1. Al reiniciarse a principios de este año las pláticas entre el gobierno y los partidos con representación parlamentaria con miras a sacar adelante la reforma político-electoral, se dijo que los acuerdos estarían listos para ser enviados al Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario de sesiones de este año, que inicia el 15 de marzo.

Eso hizo concebir en muchos la esperanza de que en marzo tendríamos ``la primavera de la reforma política''. Sin embargo, ha pasado la fecha señalada, el Congreso ha empezado a sesionar y sus integrantes han fijado ya el contenido de una cargada agenda legislativa que tendrán que desahogar antes del 30 de abril, fecha del fin del periodo. La reforma no está en la agenda.

2. Mientras tanto, los actores políticos que negocian la reforma en la Secretaría de Gobernación, aunque han anunciado ``avances'' no han podido concretar todavía acuerdos sustanciales. Han anunciado que las conversaciones todavía van a ser largas ante los numerosos ``nudos'' que no se pueden desatar. Empiezan ahora a decir que ``quizás'' los acuerdos puedan estar listos después de los meses de estío, para el segundo periodo ordinario. En otras palabras, han anunciado la reforma política de otoño.

3. Lo anterior es preocupante porque las causas que hacen urgente la reforma no han desaparecido. La tensión política sigue presente en muchos ámbitos de la vida nacional: los conflictos en Tabasco, Chiapas, Guerrero y otras partes del país siguen latentes y podrían volver a encenderse en cualquier momento. Las inquietudes en torno al caso Colosio han vuelto a reactivarse. El involucramiento de José Córdoba y otros funcionarios del gobierno anterior podría nuevamente elevar la tensión y reactivar el conflicto en la clase dirigente.

4. Todos nos preguntamos por qué las fuerzas políticas del país, los partidos y el gobierno han dejado pasar más de 14 meses desde que se firmó en Los Pinos el acuerdo en el que los protagonistas políticos se comprometían a hacer ésta reforma inicial. No hay una respuesta fácil.

5. Hoy en día, empresarios, entidades financieras y políticas, miembros de los partidos, personalidades y líderes de opinión comentan en público y en privado que la reforma electoral prometida por el presidente Zedillo está perdiendo credibilidad. A) Muchos hablan de que el presidente no tiene capacidad de liderazgo para impulsarla, o que a pesar de sus promesas su voluntad ``democrática'' era en realidad una cuestión ``táctica'' que se ha enfriado conforme se afianza en el poder. B) Otros dicen que al interior del PRI hay grandes resistencias de los dinosaurios y que los renovadores no tiene la fuerza para sortearlas. C) También se piensa que al PAN realmente no le interesa la reforma porque está seguro de lograr la mayoría en el Congreso de la Unión en 1997 con la legislación vigente. D) Se habla de que las pugnas dentro del PRD impiden que haya un consenso interno en ese partido acerca de qué tipo de reforma se quiere, situación que se agravará con la lucha por la dirigencia perredista que se dará en los próximos meses. E) Se cree que al PT y los otros partidos minoritarios tampoco les interesa la reforma, porque sienten el peligro de que las nuevas normas pongan en peligro su precaria supervivencia. F) Se dice, finalmente, que el gobierno podría ceder a la tentación de postergar la reforma para después del proceso electoral 1997. G) Hay quien dice que la demora es producto de una mezcla de todas estas causas.

6. Lo cierto es que si no hay una definición clara y pronta en la política que permita superar por la vía del diálogo y de la ley estos conflictos, el escenario podría complicarse antes de llegar el ``otoño de reforma'': A) los problemas financieros y económicos del país se agravarán. B) Los conflictos políticos volverán (como en los meses pasados) a afectar la estabilidad monetaria, los flujos de recursos, los fenómenos cambiarios y el crédito. C) La recuperación se hará aun más difícil porque se bloquearía la posibilidad de realizar un ajuste a la política económica que muchos están demandando. D) En el ámbito internacional, un gobierno que carezca de sustento político y de legitimación interna será mucho más vulnerable ante los intereses extranjeros, con las graves consecuencias que esto pudiera tener para la soberanía nacional.

7. Los grupos conservadores que han bloqueado hasta hoy la reforma no sólo pueden expresar sus ambiciones políticas sino también un impulso a la autodestrucción característica de las sociedades políticas decadentes, que no por involuntaria o inconsciente es menos eficaz. Le están quitando la viabilidad histórica a ésta Presidencia, y con ello vulneran la columna vertebral del sistema. Si se sigue debilitando a la pieza central pronto va a iniciar el disfuncionamiento de todo el aparato de poder. Los caciques, gobernadores y grupos de presión no van a ganar, se expondrán y nos expondrán a nosotros con ellos a una descomposición política acelerada.

La reforma sería una buena señal para los inversionistas y para todo el pueblo de México, pero su ausencia sería un signo ominoso. Se traducirá en la certeza de que la pugna por el poder no será civilizada y que las prácticas ilegales subsistirán.

8. La única solución parece estar en concertar y apresurar en las próximas semanas una reforma político-electoral y aprovechar el periodo legislativo ordinario de primavera para hacer la Reforma Constitucional (no esperar la nueva oportunidad legislativa hasta septiembre u octubre), dar ya el primer paso de la transición hacia la democracia. No se trata de cumplir un ideal democrático liberal y romántico, sino una condición de supervivencia. Sin un nuevo orden para la lucha por el poder, la fragilidad de las finanzas y la economía, el descontento de la sociedad agraviada y el sometimiento progresivo a los intereses externos se potenciarán. Que cada quien asuma su responsabilidad en la medida de su patriotismo.