierno de la ciudad.

No se ha inventado hasta ahora otro gobierno municipal democrático que el ayuntamiento. Si de democracia se habla, entonces no podrá eludirse por más tiempo la restitución de esta forma de administración local en la capital del país.

En realidad, el Distrito Federal debería convertirse en un estado, sin que ello afectara en nada el funcionamiento de los poderes federales, los cuales no requieren de ningún territorio exclusivo sobre el cual ejercer su autoridad, pues sus funciones constitucionales abarcan la totalidad del territorio nacional. El presidente lo es en todo el país, lo mismo que el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia.

Se dice que en el Distrito Federal habría municipios ricos frente a otros pobres. Sin embargo, todo es cuestión de organizar la división territorial con el criterio de mantener unidas las zonas históricas y, al mismo tiempo, establecer disposiciones de distribución presupuestal en favor de los barrios más pobres de la urbe.

Las objeciones al reconocimiento de los derechos democráticos plenos de los habitantes de la capital del país no son más que subterfugios y falsos principios, cuyo propósito es evitar que se restablezca el municipio libre. Tarea ésta, por cierto, propia de señores feudales del siglo XV, pero no de políticos republicanos de finales del segundo milenio.