Con el ascenso de Rubén hijo al poder retornó la vieja guardia policial de su padre
Maribel Gutiérrez, corresponsal /I, Acapulco, Gro., 31 de marzo Desde la llegada de Rubén Figueroa Alcocer al gobierno estatal hubo advertencias de que se acercaban tiempos de represión.
Luchadores sociales y dirigentes políticos se remitían para ello al mandato de Rubén Figueroa Figueroa (el padre) en la segunda mitad de la década de los setentas, y al gabinete de seguridad nombrado por Figueroa hijo, en el cual reaparecieron policías ``acostumbrados a tratar como delitos los problemas sociales'', de manera similar a lo ocurrido cuando el jefe de las policías guerrerenses era el mayor Mario Acosta Chaparro.
Fueron los años setentas de la guerrilla de Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero.
El ahora general brigadier Acosta Chaparro ha sido señalado por organismos defensores de derechos humanos como el principal responsable de la desaparición de más de 600 guerrerenses, a quienes los cuerpos policiacos vincularon con la guerrilla.
Enrique Díaz Clavel, cronista de Acapulco y periodista desde hace 40 años, recuerda que vio a Acosta Chaparro por primera vez en San Luis Acatlán, tierra natal del jefe guerrillero Genaro Vázquez Rojas, donde éste fue trasladado al día siguiente de su asesinato en una carretera de Michoacán, el 2 de febrero de 1972.
``Acosta Chaparro estaba en San Luis Acatlán, vestido de blanco y con barba; le decían el doctor Wama, por su larga cabellera, como el de los cuentos. Llegó a Guerrero con Miguel Nazar Haro; era capitán del Ejército y trabajaba en la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Cuando entró como gobernador Rubén Figueroa Figueroa, éste lo nombró director de todas las policías en Guerrero''.
Un grupo de militares dirigió la estructura policiaca de Guerrero por esos días. No sólo hubo represión y desaparecidos por motivos políticos, sino también ejecuciones de delincuentes.
En ese grupo, dirigido por Acosta Chaparro, participaron el capitán Alfredo Mendiola, quien en el gobierno de Figueroa Alcocer fue comandante del ahora disuelto cuerpo parapoliciaco Grupo Tigre; el capitán Alberto Aguirre, quien llegó a primer comandante de esa corporación y fue considerado en la época de Figueroa Figueroa como el cerebro de la estructura antiguerrilla; y civiles como Elías Reachi Sandoval, agente del Ministerio Público en Acapulco (destituido y actualmente procesado por ejercicio indebido del servicio público en la investigación de la matanza de Aguas Blancas), y Miguel Angel Ocampo, asesor legal de la policía preventiva con Acosta Chaparro y actualmente secretario de Protección y Tránsito de Acapulco.
Díaz Clavel recuerda que se vio una fuerte presencia en Guerrero de los policías de la DFS a raíz del secuestro de Rubén Figueroa padre --el 30 de mayo de 1974-- por la guerrilla de Lucio Cabañas.
Siguió el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, el cual ``fue tranquilo, porque ya no había problemas graves; se calmó la violencia'', recuerda el cronista.
Acosta y los principales jefes policiacos salieron de Guerrero cuando terminó el sexenio de Figueroa Figueroa y regresaron con Figueroa Alcocer.
La influencia de Figueroa
Figueroa Alcocer regresó a Guerrero durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. Fue diputado federal, senador y presidente estatal del PRI. ``Se preparó para ser gobernador'', señala Díaz Clavel.
Figueroa tuvo una intervención decisiva en los conflictos políticos derivados de las elecciones locales de 1989.
Uno de los problemas mayores se dio en Coyuca de Benítez, en la Costa Grande. Los perredistas de ese municipio recuerdan que estuvo en funciones un ayuntamiento popular, de enero a marzo de 1990, encabezado por Roberto Salinas.
En Atoyac también se sintió la mano de Figueroa antes de ser gobernador. El actual síndico y dirigente del PRD en ese municipio, Wilebaldo Rojas Arellano, dice que año y medio estuvo en funciones un ayuntamiento perredista presidido por Jaime Coria. Pero el PRI nunca aceptó la victoria de los perredistas.
En junio de 1991, Figueroa Alcocer, como presidente estatal del PRI, fue a Atoyac para sacar al presidente perredista e imponer en su lugar al priísta Evodio Argüello, quien fue llevado ``de la mano'' hasta el palacio municipal.
Los perredistas rechazaron la imposición y Figueroa --formalmente sin ningún cargo oficial-- dio la orden para que interviniera la policía del estado. Esa noche entraron a la ciudad más de mil policías motorizados para desalojar el ayuntamiento perredista.
El regreso de la vieja guardia policiaca
Los temores perredistas se confirmaron cuando Figueroa asumió el cargo y nombró a sus colaboradores, principalmente en el área policiaca y de procuración de justicia.
En una entrevista publicada en el diario El Sur el 17 de mayo de 1993, el dirigente perredista Juan García Costilla, quien estuvo preso por motivos políticos de 1980 a 1981 cuando Acosta Chaparro era director de la Policía Judicial, advirtió:
``Con esos funcionarios, al pueblo de Guerrero le espera un futuro incierto, borrascoso, porque con esas personas pocas posibilidades hay de diálogo. Son políticos o funcionarios formados en la vieja escuela y con ellos se van a complicar más las cosas, porque tienen la costumbre de tratar como delitos los problemas sociales''.
Se refería a la llegada a puestos clave de funcionarios formados en el gobierno de Figueroa Figueroa, como el procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, quien había sido juez en Acapulco y ``prefabricó'' procesos contra supuestos guerrilleros; el determinador del Ministerio Público, Elías Reachi, quien fue subjefe de agentes del Ministerio Público en Acapulco, y Miguel Angel Ocampo, asesor jurídico de Acosta Chaparro y actualmente secretario de Seguridad Pública en Acapulco.
En entrevista publicada en El Sur el 17 de mayo, Ocampo dijo: ``Es un honor tener un amigo como el general Acosta Chaparro. Cuando él fue director de la Policía Judicial del estado yo fui asesor jurídico de las corporaciones policiacas. Y si alguna persona tiene algo contra nosotros, que lo señale''.
Antonio Alcocer Salazar es un personaje vinculado a la represión contra supuestos guerrilleros. Con Figueroa Alcocer fue procurador de Justicia y fue destituido por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de la matanza de Aguas Blancas.
Eloy Cisneros Guillén, actual diputado local del PRD, dijo el mismo 17 de mayo de 1993: ``Figueroa Alcocer recuperó parte del equipo de seguridad pública y procuración de justicia del gobierno de su padre''.
El opositor recordó que estuvo preso por motivos políticos de marzo de 1976 a diciembre de 1978. ``Estuve desaparecido 10 días, después me acusaron de secuestro. Para juzgarme recurrieron a Antonio Alcocer, quien era juez en Acapulco.
''En tres ocasiones me sacaron en la madrugada de la cárcel de Ometepec para trasladarme a la cárcel de Acapulco. En el trayecto fui torturado por Arturo Acosta Chaparro. A veces, cuando tuve oportunidad, hice declaraciones en el juzgado, las cuales después fueron tergiversadas en las actas. El responsable de esto es directamente Alcocer Salazar``.
Los pronósticos sobre la violencia política se cumplieron. En menos de tres años de gobierno de Figueroa Alcocer, la lista de militantes del PRD y defensores de derechos sociales asesinados por motivos políticos llegó a 84. Y en los últimos ocho meses hubo diez asesinatos colectivos, casi todos con intervención de grupos policiacos del estado, que sumaron 67 víctimas.