La publicación sintética del Programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México 1996-2000 (La Jornada, 13-III-1996), ha dado lugar a reacciones encontradas. Dada la gravedad de la contaminación atmosférica en la gran ciudad, celebramos que se haya elaborado, anunciado y, esperamos, puesto en marcha este programa, al tiempo que se discute en la Asamblea de Representantes del DF una Ley Ambiental para esta parte de la ciudad, en el marco de una ley federal de la misma naturaleza. Pero nos preocupa que sea uno más de los tantos programas que se anunciaron pero nunca lograron sus objetivos, por su carácter demagógico, porque no fueron aplicados integralmente, o porque las condiciones estructurales no los hacían viables; por que fueron sólo catálogos de buenas intenciones.
Los objetivos del programa anunciado parecen correctos, pero insuficientes frente al grave problema y la urgencia de resolverlo.
Preocupa que varias de las estrategias enunciadas, las que remiten a las causas estructurales de la contaminación atmosférica, son difícilmente alcanzables en el corto plazo (cuatro años), en medio de la crisis económica más profunda del siglo. El ``mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías en la industria y los servicios'' se enfrenta al grave proceso de desindustrialización (destrucción de la estructura industrial), que sufre el país desde 1982: la naturaleza recesiva de las políticas estatales neoliberales; la competencia desigual con la producción extranjera causada por la apertura comercial abrupta e incondicional; la caída de la demanda interna y la agudización de la competencia entre grandes monopolios y pequeñas y medianas industrias por el contraído mercado; la falta de crédito y liquidez de las empresas; los altos costos de cualquier proyecto de modernización tecnológica ambientalmente limpia, derivados de la violenta devaluación del peso y las inaceptables tasas de interés. En estas condiciones, es difícil imaginar que la industria y los servicios se lancen a un agresivo proyecto de sustitución tecnológica a corto plazo. Recordemos que los más optimistas piensan que tardaremos cinco años en volver a la situación económica de 1994, de hecho poco halageña.
La ``oferta amplia de transporte público seguro y eficiente'', encuentra graves trabas en la estructura del servicio creada por cerca de tres décadas de políticas erráticas en el ramo. El estancamiento o lento desarrollo en relación a las necesidades de los medios de transporte más racionales y menos contaminantes (metro, transporte eléctrico, grandes camiones); la proliferación de las irracionales y contaminantes combis y microbuses; la creciente inadecuación del sistema vial al transporte público (que agravará su privatización selectiva); y el crecimiento del parque vehicular, aunque sea ``limpio'', que satura la vialidad y crea congestionamientos generadores de contaminación.
La ``participación social'' se enfrenta a los estrechos límites de la democracia en el país y la capital, que no encuentran un cauce de solución. Hoy, todo parece señalar que la ``reforma política'' será una simple reforma electoral que no abrirá el camino a la democratización real. En el Estado autoritario actual, toda participación social termina en fórmulas de simulación que reproducen la designación cupular de representantes de sectores sin representatividad y la imposibilidad de que los ciudadanos tomen en sus manos el control de los procesos que los afectan directamente.