El video presentado por Televisa, ``mucho menor a lo que nosotros indagamos'', dijo Destituyen a seis agentes del MP y dan de baja a siete comandantes y 33 policías

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 2 de abril El gobierno del estado destituyó a seis agentes del Ministerio Público de Acapulco y dio de baja a dos comandantes de la Policía Judicial estatal, cinco jefes de grupo, 20 agentes judiciales y 13 de la Motorizada.

Los comandantes destituidos son el ex supervisor de la Policía Judicial Antonio Fuentes Cadena y el capitán Alfredo Mendiola, quien encabezó el Grupo Tigre, estructura parapoliciaca creada por Rubén Figueroa Alcocer y disuelto por el actual gobierno el 25 de marzo.

El secretario general de Gobierno, Fermín Alvarado, informó en conferencia de prensa que los comandantes y agentes destituidos cometieron irregularidades en el servicio, algunos tienen integradas averiguaciones previas por diversos delitos, o están señalados en quejas y recomendaciones de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, y otros dieron positiva la prueba antidopaje.

Señaló que, además de la destitución, continuarán las investigaciones para ejercitar acción penal contra los ex agentes en los casos que proceda.

Anunció que próximamente se dará a conocer la destitución y baja de 75 agentes más del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de otras corporaciones.

El funcionario dijo que estas acciones son parte del proceso de depuración y restructuración de los cuerpos policiacos en Guerrero, anunciado en días pasados por el gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero, con el fin de ``crear condiciones para mejorar la seguridad pública, la impartición de justicia, combatir la impunidad y preservar el estado de derecho''.

En tanto, el procurador general de Justicia del estado, Antonio Hernández Díaz, informó que ya se tienen pistas sobre los secuestradores que asesinaron al empresario Melchor Perrusquía el sábado 30 de abril, aunque todavía no hay detenidos.

Indicó que una de las líneas de investigación es sobre la participación de policías judiciales o ex judiciales en ese crimen.

Analiza la justicia federalel caso Aguas Blancas En otro orden, el juez tercero de distrito, Humberto Venancio Pineda, admitió la demanda de amparo que presentó el representante de las viudas de los campesinos asesinados en Aguas Blancas, Samuel del Villar, contra la resolución del fiscal especial Alejandro Varela Vidales, quien exoneró al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Al admitir la demanda de amparo, en los próximos días el juez federal resolverá sobre la petición de Del Villar, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Revolución Democrática, quien pide que se reabra la investigación que Varela cerró el 27 de febrero.

El procurador Antonio Hernández Díaz informó por su parte que está en estudio la reapertura de la investigación del caso Aguas Blancas.

El análisis del caso se realiza en esta instancia estatal para dar respuesta a la petición que presentó Del Villar el pasado 14 de marzo, ``a fin de que el Ministerio Público realice las diligencias que indebidamente omitió practicar el fiscal especial''.

Por otra parte, el juez tercero de distrito concedió amparo y protección de la justicia federal contra el auto de formal prisión a cuatro ex funcionarios del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer que están procesados por homicidio, lesiones y ejercicio indebido y abandono del servicio público en relación con la matanza de Aguas Blancas.

El juez Venancio Pineda explicó que al dictar el auto de formal prisión contra el ex subprocurador de Justicia Rodolfo Sotomayor, el ex director de Gobernación Esteban Mendoza, el ex director operativo de la Policía Motorizada Manuel Moreno, y el ex delegado de Gobernación Gustavo Martínez, el juez tercero penal Adolfo Van Meeter, no cumplió con los requisitos constitucionales de motivación y fundamentación de esa resolución que tomó el pasado 16 de enero.

Los cuatro ex funcionarios seguirán en prisión, donde se encuentran desde el pasado 10 de enero.

El juez de distrito, que dictó la sentencia de amparo el viernes 29 de marzo, no estudió el fondo del problema, sólo concedió el amparo porque no fueron satisfechos los requisitos constitucionales en el auto de formal prisión.

El juez federal consideró que en el auto de formal prisión, Van Meeter no señala de qué manera intervino cada uno de los ex funcionarios para privar de la vida a 17 campesinos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas y para causar lesiones a 24, ni de qué manera cometieron los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público.

Por su parte, Van Meeter informó que pedirá la revisión de la sentencia de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, porque no está de acuerdo con la resolución del juez de distrito.

Samuel del Villar presentó ayer una demanda de amparo ante el juzgado cuarto de distrito en esta ciudad contra el juez Van Meeter, reclamando que no admitió la coadyuvancia de los representantes de las viudas y familiares de las víctimas en el proceso penal que se sigue por el caso Aguas Blancas.