En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se tiene a buen recaudo las dos fotografías de los presuntos asesinos de Abraham Polo Uscanga, mismos que portan en el pecho un gafete que podría ser de la organización sindical de la extinta línea de camiones Ruta 100.
Decimos que los gafetes posiblemente pertenezcan al Sutaur porque en las fotografías no son claras las siglas. No obstante, cada una de ellas lleva en la parte inferior la filiación completa de los hombres a quienes se muestra, datos que han sido celosamente guardados por el procurador González Fernández, quien podría informar al respecto antes de media semana.
Esta información consta a parte o a todos los miembros de la comisión de asambleístas que investiga la muerte del ex magistrado, a quienes el procurador ya informó de los resultados de la indagatoria. No obstante, y al menos públicamente, ninguno de ellos admite saber algo al respecto.
Como se publicó ayer en este diario, durante el transcurrir de un par de magníficas y reveladoras informaciones, el velador del edificio 300 de la avenida de los Insurgentes, donde Polo Uscanga tenía su despacho particular, se encuentra bajo la protección de la PGJDF, ya que se le considera la pieza clave en el asunto; él fue quien identificó a los presuntos criminales.
Así las cosas, y con el rumbo que han tomado las negociaciones entre el sindicato y el DDF, éste podría ser el momento político más seguro para asestar otro golpe a la organización sindical.
Aun en el supuesto de que los autores del asesinato de Polo Uscanga fueran sólo simpatizantes del Sutaur, su relación con éste será usada, seguramente, para levantar más sospechas en torno del sindicato y restarle fuerza y credibilidad.
Pero no sólo eso se suma a la lista de problemas que enfrentan los ex empleados sindicalizados de la empresa Ruta-100. El jueves 21 de marzo en lo que se llama "Nota Informativa Respecto de la Situación Jurídica Prevaleciente en la Quiebra de R-100", y que no es más que una evaluación interna del conflicto a los más altos niveles del Departamento del Distrito Federal, se analizan varios perfiles del problema.
En el apartado 3.1 del documento se dice que, "en cuanto al operativo de liquidación que se ha programado para la próxima semana (el documento está fechado 21 de marzo), es prudente destacar que hay que hacer llegar a la parte contraria y a la colectividad en general la señal inequívoca de que la postura de liquidación es la última oferta de negociación de la sindicatura y del DDF, ya que de no ser así, no se obtendrá la firma de convenios con un número significativo de trabajadores y sólo se encarecerá cualquier negociación futura".
De cualquier forma, parece que todo es miel sobre hojuelas para el DDF. Con el subtítulo ``laboral'', el texto asegura en el apartado 2.1: "en los procedimientos jusrisdiccionales mediante los cuales diversos trabajadores afiliados al Sutaur demandaron la cancelación de su registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se tiene conocimiento de que han quedado firmes las determinaciones de ese tribunal en el sentido de desechar los inicidentes de falta de personalidad promovidos por el sindicato demandado.
Pero también se explica que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha externado el criterio de que, estando en situación de quiebra, Ruta 100 tiene plena existencia jurídica; razón por la cual no se surten al momento los supuestos legales que permitirían la cancelación del registro sindical. Aunado a lo anterior, se ha manifestado que, en atención al estado procesal de las causas relativas, la expedición del Laudo se obtendría a mediano plazo, reiterándose que su sentido no está garantizado en favor de los intereses del Estado".
Y, por si fuera poco, se advierte: "en ese orden de ideas, vale la pena valorar si es conveniente apresurar la emisión de ese laudo en las condiciones actuales; ya que, suponiendo que el mismo resultara favorable, su constitucionalidad sería altamente impugnable con las complicaciones colaterales del caso".
Por todo ello, es claro que el caso Ruta 100 está a punto de reventar. Habrá que tener en cuenta sus delicadas consecuencias.