Congeló el banco 20 mdd ante diferencias en criterios de aplicación

Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 4 de abril Diferencias de criterios entre la Comunidad Lacandona y el Instituto Nacional de Ecología (INE) para ejecutar proyectos en la reserva ecológica de la biosfera Montes Azules causaron que el Banco Mundial (BM) congelara --y posiblemente cancele-- la entrega de 20 millones de dólares al gobierno mexicano. Ese dinero se canalizaría a diez zonas ecológicas del país, incluidas dos de Chiapas, se confirmó aquí.

La Comunidad Lacandona, a través de su asesor en Washington, Porfirio Camacho, cuestionó la aplicación de los fondos donados por Global Environmental Facility (GEF), organización integrada por varios países desarrollados. Camacho aseguró que el proyecto tenía fallas y ``burocratizaba'' la asignación de los recursos, destinados a preservar las reservas ecológicas del país.

La alianza indígena está integrada por tres grupos étnicos: mayas lacandones (630 personas), choles (3 mil 101) y tzeltales (9 mil 730), asentados en 15 poblaciones, y son dueños de más de 500 mil hectáreas de la Selva Lacandona.

Asimismo, es la única organización indígena del mundo que tiene un asesor en Washington y solicita directamente al Banco Mundial financiamiento para proyectos sociales, económicos, culturales y ecológicos, recursos que maneja una Asociación Civil denominada Lacandonia, A. C.

Un estudio presentado a finales del año pasado por la representación de los lacandones en Washington y una visita en enero de una comisión del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo a Chiapas cancelaron la entrega de los fondos al gobierno mexicano e hicieron que las instituciones federales replantearan el proyecto, según explicó el principal asesor de la Comunidad Lacandona y director de Lacandonia, A. C.

La organización indígena acusa al INE de ``burocratizar'' las inversiones que se canalizan hacia las reservas y asegura que la politización de la inversión, la falta de continuidad y de visión a largo plazo, así como la ausencia de monitoreo y de evaluación han convertido a La Selva Lacandona ``en un cementerio de proyectos fracasados''.

En el estudio presentado a la representación del BM, los lacandones se opusieron a que los fondos del GEF para las principales reservas ecológicas se canalicen a través del sector oficial o privado (organismos no gubernamentales).

``Nuestro planteamiento es claro y firme: el financiamiento debe ser directo a las bases sociales, porque su triangulación con el sector oficial o privado tiene como consecuencia que en el camino los costos administrativos del aparato burocrático devoren gran parte de la inversión'', indican en el documento presentado a los representantes del BM y del BID.

Precisaron que la extrema pobreza que se vive en las diversas regiones de Chiapas, principalmente en las zonas indígenas, no se debe a la falta de recursos financieros, sino a la falta de efectividad y continuidad de las inversiones.

Para la Comunidad Lacandona la inversión pública destinada a las zonas indígenas y campesinas de Chiapas ha tenido dos vertientes: Políticamente, para premiar o castigar a comunidades indígenas, y sectorialmente para desligarla de las condiciones reales de las comunidades.

Uno de los dos documentos entregados por la representación de la Comunidad Lacandona a las dos instituciones bancarias hace un análisis sobre la situación de los financiamientos del exterior y critica los programas de inversión en el estado, principalmente los que se han destinado a la Selva Lacandona.

``Nos permitimos sugerir al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo no fomentar el intermediarismo, sino, de ser posible, asistir a los grupos indígenas de Chiapas para ser gestores directos de su desarrollo socioeconómico y la conservación de sus recursos naturales. Las propuestas que así emanen reflejarán las realidades y prioridades de las comunidades'', precisa.

Al referirse al problema de la inversión pública en la Selva Lacandona, el análisis asegura que se ha utilizado para premiar o castigar a comunidades indígenas, a sus organizaciones y sus líderes, presidentes municipales, delegados políticos y dirigentes religiosos que tienen influencia en las decisiones de las bases sociales.

En la argumentación presentada a las instituciones bancarias para que no canalicen los fondos para las reservas ecológicas a través del sector oficial, la Comunidad Lacandona recuerda que se elaboró un mapa en el que se detalla la distribución de la inversión pública, en el cual se demostraron los sesgos de la inversión; sin embargo, el gobierno mexicano ``ignoró olímpicamente'' ese documento.

Por ello, pide a los dos organismos bancarios que las transferencias de los fondos de Global Environmental Facility (GEF) se entreguen directamente a las comunidades, que tendrán a su cargo el cuidado de las reservas ecológicas.

El Banco Mundial cancelará a finales de abril la partida de 20 millones de dólares para las diez reservas ecológicas.