En Bolivia, la COB desmiente versiones de que aceptó un proyecto oficial de privatización petrolera

Pl y Ap, La Paz, 4 de abril La Central Obrera Boliviana (COB), desmintió hoy haber aceptado un proyecto gubernamental para la privatización del ente petrolero estatal, e incluso puso en duda la continuidad de las pláticas, dado que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ha rei-terado su decisión de seguir adelante con el proyecto.

El máximo líder de la COB, Oscar Salas, rechazó de esta manera anteriores declaraciones del ministro de Desarrollo Económico, Jaime Villalobos, quien se había referido a la supuesta aceptación de la COB en pláticas con el mandatario, en relación con la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

De acuerdo con Villalobos, tanto el go-bernante como la COB y la Federación Petrolera habían arribado a coincidencias en cuanto a aceptar la privatización de la empresa estatal, y sobre su manejo por inversionistas privados.

Estas declaraciones del ministro provocaron esta mañana una marcha del gremio de maestros frente a la COB, en demanda de explicaciones. En ese marco, otro de los dirigentes de la mayor central obrera del país, Carlos Camargo, también desmintió la especie.

Salas fue más directo, al señalar que el diálogo de ninguna manera se encuentra en esos términos, y deploró que Sánchez de Lozada haya ``retrocedido'' durante las pláticas de anoche, en la segunda reunión, en torno a su determinación del martes, cuando estuvo de acuerdo en que el gasoducto proyectado para abastecer a Brasil sea construido sólo por Bolivia.

Al insistir en que la COB mantiene su re-chazo terminante a la privatización de YPFB, el dirigente obrero puntualizó que la COB más bien presentó a las autoridades un plan alternativo de fortalecimiento de la empresa petrolera estatal, a la par con el frente antiprivatizador del Comité Nacional de Defensa del Patrimonio Nacional.

De conformidad con el plan alternativo de la COB, se propone fortalecer YPFB con fondos provenientes de un día de salario de toda la población, de diez días de sueldo de gobernantes, parlamentarios y funcionarios de alto nivel, más un aporte de empresarios igual al monto reunido previamente.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Rosales Lijerón, reafirmó por su parte su decisión de demandar la anulación del contrato por el cual la Empresa Nacional de Ferrocarriles fue entregada al consorcio chileno Cruz Blanca. Aseveró que es necesario someter a revisión jurídica ese contrato, anularlo y convocar a nueva licitación.