Siguen en rebeldía más de 5 mil reos de nueve cárceles argentinas

Afp y Pl, Buenos Aires, 2 de abril Más de cinco mil presos de nueve cárceles argentinas de la provincia de Buenos Aires continuaban hoy amotinados en demanda de reducción de penas y condiciones dignas de vida, con 27 rehenes y un saldo de cuatro muertos e igual cantidad de heridos.

Por otra parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Mario Cándido Díaz, reivindicó a los militares muertos durante la ``guerra contra la subversión'' y repudió a quienes se manifestaron contra la última dictadura militar (19761983), en una actitud inesperada, pues lo hizo durante un acto destinado a recordar el decimocuarto aniversario del desembarco en las islas Malvinas y los más de 600 muertos en la posterior guerra con Gran Bretaña.

Argentina evocó esa fecha en medio de reiteraciones oficiales de la intención de recuperar el archipiélago en forma pacífica y del reconocimiento del jefe del ejército, Martín Balza, de que "fuimos sin estar preparados para esa guerra" y de que los veteranos fueron recibidos en forma ``oscura'' por la sociedad.

En tanto, el Servicio Penitenciario Bonaerense no confirmaba ni negaba la existencia de víctimas entre los presos amotinados del penal de Sierra Chica --donde se encuentran la mayoría de los rehenes--, mientras que centenares de familias se agolpaban frente a las puertas de las cárceles para conocer la situación de los presos.

Además de ese penal, los internos se sublevaron en las cárceles de Azul, Olmos, La Plata, Batán, San Nicolás, Dolores, Los Hornos y Ezeiza, al tiempo que en las últimas horas se registraron protestas de unos tres mil 700 presos de las cárceles capitalinas de Devoto y Caseros.

El presidente Carlos Menem dijo la víspera que continuará el diálogo, aunque en su opinión "no hay ninguna duda de que se trata de una accionar concertado".

En cambio, la opositora Unión Cívica Radical (UCR), destacó en un comunicado que existe un total de trece mil detenidos, de los cuales 10 mil 400 se encuentran aún a la espera de condena, mientras que organizaciones de derechos humanos denunciaron las condiciones de hacinamiento prevalecientes en las trece cárceles de la provincia de Buenos Aires, la principal del país.