Pide México a Washington revisar métodos de detención

Antonio Heras, Carlos Figueroa y Carlos Camacho, corresponsales La Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California informó que investiga unas 20 denuncias sobre agresiones a trabajadores migrantes, en las que están involucrados, de manera directa, personal del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y de diversas corporaciones policiacas estadunidenses.

Precisó que en Tijuana se investigan 12 denuncias formales de agresión física, maltrato, decomiso de vehículos, cancelación de documentos y detenciones arbitrarias, no sólo contra indocumentados sino también hacia mexicanos que cuentan con residencia legal y permiso para trabajar en el vecino país.

En Tecate se han documentado cinco casos, todos relacionados con violaciones a los derechos funadamentales de migrantes, mientras que en Mexicali se han recibido tres denuncias, indicó el organismo defensor de los derechos humanos.

Un estudio señala que las principales violaciones de agentes de corporaciones policiacas de Estados Unidos son los golpes con brutalidad, la negativa a la atención médica, atropellamiento con vehículos oficiales y acorralamiento en barrancos.

Por otra parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Laredo, Texas, Luis Barker, informó que, durante el pasado mes de marzo, la corporación deportó, por esa frontera, a 14 mil 830 indocumentados, el 98 por ciento de los cuales correspondió a mexicanos.El jefe policiaco estadunidense apuntó que, con esta cifra, suman ya 57 mil 297 los indocumentados que han sido deportados por el sector Laredo en lo que va de este año.

Barker explicó que el mayor índice de trabajadores migrantes es detectado por los agentes de la Patrulla Fronteriza en los furgones del ferrocarril, cuando se desplazan hacia el norte de Estados Unidos.

Indígenas hacia Estados Unidos

Por falta de oportunidades de empleo, unos 40 mil indígenas del Valle del Mezquital, en Hidalgo, han tenido que emigrar hacia Estados Unidos, de donde regresan periódicamente pero sin grandes ahorros económicos, sostuvo el diputado local por esa región, Efraín Arista Ruiz.

El legislador señaló que históricamente ha habido una falta de infraestructura agrícola y de riego para hacer producir las más de 200 mil hectáreas de tierra árida que componen ese valle.

Arista Ruiz señaló que la obligada salida de los indígenas de la región hacia el vecino país del norte ha causado problemas de desintegración familiar, incluso, social, debido a la ausencia del núcleo que es portador de la fuerza de trabajo para hacer producir la tierra en esa zona.

Recientemente, dos incidentes violentos, relacionados con el paso de mexicanos a Estados Unidos, han revivido dos temas sensibles en la relación bilateral de los dos socios del Tratado de Libre Comercio: el respeto a los derechos civiles de los indocumentados y la ley de extradición de criminales mexicanos a Estados Unidos, coincidieron en afirmar ayer dos periódicos estadunidenses.

Los Angeles Times (LAT) narra cómo la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza, Jeffery Barr, a manos de supuestos narcotraficantes mexicanos ha sido utilizada para argumentar en contra de las leyes de extradición de México y criticar la supesta falta de cooperación de éste en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, The New York Times (NYT) destacó el enojo de las autoridades mexicanas y los grupos de derechos humanos, por la actidud de dos agentes fronterizos, quienes, ``imprudente, intencional e inhumanamente'', golpearon y a tres indocumentados, el pasado primero de abril.

A consecuencia de la golpiza, que fue filmada desde un helicóptero de una cadena televisiva local, los agraviados (Enrique Funes, Alicia Sotero y Santiago García) presentaron una demanda en contra del condado de Riverside, agrega el NYT. En México, destaca el diario neoyorquino, los medios de comunicación han dado una amplia cobertura al incidente, y advierte que, sin emargo, ni las autoridades ni Televisa han mencionado el ``delicado'' tema de inmigración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos.

Los Angeles Times, por su parte, detalla que el 19 de enero de este año, cerca de Eagle Pass, Texas, dos agentes de la Patrulla Fronteriza vieron a por lo menos cuatro personas cruzar el Río Grande para ingresar en Estados Unidos. Los policías persiguieron a quienes suponían indocumentados y comenzó una balacera.

El agente Jefferson Barr recibió un disparo en la clavícula, mismo que rebotó y le atravezó el corazón. Antes de morir, el policía alcanzó a vaciar su pistola, e hirió a uno de sus atacantes antes de que lograra regresar a México.

El rotativo angelino explica que éste es sólo uno de los 104 asaltos ocurridos en la ribera del río Grande, el año pasado, pero ha sido tomado como ejemplo por legisladores para condicionar la ayuda económica de Estados Unidos a México y exigir la extradición de 56 mexicanos acusados de delitos en ese país.

Después del asesinato de Barr, uno de los presuntos asaltantes fue capturado, cargando una bolsa con 200 libras de mariguana, asimismo, a través de una investigación del Buró Federal de Investigación (FBI), se localizó al mexicano herido en el tiroteo. José Chávez se encontraba en un hospital de Piedras Negras, Coahuila, y el FBI solicitó su extradición, señala el rotativo. Sin embargo, bajo las leyes mexicanas es poco probable que se conceda esa petición, agrega.

La semana pasada, la senadora demócrata Dianne Feinstein presentó este caso ante el Congreso, durante las deliberaciones sobre una propuesta de ley que prohibiría más ayuda financiera estadunidenses a México, por su falta de cooperación en la lucha antidrogas.

La política mexicana fue aceptada en 1978, en un acuerdo bilateral sobre extradición, y ``refleja el nacionalismo más profundo de México'', anota el LAT. Advierte, sin embargo, que esta política podría cambiar pronto, debido a la reciente designación del general Barry R. McCaffrey al frente de la lucha antinarcóticos.

Notimex, Los Angeles, 6 de abril Miles de ciudadanos de origen hispano, residentes en California y Nueva York, se manifestaron hoy en repudio a los actos de violencia ocurridos los últimos días contra la población inmigrante, y exigieron castigo a los policías de Los Angeles que el lunes pasado golpearon a tres mexicanos en la localidad de Riverside.

En Los Angeles, donde más de 10 mil latinos realizaron la manifestación ``por la dignidad y la justicia'' en el centro de la ciudad y corearon consignas, se hizo público un pliego petitorio en el que demandaron a la procuradora general de Estados Unidos, Janet Reno, ``actuar con firmeza'' en contra de los agentes policiacos que golpearon a los tres mexicanos en Riverside.

En su pliego, los manifestantes de la Coordinadora 96 advirtieron que los hechos de violencia ocurridos el lunes pasado ``no son de ninguna manera hechos aislados'' y destacaron que en el estado de California ``es excesivo el uso de la fuerza policiaca aplicada en contra de los inmigrantes latinos''.

La manifestación ``por la dignidad y la justicia'', en la que ondearon principalmente banderas mexicanas y estadunidenses, se llevó a cabo de manera pacífica en el centro de Los Angeles, y en nombre de los hispanos agrupados en la Coordinadora 96, Juan José Gutiérrez advirtió que la golpiza a los mexicanos ``es una muestra de la histeria antinmigrante que ha emergido en Estados Unidos'', y en alusión al gobernador californiano Pete Wilson, indicó que la ola de violencia sólo se detendrá ``poniendo freno a los políticos oportunistas de este país que utilizan una retórica antinmigrante y son los causantes de los atropellos contra la población latina''.

Advirtió que la comunidad latina de California se ha declarado en estado de movilización permanente para defender sus derechos y estar pendientes de que se llegue al fondo en la investigación de la ``brutal golpiza'' policiaca contra tres indocumentados mexicanos. Hizo un llamado a los senadores por California, Barbara Boxer y Dianne Feinstein, para que retiren de inmediato sus propuestas de control migratorio, que incluyen la militarización de la frontera con México. Por otra parte, y en apoyo a la manifestación en el Centro Cívico angelino, más de 2 mil personas realizaron hoy una marcha por el sur de la ciudad de Nueva York. Durante más de tres horas, miembros de distintas minorías étnicas del país marcharon portando pancartas y lanzando gritos de exigencia a gobiernos locales a ``detener abusos, marginación y racismo'' contra los inmigrantes.

``Alto a la guerra contra los inmigrantes! Cárcel a policías racistas! Ya basta, echen a Wilson! Macanas para Buchanan! Fin a la opresión de los pobres!'', fueron las consignas que más se repitieron entre los cientos de manifestantes.

La marcha, que duró más de tres horas, partió del edificio federal de la isla de Manhattan. Ray La Forest, uno de los convocantes al acto de protesta, indicó que la comunidad latina en Estados Unidos ``no se quedará cruzada de brazos a esperar que el tono de violencia aumente'' y a que sus derechos y los de sus familias ``se evaporen por el capricho de unos cuantos miembros de la clase política estadunidense que han insistido en remarcar su tendencia antinmigrante''.

Confirman que son mexicanos todos los accidentados ayer en Temecula El consulado de México en Los Angeles confirmó que los siete muertos y 18 heridos del accidente de esta mañana (ayer) en Temecula, al sureste de esta ciudad, son todos de nacionalidad mexicana.

Miguel Escobar, vocero del consulado en esta ciudad, dijo a Notimex que ocho de los sobrevivientes se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y los otros diez, que resultaron heridos, fueron internados en diferentes hospitales.

De acuerdo con información de última hora, cuatro de los sobrevivientes se encuentran en estado crítico.

Según la lista proporcionada por el consulado, seis de las víctimas fatales fueron identificados como Leodegario Avilés Varela, de 42 años, y Fernando Ocampo Franco, de 25, del estado de México, así como Felipe Arias Bautista, colimense de 31 años.

En tanto, Salvador Chávez Muñoz de 19 años, Jaime Chávez Muñoz de 21 y Benjamín Chávez Muñoz de 33 eran originarios de Michoacán.

Otro de los inmigrantes fallecidos en el accidente hasta el momento no se ha podido identificar. Los siete cuerpos se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense del condado de Riverside, California.

Pablo Alonso Máximo, de 42 años, quien resultó herido, se encuentra en el hospital Mission Viejo, mientras que Fernando Covarrubias, de 20 años, recibe atención en el Shart Medical Center.

En el hospital general de Riverside fueron internados Cupertino Hernández, Juan Nieto, Ignacio Reyes González, José Guzmán, Leonel Sánchez Carmona, Hugo Ramírez Pérez, Ascencio de Jesús y Kain Reyes González, cuyas edades oscilan entre 18 y 52 años.

Bajo custodia del SIN se encuentran Gilberto Sandoval, Gerardo Cázares, Celso Sánchez Carmona, Alfonso Herbert Campos, Marcelino Juan de la Rosa, Jesús Ríos Delgado, Pedro Fabián Huaroco y Víctor Alonso Carpio.

Los inmigrantes detenidos por el SIN provienen de los estados mexicanos de Jalisco, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Colima.

El consulado de México en Los Angeles informó que en coordinación con las oficinas de San Bernardino, Santa Ana y San Diego, se proporcionará ``total apoyo'' a los deudos de las víctimas y precisó que funcionarios mexicanos se han entrevistado ya con los detenidos y lesionados por el incidente.

Entre las primeras acciones emprendidas por la representación mexicana, destacan los trabajos de localización de los familiares de los fallecidos para la correspondiente notificación y auxilio. Asimismo, se dirigió una carta al Servicio de Inmigración y Naturalización, en la que se demanda una investigación en torno al accidente para el deslinde de responsabilidades.