130 mil ganaban menos de $20 al día antes de sembrar enervantes

Juan Manuel Venegas Entre 1992 y 1995, más de 130 mil campesinos y jornaleros de diez estados del país que se dedicaron a la producción de mariguana o amapola tenían un ingreso ``inferior a 20 pesos diarios'' antes de cultivar enervantes.

El 85 por ciento de esos trabajadores del campo son jóvenes ``menores de 31 años y casados'', y de 300 sentencias que registró la Procuraduría General de la República en ese mismo periodo se desprende que a 275 se les condenó ``por delitos contra la salud'', aunque eran primodelincuentes y su peligrosidad era ``mínima''.

De esos 130 mil campesinos y jornaleros, ``casi todos delinquieron por necesidad económica'', indica un estudio del Programa de Desarrollo Rural Integral para las Zonas de Producción Intensiva de Enervantes del Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro) de la PGR.

Por otra parte, el documento detalla que en más de 60 mil hectáreas de esos diez estados (Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Durango, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Chiapas) se sembró algún tipo de droga. Por ejemplo, en Durango el programa registró entre 1992 y 1993 a 15 mil 388 jornaleros incorporados al cultivo de enervantes, que representan 7.38 por ciento de la población económicamente activa de la entidad.

Entre las causas de este fenómeno en algunas regiones de Durango, el programa del Cendro destaca ``su ubicación serrana, la crisis de la capacidad productiva de la región, y la permanencia de algunas etnias y campesinos que sobreviven en condiciones de extrema marginalidad y de aislamiento cultural y geográfico''.

Sólo en el municipio de Atlixtac, en la región de La Montaña, en Guerrero, ``se calcula que 60.14 por ciento de la población económicamente activa participó en la producción de enervantes''.

Por lo que respecta a las sentencias dictadas en contra de indígenas, campesinos y jornaleros por delitos contra la salud, el estudio precisa: ``En poco más de tres quintas partes de los casos revisados (180 de 300), los sentenciados delinquieron por necesidad económica; una quinta parte lo hizo por toxicomanía y el resto por distintas causas, que van desde la ignorancia de la ley, pasando por el engaño de que son víctimas, hasta el afán de lucro''.

Puntualiza que el promedio de edad de las personas que se relacionan con el cultivo de enervantes en las zonas campesinas del país es de 31 años, es decir, ``se trata de jóvenes en edad productiva, dedicados principalmente a las labores propias del campo, casados, con un ingreso inferior a los 20 pesos diarios, inestable e insuficiente para cubrir sus necesidades primordiales''.

Agrega que de las sentencias, todas ``por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana'', fueron confirmadas ``por los tribunales de apelación'' y varían de tres a diez años de prisión.

En la mayoría de los casos, los jóvenes ``se involucraron debido a la ignorancia, el engaño y el desconocimiento de la ilicitud de su conducta, sin dejar de mencionar que existen casos en los que participaron como consecuencia de su adicción, sin que esto signifique que se dedican a actividades de narcotráfico a gran escala o a la delincuencia organizada''.

Por otra parte, señala el informe del Cendro, en la mayoría de los casos ``se aprecia que la defensoría de oficio en general es ineficiente e ineficaz, pues no ofrece las pruebas idóneas; no promueve, cuando es necesario, la asistencia de un traductor al procesado, y en algunos casos ofrece la ampliación del testimonio del acusado hasta varios meses después''.

Además de la ineficiencia de la defensoría de oficio, los acusados tienen que enfrentar órganos jurisdiccionales federales en donde los jueces y magistrados, al dictar sentencia, optan por lo que técnicamente se conoce como ``valoración libre de pruebas o de la íntima convicción del juzgador''.

Según el informe de referencia, ``pocos son los jueces que utilizan los sistemas de la sana crítica o de su apreciación razonada de la prueba y de la valoración legal y tasada''.

Informe por estados

El programa ubicó en 10 estados de la República el 80 por ciento de los plantíos de mariguana y amapola erradicados (en total 27 mil 40 hectáreas destruidas, de las más de 60 mil que se estima fueron sembradas): Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Durango, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

En el informe predominan las observaciones sobre los altos niveles de marginalidad y aislamiento de las regiones productoras, condiciones ``que obligan a los campesinos, jornaleros e indígenas a buscar otras opciones de cultivo como mariguana y amapola''.

En Sinaloa se localizó a 30 mil 408 jornaleros incorporados al cultivo de mariguana o amapola en una superficie erradicada de más de 6 mil hectáreas. Esos jornaleros representan --según el documento-- 4.5 por ciento de la población económicamente activa de la entidad. Las referencias son las siguientes:

En Chihuahua se encontró a 27 mil 427 jornaleros incorporados a la siembra de enervantes (3.7 por ciento de la población económicamente activa). En la región donde se registró la mayor concentración de hectáreas erradicadas ``se encuentra establecido un importante número de población indígena de las etnias tepehuana y tarahumara, con una organización social tradicional''.

En Oaxaca el informe ubicó a 6 mil 749 jornaleros dedicados al cultivo de drogas (1.70 por ciento de la PEA) y subraya: ``La incorporación al cultivo de estupefacientes de indígenas en municipios de alta marginación se ha convertido en un problema que requiere atención jurídico-penal y de justicia social, pues el crecimiento de estos cultivos puede llegar a formar parte de la cultura de las comunidades''.

Otro estado crítico en cuanto al crecimiento del número de hectáreas cultivadas (en el periodo de referencia se erradicaron casi mil 100 hectáreas sembradas con mariguana o amapola) es Nayarit. ``En una de las dos microrregiones donde se ha incrementado la producción de estupefacientes, la de La Sierra, se asientan las comunidades huicholes, y el aislamiento cultural y geográfico ha llevado a los campesinos e indígenas a incorporarse a la producción de mariguana'', dice el informe.

En Guerrero se erradicaron 5 mil 362 hectáreas y se detectó a 22 mil 483 campesinos dedicados a la siembra de estupefacientes. El documento alerta: ``Sólo en el municipio de Atlixtac, en la región de La Montaña, se calcula que 60.14 por ciento de la población económicamente activa participa en la producción de enervantes''.

En Durango suman 3 mil 61 hectáreas erradicadas y 15 mil 388 campesinos incorporados a la siembra de mariguana o amapola y que representan 7.36 por ciento de la PEA del estado. Se destaca que en la zona productora de drogas ``los campesinos sobreviven en condiciones de extrema marginalidad''.

Jalisco: mil 765 hectáreas erradicadas y 6 mil 285 campesinos dedicados a la siembra de enervantes. En las regiones donde es reiterativo el cultivo de alguna droga se requiere ``apoyo a la expresión cultural de los pueblos, donde los recursos naturales se incorporen a los activos de las comunidades, por lo que debe buscarse consolidar los mecanismos para su producción y desarrollo''.

Veracruz: 157 hectáreas erradicadas y 525 campesinos incorporados a la producción de drogas. En esta entidad la población indígena de Playa Vicente y Las Choapas son ``las más propensas al cultivo de enervantes''.

Finalmente, acerca de Chiapas, el informe precisa que 51 por ciento de la zona productora se ubica ``entre los municipios de Ocosingo y Palenque, en regiones donde predomina la población indígena y campesina en condiciones de extrema marginalidad''.