Desmantela la PGR una banda internacional de polleros en Tijuana
Corresponsales La Procuraduría General de la República (PGR) desarticuló en Tijuana una banda internacional de ``traficantes'' de indocumentados que con papeles migratorios apócrifos introducía a sus ``clientes'' hacia Los Angeles, informó ayer el delegado de la PGR, Luis Antonio Ibáñez Cornejo.
En tanto, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en Baja California, Chihuahua y Texas, propusieron mecanismos de defensa de los migrantes, entre ellos la creación de una procuraduría en toda la franja fronteriza de México y Estados Unidos que asuma su defensa legal, rápida y expedita, sean indocumentados o no.
Mexicanos deportados por Estados Unidos regresan a sus
lugares de origen. Foto: Miguel Cervantes Sahagún
En El Paso, Texas, el vocero de la Patrulla Fronteriza, Doug Moisier, anunció que a finales de mayo concluirá la construcción de la malla metálica de 2 kilómetros de largo y 4 metros de ancho que se levanta entre Sunland Park y Puerto de Anapra, a 8 kilómetros de Ciudad Juárez.
En Tijuana, el delegado de la PGR, Ibáñez Cornejo, detalló que en una acción efectuada el domingo en Baja California, agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) aprehendieron a integrantes de una banda de polleros (tres de ellos mexicanos, un guatemalteco y una colombiana), a quienes se les incautó documentación migratoria falsa que servía para burlar al Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN).
Destacó que fueron detenidos Ignacio Fernández Hidalgo, Fernando Fernández Gallardo y José Guadalupe Flores cuando guiaban a cinco personas hacia el hotel Londres, de la colonia Federal, el cual era utilizado como centro de operaciones de la organización delictiva.
Por encubrimiento, se arrestó también el gerente del negocio, quien, pese a conocer las actividades de sus inquilinos, no lo reportó a las autoridades. El nombre del quinto detenido no fue dado.
Se informó que las autoridades migratorias de Estados Unidos alertaron a la PGR sobre la existencia de al menos tres organizaciones de este tipo que operan en forma coordinada en ambos lados de la frontera.
Frente común de defensa En torno a la iniciativa para crear la procuraduría para la defensa del trabajador migrante, Enrique Lomas Arellano, asesor de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, explicó que ese punto será planteado el 18 de abril en un panel sobre violencia contra los trabajadores mexicanos que tendrá lugar en Ciudad Juárez.
Apoyan esta iniciativa la Coalición de Derechos Humanos y el Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, ambos de El Paso, Texas, así como el Centro de Información y Estudios Migratorios de Ciudad Juárez.
En Nuevo León, el diputado federal priísta Dante Decanini Livas dijo que el Congreso de la Unión convocará a instituciones públicas y privadas y a los congresos y poder Ejecutivo de los estados a crear un frente común en defensa de los indocumentados, luego de los últimos hechos en California.
El legislador neoleonés señaló que la finalidad es unir fuerzas para frenar los abusos contra los indocumentados mexicanos. Indicó que se hará un consenso para manifestarse con un documento en el que ``punto por punto se analice y exija decisiones al gobierno de Estados Unidos''.
Asimismo, el Congreso local acordó solicitar por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores protestar enérgicamente ante la Casa Blanca y el gobierno de Pete Wilson, en California, para que cesen la discriminación y el trato violatorio a los derechos humanos de los migrantes y contra la política migratoria estadunidense.
También en Monterrey, militantes del Partido Popular Socialista se manifestaron frente al consulado estadunidense contra las violaciones a los derechos humanos de trabajadores indocumentados.
En Naucalpan, estado de México, Alberto Rojas, presidente de la agrupación Norteamericanos por la Democracia en México, demandó a los gobiernos de México y Estados Unidos establecer una legislación migratoria para proteger los derechos humanos de los trabajadores mexicanos que emigran al país del norte.
Rechazo a la brutalidad policiaca El gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, acusó a su homólogo de California, Pete Wilson, de ``provocar una terrible xenofobia en contra de los mexicanos'' al utilizar un lenguaje muy duro y despótico que desprestigia a los migrantes.
A su vez, Blanca Villaseñor, directora del Albergue Juvenil del Desierto en Mexicali, Baja California, calificó de lastimoso para la nación que el gobierno haya reaccionado sólo ante un video y no por las voces que se expresan desde hace años en la frontera contra la violencia hacia miles de trabajadores indocumentados.
Destacó, sin embargo, ``que el gobierno no tiene calidad moral para exigir el cumplimiento de los reglamentos y procesos de deportación porque igual comete violaciones a derechos humanos en la frontera sur, y sostiene, en contubernio con Estados Unidos, un modelo económico que ha producido, orillado y aventado a miles de pobres a la migración''.
Otro que se sumó a las condenas fue el presidente de la Comisión para Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, el priísta Roberto Pedraza Martínez, quien destacó que la agresión en Riverside debe ``remover la llaga'' no sólo del lado estadunidense, sino también del mexicano.
Entrevistado en Hidalgo, de donde es oriundo, Pedraza señaló que policías judiciales, federales, de caminos y agentes aduanales despojan de sus pertenencias, dinero y hasta ropa a quienes cruzan la frontera para regresar a sus lugares de origen, y señaló que quienes, por falta de fuentes de empleo emigran a Estados Unidos, ``paradójicamente'', se convierten en el tercer generador de divisas para el país.
Armando Ortiz Rocha, cónsul de México en El Paso, habló sobre la necesidad de que secretarías de Estado, gobiernos municipales, estatales y federal, así como organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos fortalezcan los procesos informativos que den a conocer la peligrosidad que representa para los connacionales ciertas zonas para el cruce como son el río, desiertos, carreteras y vías del ferrocarril.
Lejos de esta perspectiva, la Patrulla Fronteriza informó que al concluir la malla metálica que desde el 9 de enero construye entre Sunland Park y el Puerto de Anapra, llegarán a esa zona 23 de los 75 nuevos agentes que autorizó la corporación para vigilar la zona.
Los 2 kilómetros de valla contarán con cámaras de vigilancia especiales, así como equipos de visión nocturna para detectar movimientos de indocumentados, luces infrarrojas, rastreadores de piso y caminos para patrullar día y noche.
El asistente local de la corporación, Robert Sáenz, dijo que se recibieron instrucciones de Washington para intensificar la vigilancia aérea en esa zona a bordo de cuatro helicópteros equipados con luces de halógeno, sistema de comunicación y cámaras de rayos infrarrojos. (Jorge Alberto Cornejo, Alejandro Romero, Rubén Villalpando, Antonio Heras, Manuel Carrillo, Patricia Giovine, David Carrizales, Carlos Camacho y Ana Salazar)