La relación, intacta: Jones; trato de héroes a golpeadores

Elena Gallegos Ante la protesta de legisladores mexicanos por la violencia policiaca empleada en California contra los indocumentados, congresistas estadunidenses señalaron que en su país existe ``enorme ira'' por lo ocurrido, y ofrecieron que ``se hará justicia''. En tanto, el embajador James Jones sostuvo que se equivocan quienes dicen que el incidente de Riverside ``tensó'' las relaciones entre México y Estados Unidos, ya que el gobierno del presidente Clinton ``no está tratando de encubrir a nadie'' y los agentes involucrados irán a la Corte.

También los congresistas del vecino país hicieron un nuevo llamado para que los gobiernos mexicano y estadunidense refuercen su cooperación en la lucha contra las drogas, ya que el narcotráfico es un adversario que opera en la oscuridad y amenaza la seguridad y a las democracias del hemisferio. Aceptaron que el creciente consumo debe ser abatido para que el combate sea efectivo.

Lo anterior ocurrió anoche en una reunión que sostuvieron en San Lázaro legisladores mexicanos de las comisiones de Relaciones Exteriores de las dos cámaras con Paul Coverdell, presidente del Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Senado de Estados Unidos y con los representantes Dennis Hostert, de Illinos, y Marc Edward Souder, de Indiana.

Durante el encuentro, la diputada por Baja California, Franciscana Kraus, hizo saber a los visitantes la indignación que ocasionó en el país la golpiza que propinaron agentes del sheriff de Riverside a un grupo de indocumentados. Los anfitriones entregaron a los estadunidenses los puntos de acuerdo signados por las distintas bancadas parlamentarias condenando ese suceso, la Ley Helms-Burton y los discursos racistas que se usan en las campañas electorales del vecino país.

Por su parte, el general Luis Garfias, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, expuso lo relacionado con el narcotráfico; la necesidad de que se combata el consumo de estupefacientes y el reforzamiento de las acciones emprendidas por México para atacar totalmente el fenómeno.Al término del intercambio, los legisladores de ambos países ofrecieron una conferencia de prensa en la que resumieron los puntos abordados. La reunión se efectuó a petición de los congresistas estadunidenses y en ella originalmente sólo se tocaría el tema del tráfico de drogas, pero a solicitud expresa de los mexicanos se incluyó también el migratorio.

El senador Coverdell informó que durante la conversación con los mexicanos convinieron en que el incremento del consumo de drogas en Estados Unidos es un elemento central en este grave fenómeno y que trae consecuencias para países como México, Perú, Colombia y Bolivia.``Hemos dicho que estamos de acuerdo con el presidente (Ernesto) Zedillo en que el narcotráfico es la principal amenaza, pero no sólo para la seguridad de México sino para la del hemisferio, y que este problema es un adversario inhumano al que no le preocupan ni la soberanía ni los derechos humanos, por lo que si no se le controla traerá serias amenazas a nuestros países'', precisó Coverdell.

Luego dijo, en relación con los hechos de Riverside, que hay una ira mutua y que la mayoría de los estadunidenses no están de acuerdo con este tipo de actos. Pero convino en que el tema migratorio es complejo y delicado, y que se convierte en especialmente sensible debido a la crisis económica que enfrenta su país.

Por su parte, el representante Hostert aseguró que Estados Unidos es un país de leyes, y que frente al grito que clama justicia los estadunidenses saben que el derecho prevalecerá y se castigará a quienes empleen la violencia contra los migrantes. Sin embargo, expresó que si se abren completamente las fronteras llegarán cientos de miles de indocumentados y que ello representará un peligro para la economía de Estados Unidos, de ahí lo complejo del asunto.

Sobre el consumo de narcóticos insistió en el llamado de que se refuerce la lucha en su contra, y comentó que el fenómeno es tan grave que 95 por ciento de los crímenes que en su país se cometen tienen relación con el narcotráfico.

Finalmente, y en respuesta a una pregunta, el senador Coverdell descartó cualquier posibilidad de que se legalice el consumo de las drogas, porque no se puede ``condenar a la destrucción a millones de compatriotas''.

El embajador Jones, a su vez, dijo que no debe usarse la palabra ``tensión'' en el estado que guardan las relaciones entre los dos vecinos después de los sucesos de Riverside, pues ``hemos condenado la violación a los derechos humanos tanto como el gobierno mexicano y no estamos tratando de encubrir nada''.

Insistió en que hay una investigación en curso, dijo que el asunto se llevará a la Corte y sostuvo que hay un ``gran crecimiento en el número de quejas por maltrato''. Convino también en que es importante que ningún agente federal participara en el incidente, y aseguró que se está sensibilizando a las distintas policías en lo que son México y los mexicanos.

Blanche Petrich Los policías fronterizos Tracy Watson y Kurt Franklin, autores de la golpiza videograbada a tres indocumentados mexicanos, son los héroes del día en la blanca zona de Westwood y sus alrededores, el West Side del condado de Los Angeles.

El sábado pasado merecieron una concentración popular en su honor. Cerca de 200 vecinos, nietos de inmigraciones inglesas, irlandesas, alemanas, quizá italianas, indudable mayoría wasp white anglo saxon and protestant marcharon por las arboladas avenidas westwoodianas coreando consignas ``antihispánicas'' y antimexicanas; en general antiinmigrantes. (A esa hora otra marcha de 7 mil personas hacía historia en el centro de la ciudad: ellos demandaban el fin a la violencia contra las nuevas olas de migrantes del Sur).

Ese mismo domingo los manifestantes antimigrantes se pegaron al teléfono para inundar de llamadas a la oficina del director del distrito del Servicio de Inmigración y Naturalización, Richard Rogers, para protestar por la decisión de la institución de otorgar permisos temporales para los compañeros de viaje de los inmigrantes golpeados, para que pudieran acudir como testigos al proceso judicial. Convocados por los congresistas que promovieron con éxito la iniciativa 187, que deja sin derecho a la salud y la educación a los hijos de los indocumentados, estos californianos tocaron las fibras precisas: ayer mismo, Rogers se retractó de la decisión tomada horas antes de otorgar permisos de trabajo por 16 meses a los 17 pasajeros de la pick-up que el primero de abril fue interceptada en la carretera entre San Diego y Los Angeles. Ellos tendrían que ser piezas clave como testigos presenciales de la persecusión y brutal golpiza propinada por Watson y Franklin a tres mexicanos: Alicia Sotelo, Enrique Funes y José Pedroza.

La golpiza, nada nuevo en la vida fronteriza, desató una polémica sin precedente en California y muchos consideran que el juicio a los dos agentes puede convertirse en un parteaguas que puede o no cambiar la violencia sin fin que se sufre en la región.

``Por eso es indispensable la presencia de los testigos mexicanos en el juicio'', sostiene Lydia Brazon, directora del Proyecto de Ley Humanitaria. ``Sin los testimonios de los otros mexicanos que viajaban en el mismo vehículo, el jurado sólo escuchará la palabra de las víctimas y la de los victimarios. Y es muy probable que en este duelo de palabras tenga más peso la palabra de los policías que la de los indocumentados''.

Para esta abogada de origen nicaragense, promotora de muchas iniciativas sobre México en Estados Unidos, la ausencia de los testigos ``será garantía de impunidad'' para Watson y Franklin en el juicio .Y es algo más: ``No hay que olvidar que en el caso de Rodney King (otra golpiza brutal videograbada, ésta contra un negro) el detonante de los históricos disturbios de Los Angeles no fue la revelación de la golpiza en sí, sino el hecho de que el jurado haya declarado inocentes e impunes a los golpeadores''.

Por lo pronto, según advierte un boletín emitido por el Proyecto de Ley Humanitaria, la asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en curso estos días, conocerá un vasto expediente de maltrato a mexicanos en la frontera estadunidense. La golpiza a los inmigrantes en la carretera de Riverside será un botón de muestra de la denuncia internacional que presentará Karen Parker a nombre del Proyecto de Ley Humanitaria.La directora de esta organización no gubernamental en Los Angeles le advirtió lo anterior al director del distrito californiano del SIN, instantes después de que Rogers decidiera revocar los permisos de trabajo a los 17 mexicanos.

Lydia Brazon aseguró que un grueso sector de la población californiana que antes de la golpiza tenía posiciones más reservadas hacia la migración ahora se ha volcado a favor y en apoyo al inmigrante: ``Yo creo que si la votación a la ley 187 se hubiera dado hoy no hubiera sido aprobada. Por dos razones: mucha gente tomó conciencia de las falsedades que se promovieron. Y además porque muchos latinos inmigrantes que no habían entendido la importancia de obtener la ciudadanía para tener derecho al voto ya entendieron la lección y se nacionalizaron''.Este lunes la Coalición de Derechos Humanos de Inmigrantes (CHIRLA), la más importante, obtuvo una audiencia con el SIN para abogar a favor del sostenimiento de los permisos de trabajo para los 17 mexicanos que pueden ser testigos en el caso de la golpiza.

``A ellos les han llovido ofertas de empleo de todo tipo a través del radio y de la televisión'', sostiene Lydia.