Reforzará México su flota aérea antidroga

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 30 de marzo A fin de mejorar sus esfuerzos de combate al narcotráfico y en el marco del nuevo nivel de cooperación con Estados Unidos acordado por el Grupo de Contacto de Alto Nivel, el gobierno mexicano considera la compra de 30 nuevos helicópteros Bell, al tiempo que negocia con Washington la transferencia de entre 20 y 50 helicópteros Huey-1H inactivos del ejército estadunidense para el uso de la Fuerza Aérea Mexicana y el reacondicionamiento de sus cazas F-5.

Funcionarios del gobierno estadunidense informaron a La Jornada que México negocia los detalles de un acuerdo con Washington, que resultaría en el envío de una mezcla de nuevo equipo, entrenamiento y transferencia de material usado, todo dedicado al esfuerzo antidrogas. ``Hay un acuerdo sobre la cooperación entre nuestros gobiernos para asegurar que México reciba mejor equipo'', explicó un alto funcionario estadunidense.

Una de las debilidades de la lucha antidrogas de México, explican funcionarios en esta capital, es que incluso si se logra detectar aviones que transportan estupefacientes a pistas de aterrizaje remotas, las autoridades frecuentemente no pueden desplegar suficientes tropas o policías a la zona antes de que la droga sea descargada y el avión haya partido de nuevo.

Según funcionarios estadunidenses involucrados en la lucha antidroga, cuando un avión despega de Colombia es detectado por el radar estadunidense y de inmediato el personal intenta identificar si se trata de una nave del narco. Examina el lugar donde despegó, si registró un plan de vuelo, y qué tipo de señales de identificación emite. Si se sospecha como traficante, Estados Unidos envía un caza F-16 desde Panamá para que observe los números que el avión lleva marcados y para ver si está registrado correctamente. Si la sospecha sigue, Estados Unidos despacha un avión de detección P-3 AEW desde Panamá o Honduras para perseguirlo.

``Al cruzar el avión al espacio (aéreo) mexicano, las responsabilidades de detección son trasladadas a una de las dos aeronaves Citation del Servicio de Aduanas de Estados Unidos que operan en México, a las Citation operadas por el gobierno mexicano'', explica un funcionario. México se ha negado a permitir el ingreso de los P-3 a su espacio aéreo. Entonces, las aeronaves Citation, o a veces las King Air, siguen a la aeronave sospechosa hasta su pista de aterrizaje.

De acuerdo con estas fuentes, surgen dos problemas en este proceso. La primera es que en varias ocasiones los narcotraficantes han utilizado jets B-727, más rápidos que los P-3 o los Citations. Es por esta razón que México esta discutiendo reacondicionar su flota de cazas F-5 para permitirles seguir los movimientos de los 727. Aunque son pocos e infrecuentes, el uso de los 727 cargados con hasta 15 toneladas de cocaína se han convertido en una papa caliente en los debates políticos aquí y algunos funcionarios señalan que sería muy positivo poder capturar uno o dos de ellos.

Sin embargo, la flota mexicana ya es vieja; unos 12 antiguos F-5 no están equipados para vuelos nocturnos y cuentan con un sistema de radar poco sofisticado. Estados Unidos está considerando instalar en estos cazas capacidad de visión nocturna (una capacidad parecida fue ofrecida en el envío de helicópteros Huey arrendados a México el año pasado) y mejorar el sistema de radar a bordo.

Pero otros funcionarios estadunidenses cuestionaron la utilidad de estos aviones, señalando que ya que los F-5 no son muy efectivos para detectar otros aviones en forma independiente, y es qye una vez en el aire los pilotos tienen que dedicarle tanto tiempo a localizar a un 727, que cuando por fin encuentran el objetivo cuentan sólo con unos 15 minutos antes de tener que regresar a base para cargar más combustible.

Un segundo problema surge tras el aterrizaje del avión sospechoso, explican esta fuentes. Para poder evitar que los narcotraficantes descarguen exitosamente el avión y desaparecer, las fuerzas antidroga mexicanas deben llegar rápido a la pista y enfrentar a los narcotraficantes. El pequeño grupo de oficiales armados abordo de los aviones de detección resulta insuficiente para poder enfrentar a los narcos bien armados.

Un problema más es que aeronaves de ala fija tienen que buscar la forma de aterrizar sobre la misma pista donde los narcotraficantes ya han tomado posiciones y donde las autoridades estarían en una situación vulnerable. Es por esta razón, se informó a La Jornada, que México ha requerido de flotillas de helicópteros de transporte de tropas y policía antidroga para poder llegar rápido a las áreas donde se ubican las pistas.

El Buró de Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado ha arrendado desde principios de los noventas un flota de 21 helicópteros UH-1H Huey reacondicionados a la PGR para estos propósitos y el año pasado la administración Clinton aprobó el envío de 12 helicópteros más bajo el mismo arreglo (tres de los 21 originales son inoperables actualmente, por lo tanto la flota de Huey de la PGR actualmente numera 30).

Se informó que México tiene planes para comprar un total de 30 helicópteros Bell Huey nuevos, modelos 206 y 212, de la empresa Bell Textron para aumentar su flota actual.

Pero estos helicópteros Bell, comprados directamente a la empresa, cuestan casi 4 millones de dólares por pieza y su manufactura y entrega podría tardar varios años. Debido a ésto, el zar antidroga Barry McCaffrey propuso, a principios de este año que el Pentágono ofreciera al ejército mexicano entre 20 y 50 helicópteros ``de sobra'' (inactivos) Huey UH-1H. Estos helicópteros reacondicionados, según fuentes estadunidenses están en buenas condiciones y son un equipo excelente para el transporte de personal.

Estados Unidos ha acordado otorgar esos helicópteros reacondicionados gratuitamente o por el precio de subasta de 750 mil dólares cada uno. Una de las trabas anteriores en los contratos de renta de los Huey a México ha sido su renuencia a firmar el acuerdo standard de ``monitoreo de uso final'', que permite a Estados Unidos revisar el uso y mantenimiento del equipo arrendado.

Un alto funcionario de la administración Clinton informó a La Jornada que tras aclararle a los mexicanos que este acuerdo es sólo para un monitoreo anual y no diario sobre el uso del equipo, México ha aceptado, por primera vez esta condición.

Estos acuerdos y negociaciones, aunque todavía no han sido anunciados públicamente, son señalados por funcionarios estadunidenses involucrados en estos temas, como muestras de los grandes avances en la cooperación con México. Sin embargo, continua el debate interno en el gobierno estadunidense sobre el tipo de equipo y asistencia apropiado para México en su lucha antidroga.

Funcionarios de agencias de seguridad pública y aplicación de la ley, como la DEA, han seguido alegando en favor de enviar helicópteros aun más sofisticados y los vendedores de las empresas que manufacturan este tipo de equipo también han cabilideado ante el gobierno para que se permita al gobierno mexicano adquirir equipo más moderno y avanzado.

En 1994 se exploró la posibilidad de que Estados Unidos expidiera una licencia para la venta de helicópteros de ataque Cobra a México, y este año representantes de Bell Textron han abordado de nuevo la posibilidad de que México pudiera interesarse en adquirir este equipo. Por otro lado, otros sectores de la administración Clinton argumentan en contra del envío de algunos tipos de equipo sofisticado, ya que México no tiene porqué requerir de helicópteros de ataque, sino más bien de transporte de personal a las pistas de aterrizaje.

Sin embargo, en el caso de los esfuerzos antidroga en Colombia, Estados Unidos otorgó finalmente algunos helicópteros artillados AC-47 que, de acuerdo con funcionarios en esta capital, han sido utilizados en forma efectiva para congelar la descarga de aereonaves hasta que puedan llegar tropas a las pistas de aterrizaje.

Pero estas preocupaciones del Departamento de Estado, entre otros, sobre la venta de equipo sofisticado se centran en la dinámica de la proliferación de equipo militar avanzado en regiones donde todavía no existe este nivel de tecnología militar.

Un caso concreto que está en debate al interior del gobierno estadunidense es si se debería proporcionar cazas más sofisticados a países Latinoamericanos, entre ellos el caza F-16. Algunos funcionarios argumentan que tales traslados permitirían instalar capacidad en esos países para detectar y seguir aeronaves grandes, como los 727; otros dicen que sólo ayudaría a intensificar la carrera armamentista en ciertas regiones.

Por lo tanto, cómo y con qué llevar a cabo la ``guerra contra la droga'' en las Americas, no se define sólo a través de negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y los países de la región, sino también es un debate entre diferentes sectores del propio gobierno estadunidense. La cooperación con México en particular, también depende del grado de cooperación y acuerdo que se dá dentro del gobierno estadunidense en Washington.