Según la Sindicatura de la Quiebra de Ruta 100, más de mil 500 trabajadores de la desaparecida empresa han acudido en tres días a cobrar su liquidación. Y según el Sindicato Unico de Trabajadores del Autotransporte Urbano (Sutaur), ese número es exagerado porque la mayoría de aquéllos son en realidad ex trabajadores que ya habían sido liquidados y acudieron a tramitar ajustes a las cantidades recibidas anteriormente. Como sea, es innegable que muchos cientos se han presentado, a partir del jueves 28 de marzo, a recibir las indemnizaciones ofrecidas y que son sensiblemente mayores a las otorgadas en 1995.

Ello ha motivado entre las autoridades capitalinas un cierto aire triunfalista que en modo alguno tiene justificación. Porque lo extraordinario no es que haya acudido a recibir sus liquidaciones una parte de los cerca de 10 mil que no lo hicieron durante la primera etapa, sino que otros miles no lo hayan hecho a pesar de las presiones y penurias soportadas a lo largo de un año, desde los inicios de la Semana Santa de 1995, cuando el Departamento del Distrito Federal decidió unilateral e ilegalmente, con la complicidad del juez primero de lo Concursal, la quiebra de la empresa Autotransporte de Pasajeros Ruta 100 y el fin de las relaciones laborales de ésta con sus trabajadores.

Conviene recordar que la ilegalidad de la quiebra de Ruta 100 y del cese de su personal se fundamenta en dos razones principales: a) La empresa era un organismo público descentralizado cuyo propietario es el Estado, que es solvente por necesidad, es decir, no puede quebrar; b) La terminación de las relaciones laborales fue determinada por un juez de lo Concursal, cuando esta materia compete exclusivamente a los tribunales del Trabajo, si bien esto fue ratificado posteriormente por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en un controvertido fallo. En la Semana Santa de 1996, estos hechos contrarios a la ley parecen haber sido olvidados, pero su importancia no puede ser desestimada porque de ellos deriva la ilegalidad de todo el proceso al que se han opuesto tenazmente los trabajadores de Sutaur.

Cualquiera que sea el desenlace del conflicto, estos sindicalistas han protagonizado ya uno de los movimientos de resistencia más notables en México. Al gobierno capitalino, en cambio, es preciso pedirle no enorgullecerse por aquellos trabajadores a quienes ha quebrado, sino avergonzarse por su conducta ante el ejemplo de dignidad y de fortaleza que tiene enfrente.

Desde la madrugada del 8 de abril de 1995, cuando cientos de ellos fueron sacados por la fuerza de las instalaciones de Ruta 100 por policías y un grupo conocido como Brigada política presuntamente dirigida por Carlos Rivapalacio, asesor del regente Oscar Espinosa Villarreal, los trabajadores han sido acosados de mil maneras: desde la congelación del patrimonio sindical y las cuentas bancarias personales de sus líderes hasta las amenazas de que les serán embargadas sus viviendas, pasando por el encarcelamiento de sus líderes, incluido su asesor Ricardo Barco.

Ante el acoso, los sindicalistas han respondido con la movilización decenas de veces han colmado calles y avenidas de la ciudad de México, la interposición de recursos legales contra las declaratorias de quiebra y de conclusión de relaciones laborales y, desde luego, la realización de diversas actividades (la mayoría de economía informal) para buscar la subsistencia. También han recurrido a los plantones ante el edificio del DDF, de donde han sido repetidamente desalojados, y a la huelga de hambre enfatizada con la decisión dramática de uno de los dos ayunantes, Ventura Galván, de coserse los labios primero, los ojos y orejas después y, a tono con estos días, acaso se crucifique.

El DDF pareció en cierto momento intentar una salida negociada al largo conflicto, incluso con la mediación de la Comisión Plural de la Asamblea de Representantes que debería intensificar su gestión y actuar de consuno, lejos de intereses partidarios, pero finalmente ha abandonado esta vía al retirar su oferta de dos empresas de una tercera sólo se habló informalmente al sindicato, que por supuesto desea proteger a todos sus agremiados y no sólo a una parte y por eso ha buscado afanosamente una negociación que los incluya a todos o, por lo menos, a casi todos.

El gobierno capitalino ha apostado al desgaste del movimiento y al agotamiento de los trabajadores. No puede descartarse que esta posibilidad se concrete, pero ciertamente el costo político del conflicto para el DDF y su jefe es ya sumamente alto, y lo será aún más cuando el gobierno de la ciudad quede sujeto a elección popular y el Partido Revolucionario Institucional deba enfrentarse en desventaja a la oposición, entre otros motivos porque Espinosa Villarreal, hoy uno los funcionarios más impopulares, contaminará esta característica a su partido.

Sobran razones para que el DDF vuelva a sentarse a negociar serenamente con el sindicato por qué no formalizar la oferta de las tres empresas? y reanude la búsqueda de soluciones aceptables para los trabajadores del Sutaur. Sería lo más inteligente que podría hacer.