Autoritarismo en lugar de liderazgo

No es una novedad que en los últimos tiempos los dirigentes empresariales critiquen las políticas económicas del gobierno de Ernesto Zedillo. No han sido pocas las ocasiones en que los representantes de la Coparmex y la Concamin han pretendido, incluso, regañar al Ejecutivo por los escasos resultados en los programas para contener y revertir la crisis económica.

Sin embargo, llama la atención el tono, la forma y el fondo de la crítica de los últimos días, especialmente de Carlos Abascal Carranza, de la Coparmex, y de Víctor Manuel Díaz Romero, de la Concamin, quienes prácticamente denunciaron el fracaso total de los proyectos y programas gubernamentales en materia económica, pidieron poner fin a los engaños a la ciudadanía y, en cambio, propusieron una reconstrucción del Estado y no sólo paliativos sexenales.

Efectivamente, existe una importante pugna entre un amplio grupo del gabinete económico, incluido el propio Ejecutivo, y un sector nada desdeñable del empresariado mexicano, que ha llevado a las planas de los periódicos las escaramuzas entre funcionarios del gobierno zedillista y los representantes de la iniciativa privada.

Más aún, en una desusada conferencia de prensa, convocada el Viernes Santo y difundida el Domingo de Resurrección, Carlos Abascal Carranza dejó caer lapidario un ``no ha cambiado nada'' en el gobierno de Ernesto Zedillo, para luego proponer la reconstrucción del Estado mexicano.

Pero además, el dirigente de la Coparmex deslizó una severa crítica a algunos funcionarios públicos, quienes en su opinión ``deben complementar sus estudios académicos, realizados con frecuencia en universidades extranjeras, trabajando o acercándose a los sectores productivos nacionales, para que tengan una comprensión muy clara de lo que es el riesgo de inversión y de cómo conducir a la planta trabajadora''.

En el fondo, la grieta que se percibe en las otrora tersas relaciones del gobierno con la iniciativa privada, no es más que la pugna de los hombres del Presidente, de los doctores de universidades privadas extranjeras y los empresarios mexicanos, por imponer en los dos casos sus criterios en lo que será el Programa de Política Industrial que en breve dará a conocer el presidente Ernesto Zedillo.

Para nadie es un secreto que las principales agrupaciones empresariales mexicanas se opusieron al Programa de Política Industrial, que el Ejecutivo debió presentar durante la 77 asamblea de la Concamin el pasado 25 de marzoy que de última hora fue retirada para dar paso a una nueva discusión. Y es que simple y llanamente no hay puntos de acuerdo entre los funcionarios públicos egresados de universidades extranjeras, que piensan y hablan en inglés y que no se salen ni un milímetro de las recetas de los libros, y los economistas privados, que parecieran proponer un programa industrial de largo plazo y no sólo paliativos sexenales.

En realidad, las repetidas escaramuzas entre el gobierno y los empresarios muestran que no existe un criterio unificado en torno a la política industrial que se requiere en México, sobre todo frente a una crisis económica que, más allá de las disputas, registró en 1995 un incremento en el desempleo abierto de 115 por ciento respecto a 1994, o si se quiere, que en enero y febrero de 1996, el desempleo abierto llegó a 6.4 y 6.3 por ciento, respectivamente.

No existe un criterio unificado frente a una economía mexicana que en 1995 experimentó la mayor caída del producto interno bruto de 6.9 por ciento en los últimos 64 años, y de una industria nacional prácticamente paralizada, ya que trabaja al 60 por ciento de los niveles registrados en el periodo de 1994. Frente a un descenso de 9.1 por ciento, en 1995, del gasto público destinado al desarrollo social. O más grave aún, que en las últimas tres décadas quienes poseen la mayor riqueza, el 41.2 por ciento del ingreso total, son apenas un millón 800 mil familias, todo esto a costa del empobrecimiento generalizado.

Y mientras que los empresarios critican la política monetaria restrictiva y de control inflacionario, porque ha provocado la quiebra de empresas, y reclaman medidas reales para abatir la pobreza, Ernesto Zedillo insiste en que no modificará la estrategia monetaria y continuará privilegiando el control de la inflación. Pareciera que no hay más alternativa que la presidencial, sólo que con los gobiernos priístas, autoritarios como el actual, lo único que se ha producido es una mayor desigualdad, ricos más ricos y pobres más pobres. Pero hasta cuando?

En el camino

José Córdoba Montoya regresó a México, quiso limpiar su nombre, dobló a la PGR, se empantanó más y se fue nuevamente. Pero debe reconocerse que unificó a los mexicanos. En su contra.