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El hecho es que, por un lado, la energía es necesaria para la población y para el desarrollo económico del país. De ella proviene también un porcentaje considerable del ingreso por exportaciones. Por otro lado, es importante minimizar los efectos destructivos sobre el medio ambiente, y sobre el modo de vida de muchos mexicanos, de actividades encaminadas a poder obtener esa energía. La solución de esta dualidad no es sencilla, pero tampoco es imposible.
Lo que sí se requiere para avanzar en esa solución es una política energética ambiental, que incluya entre otros aspectos los siguientes: aprovechamiento de recursos naturales hasta ahora desperdiciados y que tienen efectos contaminantes nulos o menores, para generar energía; empleo de equipos anticontaminantes modernos, aunque cuesten dinero, cobrando caro al que contamina y favoreciendo con tratamiento fiscal preferente, crédito barato y oportuno y simplificación de trámites, el impulso de fuentes de energía no contaminantes, como se hace por ejemplo en Europa; empleo de métodos de trabajo, en los proyectos energéticos, compatibles con el modo de vida de la población de los lugares en los que se desarrollan los proyectos, y así sucesivamente.