En unos días más, la derecha panista encabezada por Antonio Lozano Gracia, de la mano del actual Presidente, de la todavía República Mexicana, con el aval de la más indigna legislatura de nuestra historia, habrán convertido en anécdota la Constitución de 1917, y con ello se iniciará de manera formal la primera dictadura del siglo XXI: un narco-Estado, policiaco-militar, disfrazado de cara a la comunidad internacional con una fachada civil.

En México ni siquiera se trata de imponer un proyecto neoliberal. Hasta el neoliberalismo necesita de la democracia para prosperar. Mientras en la mayoría de los países de la comunidad internacional se avanza en el control de los excesos del Ejecutivo, con reformas de fondo a los Poderes Judiciales, en aras de que sean autónomos, dignos, impecables; en el nuestro, con las panistas reformas legales para dar poderes ilimitados al Ministerio Público más corrupto del mundo, se está instaurando un régimen fascista.

Se equivocan. Con gobernantes inteligentes, con una pizca de sabiduría, un poco de memoria histórica y un mucho de buena voluntad, los mexicanos pudimos haber transitado a la democracia sin vivir las trágicas experiencias de casi todos los países latinoamericanos. Nadie va a ganar; tampoco los que hoy se sienten triunfadores, que pasarán a la historia como traidores a la Patria y que tan sólo van a servir para administrar el proyecto de otros, el proyecto de los que realmente mandan.

Muchos son los antecedentes que culminan con la legislación con la que se nos va a imponer un régimen totalitario. La cada vez más deficiente educación escolarizada, la proliferación con el apoyo gubernamental de las sectas norteamericanas para dividir a las comunidades, la cancelación paulatina de la seguridad social, el salario que no alcanza para satisfacer las necesidades que propicien un mínimo de bienestar familiar, el acaparamiento de las riquezas por el caciquismo que vuelve a proliferar, el narcotráfico y las alianzas gubernamentales con el crimen organizado, el lavado de dinero, la cancelación del Estado de derecho, el exterminio, con el zedillazo a la Corte, del Poder Judicial; en fin, el entreguismo hasta la ignominia a las decisiones de un gobierno extranjero.

En los Estados totalitarios, las instituciones dejan de tener vínculos con la realidad de las personas, que cada vez se aislan más, aparentemente por indiferencia y, al inicio de una dictadura, en un buen número de gente así es; pero un poco más adelante, se aislan por temor y luego por terror.

En los Estados totalitarios se impide la participación de los ciudadanos para poner los candados necesarios al ejercicio de los gobernantes, como el ideal de la cooperación democrática, forma única de control de la corrupción. Por eso, la persecución a los miembros de la Iglesia comprometida con los más pobres, con los indígenas, con los campesinos; de las organizaciones no gubernamentales, de los comités ciudadanos, de las instituciones de asistencia privada, de la oposición.

En un Estado totalitario se motiva a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes, a los viejos y a los niños, a la no participación. Se reprime y castiga cualquier transgresión a lo que el gobierno decide que ``debe ser''. En nombre de la moral y las buenas costumbres se impone el más inmoral y perverso de los regímenes: el fascismo.

En los Estados totalitarios, la corrupción es la punta del iceberg que indica un problema mucho más profundo: el autoritarismo gubernamental, evidenciado hoy en México con la reforma Constitucional que cancela las libertades consagradas en las garantías individuales y permite la intervención del Estado en la vida privada, evidenciado, en la nueva legislación penal que, a nombre del combate al crimen organizado cancela la libertad hasta para comunicarse y permite la acusación y el castigo por acusadores y jueces sin rostro. Amén de que alía al aparato procurador y administrador de justicia, profundamente corrompido ya, con los criminales que serán tratados con la benevolencia que en estos regímenes suele dárseles.

En los Estados totalitarios, las fuerzas armadas tienen injerencia en las cuestiones de seguridad pública y son usadas para implantar el terror y la represión.

En fin, qué lástima que los mexicanos no hayamos sido capaces de rescatar la memoria histórica de América Latina para no vivir el imperio irracional de la doctrina de la seguridad nacional, con sus resultados de terrorismo de Estado y violaciones, sin fin, a los derechos humanos.