Sainete tras la revisión del auto de Emma Lozano

Ricardo Olayo y Miriam Posada Una detención ilegal, más de medio millón de pesos para liberar a cinco motopatrulleros y su retención por más de siete horas en el reclusorio para poder cumplir la orden de aprehensión en su contra, forman parte del sainete político en que se convirtió la disputa entre jaguares y judiciales, por la revisión del automóvil en que viajaba la hermana del procurador Antonio Lozano Gracia, el pasado martes 26.

Judiciales federales contra policías preventivos. Ayer al juzgado 66 penal llegaron los representantes legales de cada parte. Unos para pedir ``todo el rigor de la ley'' y los otros para tratar de ``aminorar'' el monto de la fianza.

Los jaguares reunidos afuera del juzgado, dijeron que el incidente entre las procuradurías General de la República y de Justicia capitalina con la Secretaria de Seguridad Pública, fue un acto de ``influyentismo político'' en contra de los policías de menor jerarquía, y señalaron como responsable al titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia.

Incluso el jefe del agrupamiento Jaguar, Alfredo Angulo, dijo que lo sucedido a sus compañeros ``es injusto, pues cumplieron con su deber''.

En tanto, la jueza 66 penal, Celia Marín Sasaki, afirmó que la detención de los jaguares fue ``ilegal porque no existió flagrancia''. Y para no convalidar ese hecho anticonstitucional les notificó la libertad, que no se cumplió en forma inmediata.

Los jaguares habían sido llevados ``con engaños'' de sus superiores Rafael Avilés y Darío Chacón Montejo, a rendir su declaración en la agencia 50 del Ministerio Público, pero fueron incomunicados, según declararon ayer.

El agente del Ministerio Público les quitó sus identificaciones y al momento de asentar en actas su identidad, dijo que los jaguares no tenían con que identificarse. Luego los trasladaron al Reclusorio Sur, acusados de abuso de confianza y amenazas en contra de los escoltas Miguel Angel Mecalco Jaime y Pablo René Agonizante Hernández.

Sin embargo, la jueza echó para atrás la consignación que hizo la PGJDF, al determinar que fueron detenidos indebidamente, pues no existió la flagrancia; además desestimó las supuestas amenazas y sólo se dedicó al estudio por lo que hace al abuso de autoridad.

Encontró que había suficientes elementos para girar una orden de aprehensión por los insultos y porque ``salieron a relucir las armas'' de los motopatrulleros en contra de los federales. Entonces giró las cinco órdenes de aprehensión contra Gabriel Eduardo González Vázquez, Angel Roberto Moncada Mayén, Carlos Alberto Gómez Jacinto, Saúl López Corral y Mariano Román Méndez.

En entrevista, la jueza dijo que no sabe si los jaguares obtuvieron su libertad de inmediato o no, y tampoco conoce el sitio donde se ejecutaron las órdenes. Ella libró los documentos a las 18:00 horas del jueves, sin embargo, fue hasta las 23:00 horas que las autoridades del Reclusorio Sur permitieron a los motopatrulleros salir.

Cuando se acercaban a la aduana del reclusorio, fueron detenidos por los judiciales, que cumplieron la orden mientras a las afueras del penal había aún decenas de motopatrulleros quienes exigían la libertad de sus compañeros.

Ayer al mediodía, los cinco motopatrulleros fueron presentados en la rejilla de prácticas para declarar sobre los hechos suscitados el pasado martes 26. Indicaron que al ver un Spirit y dos sujetos armados a bordo, lo detuvieron para su revisión y explicaron a los escoltas que querían confirmar que todo estuviera en orden con la persona que iba en el vehículo y de la que horas después supieron que es la hermana del procurador Lozano.

Los judiciales federales se resistieron a la revisión y sacaron una metralleta al descender del auto. Dijeron que por la detención los motopatrulleros ``se las iban a ver con altas autoridades, porque ellos no eran nadie para detener a judiciales de la PGR''. En el hecho abundaron los insultos, de acuerdo con la declaración leída ayer.

Según el pliego de consignación, fueron los escoltas los encañonados y sólo después de varios minutos de jaloneo y de identificarse se les permitió retirarse. Además, el vehículo sí llevaba placas, contrariamente a lo declarado por los jaguares.

La jueza tiene 72 horas para determinar si hubo excesos, aunque fijó una caución de 105 mil pesos por cada uno, los cuales fueron pagados por la Secretaría de Seguridad Pública, ya que la sanción se aplica como parte del cumplimiento de su trabajo.

Sobre el incidente, el director operativo de la SSP, Rafael Avilés, señaló que los jaguares seguirán teniendo el apoyo que se les pueda brindar. Y sobre las acusaciones en su contra ``por los engaños para la detención'' dijo que no conoce la forma en que fueron aprehendidos.

Prefirió no emitir ningún comentario sobre si los motopatrulleros sólo cumplieron con sus obligaciones o si incurrieron en alguna falta. Señaló que ese es un punto que se tiene que ventilar por la vía judicial ``y seguramente en breve tendremos la verdad de los hechos, por lo que no me quisiera adelantar a ningún comentario''.

Sobre la posibilidad de que la hermana del procurador pueda testificar sobre los hechos, la jueza dijo que depende de las partes si lo consideran necesario.

Sobre Emma Lozano, se indicó extraoficialmente que un agente del Ministerio Público acudió a su domicilio para iniciar la averiguación previa.

Lo que sí es un hecho, indicaron los jaguares involucrados, es que el automóvil llevaba ``cortinillas'' en la parte trasera, de tal forma que era ``prácticamente imposible'' mirarla, además de que el vehículo tenía vidrios polarizados.