FRENO A LA BRUTALIDAD

Menos de una semana después de la salvaje golpiza propinada por agentes del sheriff de Riverside, California, a tres inmigrantes mexicanos, un nuevo hecho viene a indignar a la opinión pública a ambos lados de la frontera: un vehículo ocupado por indocumentados, aparentemente perseguido por la Border Patrol, vuelca en la carretera y perecen siete mexicanos, mientras 18 más resultan lesionados.

Ambos hechos, a su vez, vienen a sumarse a cifras no menos estremecedoras sobre el flujo de trabajadores migratorios al país del norte. En los últimos diez años, 3 mil 200 personas murieron ahogadas tratando de entrar en Estados Unidos por la frontera texana. Buscaban simplemente trabajo, vender sus brazos en el mercado siempre proclamado como el mejor, ejercer el principio de la libre circulación de los bienes y las personas, a diario proclamado por los gobiernos y los medios de información. Muchos otros fueron apaleados, torturados, presos, por ese ``delito'', y en los últimos 18 meses otros 19 inmigrantes murieron en accidentes provocados en la mayoría de los casos por la persecución policial a alta velocidad, que el reglamento prohíbe a los miembros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Hace bien la Secretaría de Relaciones Exteriores en anunciar de inmediato, junto con su consternación, que solicitará a las autoridades estadunidenses una revisión de los métodos y procedimientos para la aplicación de las leyes migratorias de ese país, pues la brutalidad, el racismo y el desprecio por la vida de los inmigrantes latinoamericanos son patentes y cotidianos. La violación de la justicia y de los derechos humanos tiene su raíz en la xenofobia y en el racismo fomentados desde altos cargos en el gobierno de Estados Unidos, como el gobernador Pete Wilson o el senador Robert Dole, precandidato a la presidencia, o desde otros destacados púlpitos, como el del comentarista y también precandidato Pat Buchanan, autor de los discursos del ex presidente Ronald Reagan, y el de muchos predicadores televisivos seudocristianos. Es lógico, por consiguiente, que los policías racistas se sientan estimulados y respaldados, sobre todo cuando el problema de la mano de obra no ha sido adecuadamente reglamentado por los países involucrados y el represor se siente ejecutor impune de la ley unilateral del más fuerte. La multitudinaria reacción ciudadana que empieza a gestarse en el mismo interior de Estados Unidos es otra muestra de la gravedad de esta situación.

Junto a las necesarias protestas y exigencias diplomáticas se necesitan, en consecuencia, acuerdos concretos bilaterales y multilaterales sobre el problema de la inmigración que la negociación del Tratado de Libre Comercio norteamericano no concretó. Además, si llegase a ser preciso y si no hubiese una clara e inmediata modificación del comportamiento de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, habría que adoptar medidas prácticas de tipo económico y político que lleven a la reflexión a las autoridades estadunidenses y las hagan comprender que no se puede jugar con las vidas, los derechos humanos y la dignidad de los mexicanos.

Estados Unidos necesita nuestros inmigrantes, al igual que nosotros necesitamos comerciar con el país del norte e importar su tecnología. Si debemos ser socios, no podemos aceptar un tratamiento de seres inferiores ni que alguien suponga que puede decidir sobre las vidas y derechos de los ciudadanos mexicanos.