En dos años, más de 50 cesados en la PGR por nexos con traficantes

Juan Manuel Venegas /I En los últimos dos años han sido acusados, destituidos o separados de sus cargos más de 50 funcionarios, comandantes y agentes federales de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta relación en los asesinatos políticos y con el narcotráfico.

Respecto a los asesinatos políticos (Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu), las acusaciones han sido, sobre todo, por presunto encubrimiento, tortura y abuso de autoridad, aunque destaca el caso del ex comandante de la Policía Judicial Federal (PJF) Rodolfo García Gaxiola, prófugo y señalado como posible homicida de José Federico Benítez López, el ex director de la policía de Tijuana que habría investigado por su cuenta hechos relacionados con el asesinato de Colosio

En cuanto a los presuntos vínculos de funcionarios y agentes de la PGR con el narcotráfico, destaca el control que el líder del cártel de Sinaloa, Héctor Luis El Güero Palma, ejercía entre los mandos de la policía federal en Jalisco y Colima. Además, y tras la detención de Juan García Abrego, han trascendido versiones que vinculan al ex director de la PJF, Adrián Carrera Fuentes, y al mismo Américo Flores Nava, actual titular de la corporación, con el cártel del Golfo.

La dudosa intervención de funcionarios y comandantes de la PGR en las investigaciones de actos delictivos hizo que, en su informe sobre el crimen organizado, el subprocurador de Control de Procesos, Moisés Moreno Hernández, alertara: ``En los homicidios de Colosio, Ruiz Massieu y Posadas, así como en el narcotráfico, aparecen vinculados policías o ex policías''.

El funcionario también advirtió: ``Es necesario remarcar que el avance de la delincuencia organizada está relacionado con la corrupción de los cuerpos de seguridad pública en México''.

Loza Parra y García Gaxiola, en el caso Colosio.

A raíz del asesinato del director de la policía de Tijuana, José Federico Benítez López, las investigaciones llegaron hasta los entonces comandantes de la PJF, Rául Loza Parra y Rodolfo García Gaxiola, como los presuntos autores del crimen.

El asunto, que algunos pretendieron presentar como un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico local, adquirió relevancia cuando empezaron a trascender a nivel nacional hechos que involucraban a los tres en las pesquisas sobre el asesinato del candidato presidencial del PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994.

Benítez López, responsable de la policía en la ciudad fronteriza, fue la primera persona en tener en sus manos el baúl con las pertenencias de Mario Aburto Martínez. Al paso de los días y hasta su asesinato, un mes después del crimen de Lomas Taurinas, realizaba por su cuenta una investigación en torno a los hechos ocurridos en el último mitin de Colosio.

Raúl Loza Parra, por su parte, recibió de Benítez López el baúl de Aburto Martínez y ordenó a un agente de la PJF en Tijuana, Marco Antonio Jácome Saldaña, filmar el mitin de Lomas Taurinas. Fue de los primeros en interrogar al asesino confeso de Colosio y también fue la autoridad que recibió el arma con la que Aburto disparó a la cabeza del aspirante presidencial.

Loza Parra, quien llegó a Tijuana en junio de 1993, luego de que en Villahermosa lo habían sometido a una investigación por la pérdida de dos kilogramos de cocaína, dejó la jefatura de la PJF en la ciudad fronteriza en abril de 1994. Su lugar lo ocupó García Gaxiola.

A principios del año pasado, Loza Parra, García Gaxiola y el agente Jácome Saldaña (el mismo que filmó el mitin de Lomas Taurinas) fueron señalados como los autores del asesinato de Benítez López. Los acusó David Ruvalcaba, un madrina de la policía en Tijuana detenido a principios del año pasado.

Se desconoce el resultado de las investigaciones. No obstante, Loza Parra fue separado de la PJF y desde que dejó Tijuana no ha vuelto a ocupar cargo alguno en la corporación. En tanto, García Gaxiola y Jácome Saldaña se encuentran prófugos.

Caso Ruiz Massieu: desde tortura hasta manipulación de declaraciones

En el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, la Fiscalía Especial de Pablo Chapa Bezanilla, que llevó la investigación hasta la captura y encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, puso al descubierto una red de complicidades y actos delictivos durante las primeras pesquisas que dirigió el hermano de la víctima: Mario Ruiz Massieu.

Independientemente de las acusaciones que el gobierno de México fincó contra Mario Ruiz Massieu --quien permanece en Estados Unidos, luego de que los jueces estadunidenses negaran su extradición--, agentes judiciales, comandantes y funcionarios de primer nivel de la PGR fueron involucrados por su presunta participación en los actos que se realizaron para encubrir a Raúl Salinas de Gortari, al manipular declaraciones, alterar averiguaciones y ``torturar testigos''.

En los hechos, destacan los actos delictivos que habrían cometido el ex visitador general de la PGR, Jorge Anastacio Stergios Gómez; el ex director general de Investigaciones de la Visitaduría, Arturo Deloya Fonseca, y el director general de la Visitaduría, Joaquín Jesús Pérez Serrano. A los tres se les acusa de abuso de autoridad debido a su complicidad en la alteración de documentos y declaraciones en el caso Ruiz Massieu.

A Stergios, quien se encuentra prófugo, la PGR también lo acusa de tortura y uso indebido del servicio público.

Por el mismo delito se empezó proceso penal en contra del ex director de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera Fuentes, quien actualmente está libre bajo fianza. Otro comandante involucrado en el encubrimiento del presunto autor intelectual del homicidio de Ruiz Massieu es Carlos Jaime Pratt Straffon, quien hasta el 22 de junio del año pasado se desempeñó como delegado de la PGR en Morelos.

Enrique Arenal, quien fuera director de Inteligencia de la PJF y hasta el año pasado director de Operaciones del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), primero fue destituido del cargo y posteriormente la PGR solicitó una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, también como parte de las irregularidades cometidas en el caso Ruiz Massieu.

Otros servidores públicos de la PGR involucrados son los agentes del Ministerio Público Francisco Javier Herrera González y Alejandro Pizarro Moreno, así como la policía federal Angélica Holguín Pérez.