Leon Bendesky
Proyecto económico

El gobierno y los representantes empresariales se han enfrascado en un debate sobre la conducción de la política económica. Esta situación contrasta abiertamente con el entendimiento que existió entre ambas partes durante el sexenio anterior. El primero mantiene como su objetivo central el control de la inflación; los segundos, por su parte, exigen medidas para alentar ya una recuperación de la actividad productiva.

El argumento en que se apoya la posición gubernamental es que sólo mediante el abatimiento de la inflación podrá volverse a una ruta de crecimiento sostenido. La posición de los segundos se sustenta en la demanda de un relajamiento de la política crediticia del banco central, el ejercicio efectivo del gasto público y hasta el establecimiento de una política industrial.

Pero la postura del gobierno es dudosa, puesto que ese mismo objetivo antiinflacionario ha prevalecido durante los últimos 15 años y lo que no ha habido en el país es, precisamente, crecimiento del producto (éste ha sido únicamente 0.93 por ciento en promedio anual en el periodo). El gobierno apuesta a que el severo control de la demanda interna por medio de la restricción monetaria y fiscal es el instrumento adecuado para abatir la inflación, y que mediante la expansión de las exportaciones se logrará arrastrar la economía y hacerla crecer. Los empresarios quieren superar la recesión pero mantener al Estado lo más al margen posible del proceso económico, sobre toodo en términos de un estricto control presupuestal que elimine las presiones sobre el mercado de dinero.

Los círculos viciosos que marcan el entorno de estos argumentos son conocidos, y una de sus expresiones es el alto nivel de las tasas de interés y la volatilidad que puede tener el tipo de cambio. Otra expresión es la manera en que cambian rápidamente los análisis de la coyuntura, aunque persiste la incertidumbre como característica definitoria de la situación económica. El horizonte de las decisiones económicas sigue siendo muy corto y ello limita cualquier posibilidad de cambiar las condiciones de operación del sistema productivo.

Al parecer los dos, gobierno y empresarios quieren más de lo que sus mismas posturas permiten lograr. Las limitaciones de ambas partes se pueden encontrar en los reducidos márgenes de maniobra en que se ha ubicado la política económica. La contención del aumento del nivel de los precios recae de manera fundamental en el control del crédito; con ello las variables monetarias desempeñan hoy un papel central en la gestión económica y toda desviación tendería a manifestarse en la forma de una renovada presión de la inflación. La cuestión es si este ajuste está creando las condiciones para que una vez controlado el crecimiento de los precios pueda crecer la producción. El asunto está enmarcado, también, en una cada vez más evidente desarticulación de las actividades económicas y en una persistente fragilidad del sistema financiero. No son claras aún las formas en que se aumentarán los recursos para financiar la actividad económica y el ajuste parece entonces hacerse consistente con un escenario de menor expansión económica, y no de un crecimiento de la magnitud que requiere el atraso de una década y media.

La manera como se ha planteado el debate entre el gobierno y las organizaciones empresariales no conduce a la superación del estancamiento de la economía. Esta sociedad no logra establecer un proyecto que con una cierta legitimidad ordene las acciones de gobierno y las decisiones privadas hacia objetivos factibles en un plazo que rebase el año fiscal o el periodo sexenal. Este es, tal vez, el campo del debate en México, un campo en el que las medidas técnicas, las decisiones empresariales y las expectativas sociales puedan encontrarse. No hay ningunas sociedad a la medida de todos y cada uno de sus integrantes, pero puede haber una sociedad en la que éstos se reconozcan de alguna manera; para muchos mexicanos hoy esto significa simplemente dejar de ver deterioradas la condiciones de su existencia.