R-100: un año del mayor conflicto social en el DF

Víctor Ballinas y Alonso Urrutia En abril de 1995, el secretario general de Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF), Jesús Salazar Toledano, al anunciar la quiebra de la empresa Ruta-100, esperaba un conflicto de 90 días, y hoy cumple un año.

Salazar Toledano, el ex director de Rura 100, Jorge Ramírez de Aguilar, y el ex secretario de Transporte, Luis Miguel Moreno, destacaron, el 8 de abril de 1995, que la empresa era inviable por los múltiples vicios que la aquejaban, en virtud de que, entre la administración de la empresa y su sindicato, se dio un nudo operativo que propició prácticas corruptas contra el organismo de transporte.

En esa fecha, el secretario de Transporte, Moreno, anunció que en 10 días sería definido el sistema de transporte alterno que sustituiría a la ex Ruta-100. Argumentó que ``los círculos viciosos que existen en esa empresa impiden la modernización del transporte que requiere la capital del país''.

Dos días más tarde, el regente Oscar Espinosa Villareal indicó que la existencia del sindicato era, asimismo, un obstáculo para la modernizacion del transporte, debido a que tenía el monopolio de los autobuses.

Espinosa Villarreal aseveró, el 19 de abril de 1995, ante asambleístas, que el Sutaur y la pasada administración (la de Manuel Camacho Solís) establecieron relaciones perversas en el manejo de las condiciones generales de trabajo y la administración del organismo de transporte.Asimismo, el Departamento del Distrito Federal reactivó viejas demandas de trabajadores del Sutaur en contra sus dirigentes, lo que motivó la detensión de varios de ellos. Un día más tarde, fue detenido al asesor legal del Sutaur , Ricardo Barco.

Quince días después, el DDF informó que la quiebra de la empresa de transporte Ruta-100 respondió a un monto de pérdidas por 2 mil millones de pesos, acumuladas en los ejercicios 1992, 1993 y 1994. A eso, el DDF sumó las pérdidas por corrupción en la gestión administrativa de R-100, que, hasta el momento, no ha probado claramente. De hecho, ningún trabajador de administración ha sido detenido.El contralor, Héctor Manuel Valenzuela, ha rehusado hablar del asunto con los reporteros. Cada vez que ha sido requerido por los periodistas, en distintos actos a los que ha asistido, su respuesta ha sido la misma: ``no tengo nada que agregar. Se está investigando. Había un desorden de tal magnitud que se está analizando la información con la que contamos''.

Incluso, al propio Espinosa Villareal, se le ha solicitado información al respecto, y ha respondido que quien debe dar esa información es su contralor.

Sin embargo, a un año de iniciado el conflicto en Ruta 100, el Departamento del Distrito Federal reconoce, en un documento de circulación interna elaborado por las secretarías General de Gonierno y la de Transporte, de fecha marzo 21, que ``la expedición del laudo se obtendría a mediano plazo, reiterando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que su sentido no está garantizado en favor de los intereses del Estado''.Hoy, cuando se cumplan 366 días del conflicto, el DDF, a través de la Secretaría de Transporte, convocará a la licitación de la primera de las 10 empresas que sustituirán a la ex Ruta-100. Operará en el sur de la ciudad con 25 rutas y 363 autobuses.

La prolongación del conflicto más allá del tiermpo previsto por el gobierno capitalino ha paralizado la inversión privada nacional y ha detenido la vigencia de la recién aprobada Ley del Transporte, tendiente a alentar la presencia del capital privada en el ramo.

Empresas como DINA, MASA, Mercedes Benz y Casa, entre otras, y algunos de los principales líderes de rutas de microbuses aguardan que el DDF finiquite una deuda superior a la la inversión que realizará en los programas asistenciales para poder invertir.

El DDF ha informado en diversas ocasiones que los potenciales inversionistas de carroceras, armadoras, antiguos ex pulpos del transporte y líderes del transporte concesionado de microbuses, han manifestado al gobierno su temor de que los ex trabajadores actúen de manera virulenta y quemen los autobuses, como ya pasó en otros conflictos de Ruta-100 y de camioneros mexiquenses.

Apenas hace unos días, el secretario de Transporte, Ramírez de Aguilar, explicó que la modernización del transporte era impensable con la dirigencia del Sutaur, que estaba acostumbrada a imponer y chantajear, como fórmula para preservar sus cuotas y espacios de influencia.

A un año del conflicto, un secretario de Transporte del DDF se suicidó y un magistrado que, de acuerdo con la versión oficial, también se suicidó. En breve, se iniciará la licitación de las empresas.