En Argentina son ya 17 los penales donde hay motines Se habla de 17 reclusos muertos; la cifra oficial es de tres

Afp, Ap, Efe, Reuter, Dpa y Xinhua, Buenos Aires, 4 de abril El gobierno de la provincia de Buenos Aires, escenario de la mayoría de los amotinamientos iniciados el sábado pasado, rechazó hoy que los presos de la cárcel de Sierra Chica tengan planeado volar las instalaciones, pero no descartó que pueda producirse una ``fuga cruenta''.

Hasta el momento se han producido alzamientos en 17 penales, con la participación de unos 11 mil 500 reos. Unos 5 mil 600 reclusos se apoderaron de seis instalaciones y tomaron 27 rehenes; en las restantes once prisiones, unos seis mil reclusos realizan huelgas de hambre y manifestaciones de solidaridad con los amotinados.

Once cárceles se encuentran en la jurisdicción de Buenos Aires, y el foco de los sucesos más graves es el de Sierra Chica, 400 kilómetros al sur de esta capital, en donde la juez María Mercedes Malere figura entre los rehenes; Malere, quien fue golpeada y amenazada por los amotinados, se negó a ser sustituida por el intendente de Olavarría, cuyo canje había sido autorizado por los reos. Aunque familiares de los amotinados señalan que ha habido unos 17 muertos, oficialmente se habla de tres, uno en un enfrentamiento con los carceleros en la prisión de Las Mercedes, 100 kilómetros al oeste de aquí, y otro que pretendió entregarse y fue asesinado por sus compañeros en Sierra Chica.

La medianoche del jueves, el ministro de Gobierno provincial, Rubén Citara, reconoció un tercer muerto en Sierra Chica, centro de la atención, ya que los reclusos de los otros centros penitenciarios decidieron que harán lo que resuelvan los de Sierra Chica; el número de heridos ha sido estimado en 41, de los cuales 22 serían guardias.

Citara atribuyó las revueltas a ``superbandas'' de gran velocidad, cuyos integrantes, dijo, controlan y amedrentan a los demás reclusos, y rechazó versiones de que los alzados en Sierra Chica podrían hacer volar con explosivos ese centro. Agregó que el principal obstáculo para una solución es que los reos no tienen claras sus demandas, por lo que la negociación no puede avanzar.

Desde un principio exigen el cumplimiento de leyes que los benefician, como la aplicación del Pacto de San José, que establece que ningún preso puede permanecer más de dos años detenido sin condena en firme, y determina que cada año de detención sin proceso se cuente por dos de tiempo de estancia en prisión. Ahora exigen también que los prisioneros con sida no sean recluidos junto con los restantes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, reconoció que "había una actividad que hacía presagiar que en cualquier momento se iba a organizar una fuga cruenta", pero desestimó que vaya a producirse una sangrienta represión.

En el quinto día de la crisis se sumaron los penales de Trelew y Río Gallegos, al norte, y el de Mendoza, al oeste; en todos los casos los internos se negaron a ingerir alimentos.

En la prisión uruguaya de Santiago Vázquez, casi todos los mil 450 pesos se sumaron a la protesta pacífica iniciada el martes por mejores condiciones de vida, mayor celeridad de la justicia y contra el anunciado trasladado de sus líderes. En un principio, unos 70 familiares de los reos, en su mayoría madres y esposas, se integraron a la protesta y decidieron permanecer en la cárcel al finalizar la visita del martes, aunque ahora sólo permanecen 25 fami-liares en el recinto.

Atentado contra ex torturador

En otros asuntos, Jorge Berges, médico acusado de controlar sesiones de tortura y robar recién nacidos a las secuestradas por la dictadura, fue baleado esta mañana al salir de su casa, en la zona de Quilmes. En el hospital de Churruca, de la policía, así como en otro nosocomio, se negaron a brindarle atención médica, y finalmente Bergés fue recibido en el de Berazátegui, vecino a Quilmes. El parte médico lo reportó como grave y con pronóstico ``reservado''. El ataque, reivindicado por la Organización Revolucionaria del Pueblo, se produjo mientras continúan las críticas al jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, general Cándido Díaz, quien esta semana exaltó la represión militar perpetrada durante la dictadura (1976-1983).