La Jornada 8 de abril de 1996

Acuerdo con reos de Sierra Chica, Argentina; liberan a los 17 rehenes

Ap, Afp, Ansa y Reuter, Buenos Aires, 7 de abril El motín que durante ocho días mantuvieron más de mil presos en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, en la provincia argentina de Buenos Aires, llegó hoy a su fin cuando los reclusos firmaron un acuerdo con las autoridades penitenciarias y liberaron a las 17 personas que mantenían como rehenes.

El resto de los amotinamientos y protestas carcelarios comenzaron a terminar después del acuerdo alcanzado en Sierra Chica, y lentamente retornaba la normalidad a las otras cárceles, once de ellas situadas también en la provincia de Buenos Aires.

"Tengo la gran alegría de informar, como regalo de Pascua, que la situación en las cárceles se ha normalizado", dijo el obispo católico de la ciudad de Azul, monseñor Emilio Bianchi, quien intervino en las negociaciones.

Doce de los 30 líderes del motín de Sierra Chica, epicentro de la revuelta carcelaria, salieron en un autobús hacia el penal capita-lino de Caseros con la garantía de que no habrá represalias por la crisis, mientras los restantes serán distribuidos en otros penales cercanos a domicilios de sus familias.

A su vez, los rehenes salieron del penal en medio de los aplausos de gran cantidad de personas que se encontraban en la puerta de la cárcel, la mayoría familiares de los amotinados. "Durante mi permanencia en la unidad tanto yo como los otros rehenes hemos recibido un tratamiento respetuoso. No su-frimos ningún tipo de agresión", dijo la jueza María Malere, tomada como rehén cuando concurrió el pasado sábado a intentar dialogar con los amotinados.

Las exigencias de los amotinados fueron mejores condiciones de alojamiento en las superpobladas cárceles, aceleración de juicios, ya que más de 40 por ciento de los detenidos todavía no tiene condenas, y cumplimiento de la ley que obliga a computar doble cada año detenido sin sentencia.

El acuerdo alcanzado incluye el traslado de los cabecillas en una caravana de periodistas, legisladores y religiosos; una petición a la Corte Suprema para acelerar la aplicación de la ley dos por uno; la formación de una comisión para estudiar los problemas de alojamiento en las cárceles y gestiones para modificar las penas por robo de vehículos, en algunos casos superiores a la condena por homicidio simple.

Mientras, los miles de prisioneros que desde distintos penales del país se unieron a las protestas de Sierra Chica --a 400 kilómetros de la capital-- comenzaron a negociar su entrega y a liberar al resto del total de los 27 rehenes. A su vez, unos 400 reclusos de la cárcel de Bahía Blanca pusieron fin a una huelga de hambre que comenzó el miércoles en respaldo a sus compañeros de Sierra Chica.

Como resultado de las refriegas entre los convictos, se informó oficialmente que tres detenidos murieron a manos de sus propios compañeros, mientras hubo decenas de heridos, incluyendo a varios guardias.

Pero un preso de Sierra Chica que se encuentra en un hospital de la localidad confirmó este domingo al diario Página 12 que "los más duros`` habían matado a nueve reclusos" y que ''el olor obligó a que se quemaran los cuerpos" en el horno de la panadería del penal, versión que coincide con la de varios familiares.

"Una semana de amotinamientos con más de 11 mil protagonistas, varios muertos y numerosos rehenes indica que es necesario tomar decisiones rápidas y efectivas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los presos, a revisar el servicio de guardiacárceles y a agilizar el sistema judicial", dijo el editorial dominical del diario Clarín, antes de advertir que "de otro modo, el sistema carcelario seguirá siendo una bomba".

El conflicto carcelario fue el más importante que debió soportar el presidente Carlos Menem, aunque las autoridades nacionales prefirieron mantenerse en un segundo plano y hacer depender la resolución de la del gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde.

En otro orden, los militares argentinos quieren participar activamente en la lucha contra el narcotráfico, aunque les está vedado por ley, ya que "saben que dentro de poco Estados Unidos comenzará a repartir unos 5 mil millo-nes de dólares en América Latina entre los ejércitos involucrados en la represión al narcotráfico y que podrían acceder a unos mil millones de dólares, suma que equivale al total que recibirán en los próximos ocho años".