En estos días, recorre las pantallas televisivas del mundo la golpiza que policías del condado californiano de Riverside propinaron a tres indocumentados mexicanos, tratados como delincuentes, en escenas que levantan sentimientos de indignación y reprobación, y que exhiben el complejo problema de las relaciones entre el fenómeno migratorio y la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto civiles como sociales, para cualquier persona en cualquier parte del mundo.

El número de migrantes a nivel internacional aumenta espectacularmente, en una situación marcada por la disminución de las posibilidades de empleo formal en sus localidades de origen. Basta señalar, de acuerdo con informes de la Organización Internacional del Trabajo, que en 1980 la cifra estimada de migrantes en el mundo entero oscilaba entre 19.7 y 21.7 millones de personas, y que para 1996 esta cifra aumentó en más de 400 por ciento, estimándose, hoy en día, en 100 millones de personas.

La migración reviste una importancia creciente tanto para las economías de los países exportadores de mano de obra, como para los países receptores que se benefician de ella; para los primeros, las remesas de dinero ayudan a equilibrar los déficits en la balanza comercial y sirven como vía para aliviar las presiones sociales; para los segundos, hay importantes beneficios del aprovechamiento de una fuerza laboral estacionaria, en actividades que son despreciadas por la población nativa y con condiciones de pago, atención social y seguridad laboral muy inferiores. Sin embargo, si los extranjeros aceptados con fines de empleo rara vez llegan a considerarse como nacionales y se hallan sujetos a diversas formas de discriminación, la situación para los trabajadores indocumentados cobra tintes dramáticos: la vejación de sus derechos humanos y civiles, salarios por debajo de los establecidos para los trabajadores nacionales y la escatimación de las prestaciones sociales, son algunas de las adversidades que deben estar dispuestos a padecer.

Nuestro país experimenta vivamente este lacerante fenómeno: se calcula que cada año cerca de un millón y medio de compatriotas emigran a Estados Unidos con la esperanza de encontrar trabajo y mejores remuneraciones; de la misma manera, aunque en menor medida, México recibe a migrantes centroamericanos que buscan empleo, huyen de las tensiones sociales en sus países, o transitan hacia el vecino del norte.

En particular, el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos se ha intensificado en las últimas décadas; de acuerdo con estimaciones, en 1970 residían un millón 399 mil mexicanos en Estados Unidos, cifra que se multiplicó aceleradamente para pasar a 4 millones 500 mil en 1990. Por otra parte, según reporta el subsecretario de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado de ese país, en la actualidad 4 millones de indocumentados residen ilegalmente en Norteamérica, de los cuales 1 millón 600 mil (40 por ciento) son de origen mexicano.

Por motivos sociales, económicos, políticos y culturales, en Estados Unidos, desde hace tiempo, ha cobrado fuerza la decisión de restringir la entrada de extranjeros. Las presiones sobre los migrantes y particularmente sobre los indocumentados se han recrudecido, porque han ganado terreno los grupos sociales y las posiciones políticas que los culpan de desplazar a la mano de obra mexicana, de no pagar impuestos y de beneficiarse de la seguridad social, de ser los causantes de incrementos excesivos en el gasto social, de provocar la delincuencia y de encontrarse detrás de ``otros males'' que la sociedad norteamericana prefiere identificar en agentes externos, antes que reconocer como productos de su mismo sistema de vida.

Como resultado de la mezcla del racismo latente, con el malestar de amplios sectores de la población ante su situación personal y familiar, con la manipulación ideológica a través de los medios de comunicación, con estrategias políticas, particularmente en este año electoral, orientadas a fomentar una histeria antinmigrante y a favorecer un espíritu xenofóbico, se han anunciado diferentes proyectos y puesto en marcha medidas para enfrentar la oleada migratoria proveniente del sur.

Entre estas acciones hay que mencionar la Operación Guardián, puesta en marcha en octubre de 1994, para detectar mediante sensores la presencia de indocumentados en el mismo momento en que cruzaran la frontera; la ley 187 del gobernador californiano Pete Wilson aprobada en su estado a finales de aquel año y suspendida un año más tarde por un juez federal, que negaba atención social a los trabajadores indocumentados y a sus familias; el mayor apoyo presupuestario a las actividades de la Patrulla Fronteriza; la construcción de muros en zonas urbanas de la frontera; la detención de indocumentados en los centros de trabajo; las iniciativas de ley antinmigrantes promovidas por el senador Alan Simpson y por el congresista Lamar Smith, ambos republicanos; el tono duro del discurso gubernamental, y las presiones para militarizar la frontera.

Este clima antinmigrante que ha adoptado un fuerte tono antimexicano, ha producido ya diferentes hechos de violencia en los que se han violado los derechos humanos y civiles de compatriotas, como enumera el periódico Reforma: el 12 de febrero de 1988, el joven mixteco Ismael Aarón Ramírez Chávez, de solamente 17 años de edad, fue golpeado al tratar de huir por agentes de la Patrulla Fronteriza en la población de Madera, en el Valle de Fresno, California; en marzo de 1993, policías de la Patrulla de Caminos asesinaron a tiros al mexicano Jaime Porras, cerca del poblado de Arbuckle, en el norte de California; el 11 de marzo de 1994, se informó que un vehículo de la Patrulla Fronteriza del sector Yuma había atropellado ``accidentalmente'' a Rubén García, originario de Celaya, Guanajuato; el 12 de agosto del mismo año, un oficial del departamento de Policía de Compton, un suburbio al sur de Los Angeles agredió al menor Felipe Soltero de la Cruz.

Hace ocho días, el 1 de abril, Alicia Sotero, Enrique Funes y Santiago García fueron golpeados brutalmente, solamente que en esta última ocasión la agresión fue filmada por cámaras de televisión, en un episodio que recuerda el trágico caso de Rodney King, conductor negro golpeado por cuatro policías blancos el 3 de marzo de 1991 y cuya absolución en mayo de 1992 provocó los sangrientos hechos de protesta en varias ciudades norteamericanas.

No debe permitirse, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, que se fomente el odio étnico. Nuestros dos países saldrían muy dañados de ello y se agravarían nuestros de por sí delicados problemas. Como he señalado en ocasión del rechazo a la iniciativa 187, en este mismo espacio, debemos fortalecer el compromiso de encontrar. por medio del diálogo, fórmulas tanto para asegurar el reconocimiento y pleno respeto a los derechos humanos, cívicos y sociales de los migrantes, sin importar su condición legal, como para preservar la soberanía de los Estados y el cumplimiento de la ley.