No ha probado el DDF la corrupción como causal de quiebra; 91 procesos

Ricardo Olayo La suerte de los 12 dirigentes del Sutaur presos en el Reclusorio Oriente será definida en breve por el juez 16, que ha acumulado en su contra 91 causas penales por una retención de cuotas de más de 19 millones y medio de pesos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) prepara además la consignación de otros expedientes por nuevos delitos, en los que se presume la participación de más sindicalizados.Cifras oficiales indican que el número de ex trabajadores afectados rebasa los 800, quienes han presentado denuncias desde 1991. Estas fueron resucitadas hace un año para hacerlas coincidir con la declaratoria de quiebra de Ruta 100.

La PGJDF tiene listas otras 34 averiguaciones previas por el mismo delito de abuso de confianza en su modalidad de retención, además de otros expedientes por administración fraudulenta, en los que se fincan responsabilidades más serias contra la dirigencia y se tiene considerados a otros trabajadores.

Si bien el gobierno de la ciudad denunció un desvío por parte de funcionarios de Ruta 100 en favor del sindicato, y pese a que existen órdenes de aprehensión en su contra, ninguno está tras las rejas, pues de los 11 involucrados, dos se dieron a la fuga y el resto está amparado.

El 8 de abril de 1995 se informó públicamente de la quiebra que fue decretada el día 5 en unos cuantos minutos. Como resultado de está decisión judicial y el desgaste que provocó, el juez primero de lo concursal, Francisco Camacho Urrutia, fue sustituido por Sergio Higera Mota.Días depués se produjo el suicidio de Luis Miguel Moreno, entonces secretario de Transporte, quien estaba agobiado por la presión del trabajo, y según los peritajes tuvo la fuerza física suficiente para darse dos balazos en el pecho, con una pistola calibre 38 no automática.

Luego, el 18 de junio, el fiscal especial del caso Ruta 100, Jesús Humberto Priego Chávez, fue victimado afuera de su casa por cuatro sujetos, uno de ellos lo arrastró hasta la puerta de su domicilio y le dio un balazo en el cráneo; Priego coordinaba a los agentes del Ministerio Público encargados de aportar pruebas en el juicio contra la dirigencia del Sutaur. Su victimario está detenido con el presunto móvil de un asalto.

Unas horas después de este crimen fue hallado sin vida el magistrado Abraham Polo Uscanga con un disparo que le entró por la nuca y fue hecho cuando estaba hincado en el piso de su despacho.

Polo Uscanga había denunciado al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Saturnino Agero Aguirre, porque le exigió autorizar las órdenes de aprehensión en contra de los líderes del sindicato, aun cuando no había pruebas suficientes.

Finalmente las órdenes fueron giradas y los representantes quedaron detrás de las rejas a disposición del juez 16 penal, Enrique Gallegos Garcilazo. Este juez ha dicho que sin importar que haya comparecido el total de denunciantes, ya hay elementos suficientes para dictar una sentencia que se espera en breve.

A los representantes obreros que están presos se les ha exigido una fianza muy alta, que partió de los 10 millones de nuevos pesos en 1995. Sin embargo, no existe un peritaje contable que de fe de lo retenido con certeza.