En el primer mes de 1995, cuando trabajadores y empresas sentían que los coprolitos de la debacle financiera les rozaban los labios, la Secretaría de Hacienda notificó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se adecuaría Presupuesto de Egresos de la Federación y, por ende, el gasto gubernamental autorizado por el Congreso de la Unión un mes atrás.

A juicio de las nuevas autoridades hacendarias (el secretario Guillermo Ortiz heredó la posición que Jaime Serra Puche, Jaijo, ocupó tan sólo 29 días) las adecuacionesdebe leerse recortes practicadas en el primer mes del año al Presupuesto de Egresos de la Federación 1995 eran ``inevitables en el contexto macroeconómico del país; no llevarlas a cabo ahora implicaría la necesidad de realizar ajustes de mayor magnitud en un futuro próximo o aumentar de manera importante la carga impositiva''.

Como regularmente sucede, pocas semanas después de practicado el primer ajuste, el gobierno recortó (léase hizo adecuaciones de nueva cuenta el presupuesto público, mientras el ``contexto macroeconómico'' reportaba un deterioro no registrado en por lo menos seis décadas y, faltaba más, se incrementó ``de manera importante'' la carga fiscal, en especial la del IVA (50 por ciento).

Un año después del ajuste amargo pero necesario, el gasto público sigue sin ejercerse como lo acordaron los factores de la producción, las cifras macroeconómicas no superan el estado comatoso, la recesión se acentúa, la reactivación se mantiene entre el sueño guajiro y la retórica oficial y la iniciativa privada no sale de su desesperación.

Los resultados de la política económica en 1995 son más que obvios y así lo detalla un informe sobre el particular, cuyos autores distan mucho de formar parte del grupo de economistas críticos del gobierno, por lo que el presidente Ernesto Zedillo no los reprobaría: Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

El balance gubernamental reporta que uno de los renglones de gasto público que mayor recorte sufrió en 1995 fue el de la atención de la población en condiciones de pobreza extrema (léase miseria), pues los dineros ejercidos en el periodo fueron 43 por ciento menores, en términos reales, a los de 1994: 10 mil 76 millones de pesos, algo así como mil 440 millones de dólares.

El Informe de Ejecución del PND reconoce que la población marginada del país no tiene acceso a los sistemas de seguridad social (salud, educación, etcétera), aunque en varios de sus apartados no deja de subrayar las bondades de la política económica gubernamental que, dicho sea de paso, fue ratificada para 1996 en toda su magnitud.

En contrapartida, el gobierno destinó cerca de 55 mil millones de dólares (38.19 veces más que el canalizado al combate a la pobreza y 55 por ciento mayor a lo presupuestado originalmente) al servicio de la deuda pública y al sistema financiero doméstico: 30 mil millones para Bonos de la Tesorería de la Federación (Tesobonos), alrededor de 13 mil millones a los programas de rescate de la banca y 14 mil millones al pago regular de intereses y capital de la deuda externa.

Al concluir el primer trimestre de 1996, la deuda externa sigue creciendo y el sistema bancario, que no los banqueros, se mantiene en quiebra, con millones de deudores morosos sin la más mínima posibilidad de solucionar el conflicto ni quitarse de encima a los buitres emplazados en los despachos jurídicos.

Para ejercitar la memoria ``luego de que abril fue el peor mes de la crisis'', según se dijo en 1995 y, casualmente, se repite al iniciar el cuarto mes de 1996, en mayo de 1995 se anunció un nuevo recorte al gasto público con una contracción de 25 mil millones de pesos. Ese monto equivalió a 90 por ciento de los recursos destinados a la educación básica en los distintos estados de la República, según cifras de la oficina del vocero oficial de la Alianza para la Recuperación Económica (Apre).

Si se prefiere, ese ajuste fue igual a la totalidad del presupuesto asignado para 1995 a las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Comunicaciones y Transportes; casi 70 por ciento del monto de las participaciones a entidades federativas o 25 por ciento del costo total de servicios personales del sector público.

Las proyecciones macroeconómicas anteriores al estallido de la crisis indicaban: inflación anual de 5 por ciento, tipo de cambio promedio de 3.48 nuevos pesos por dólar, incremento de 1.5 por ciento en el producto interno bruto y crecimiento real en el gasto programable de 5.1 por ciento respecto del cierre de 1994.

Reconociendo la debacle económico-financiera, el gobierno dio un giro a dichas proyecciones: 42 por ciento de inflación, 6 nuevos pesos por dólar, un decremento de 2 por ciento en el producto interno bruto y un gasto programable con un crecimiento nominal de 3.4 por ciento.

Las cifras reales fueron mucho más devastadoras. El hecho es que recorte tras recorte, los diferentes voceros gubernamentales sostienen que la reducción del gasto público se aplica en un intento de convertirlo en un ``instrumento de estabilización macroeconómica para elevar el ahorro público''. Los ajustes, se dice, tienen la finalidad de que las adecuaciones sean mayores en áreas no prioritarias, como el del combate a la pobreza.

Carlos Fernández-Vega [email protected]