Anuncia el gobierno la primera licitación para empresas de transporte

Víctor Ballinas El Departamento del Distrito Federal (DDF) informó que las bases de licitación para la primera empresa de transporte público de pasajeros en autobuses tendrán un costo de 8 mil pesos, la concesión es por 10 años prorrogable, podrán participar personas fisicas o morales, con un capital contable mínimo de 10 millones de pesos y con la exclusión de extranjeros.

Hoy martes se publicará la convocatoria del concurso público nacional para obtener la concesión de la primera empresa que operará 25 rutas en la zona sur de la ciudad. Las bases se podrán adquirir desde el próximo 23 de abril al 7 de mayo, y las instalaciones y las rutas y las instalaciones serán visitadas del 8 al 11 de mayo. La recepción de ofertas se recibirá el 16 de junio y el 14 de agosto se dará a conocer el fallo del concurso.

La Secretaría de Transporte y Vialidad del DDF destacó que "la concesión es a 10 años porque en ese lapso el inversionista recupera la inversión, y es tiempo suficiente para evaluar la prestacion del servicio, además de que la concesión es prorrogable".

Asimismo, la STV indicó que "los 10 millones de pesos no significan que los inversionistas harán una inversión por ese monto, lo que sucede es que para que puedan adquirir las bases de la convocatoria se requiere tener como mínimo un capital de 10 millones de pesos".

Sin embargo, añadió la Secretaría de Transporte, si un inversionista quiere adquirir los autobuses nuevos tendrá que erogar 200 millones de pesos para contar con 363 autobuses nuevos, cada uno con un costo de 400 mil pesos, más 10 por ciento de la inversión para servicios, más 20 por ciento para operación".

A ello le tendrá que sumar la venta de cada permiso, y la renta de los módulos, la adquisición de refacciones y mantenimiento.

Las rutas que se concesionarán se ubican en tres modulos: el primero considera la 78, que partirá del Estadio Azteca a Chichicaspa; la 131, de Izazaga a la caseta de cobro de la Autopista a Cuernavaca, la 132 A, del Metro Universidad a San Andrés Totoltepec. También agrupa las rutas 134, 134A y 134B, que iniciarán su recorrido en el Estadio Azteca con destino a Santo Tomás Ajusco, Pueblo de Parres y Topilejo, la 135 y 137 partirán de Izazaga con rumbo a San Andrés Totoltepec-Tepeximilpa.

En el módulo 2, todas las rutas partirán del Metro Taxqueña con diferentes destinos; la 121 hacia Judío Tanque, la 127 a San Nicolás Totolapan, la 127 A a Contreras --Los Dinamos--, la 128 a Contreras Anzaldo; la 128 A a Oyamel, y la 140 al Reclusorio Sur.

En el caso del grupo 3, las rutas partirán del Metro Universidad con rumbos distintos; la 19 B con destino a Reforma; la 119A hacia Popular Santa Teresa, la 123 a Bosques, la 125 a Bosques por López, la 125A por Belvedere, y la 125 B por Bosques del Pedregal.

Los requisitos para las personas morales son: ser de nacionalidad mexicana, tener en sus estatutos la exclusión de extranjeros, tener como objeto social actividades afines o conexas al servicio público de transporte; acreditar que se tiene un capital contable mínimo de 10 millones de pesos.

Para las personas físicas se requiere: ser de nacionalidad mexicana cada uno de los integrantes del grupo y contar con la cláusula de exclusión de extranjeros --porque así lo marca la Ley de Inversión Extranjera, en el caso de transporte público de pasajeros--, entre otras.

Alonso Urrutia A un año de la quiebra en Ruta 100, su legalidad y legitimidad fue nuevamente debatida en el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). Entre la crítica perredista al embate gubernamental para liquidar al sindicato y el cuestionamiento panista a la dirigencia del Sutaur, a la que acusó de estar coludida en la corrupción y malversación de fondos que determinaron la desaparición de la empresa.

Panistas y perredistas se enfrascaron en una discusión en el pleno de la ARDF sobre el conflicto. Leopoldo Ensástiga --del PRD-- dijo que existe una deliberada intención del DDF para marginar a los trabajadores de su participación en el transporte para instrumentar la privatización, regateando la respuesta a las demandas sindicales.

A su vez, los panistas Víctor Orduña y José Luis Luege señalaron que el DDF ha hecho una oferta cuyo monto global es superior a una liqudación de 100 por ciento y proporcionando empleos. Lo que no dice, aseguran asambleístas, es que existen negociaciones oscuras del sindicato en el que piden gasolineras, macrocentros y placas de taxis.

En medio de ello, el priísta Salvador Muñuzuri y el petista Francisco González reivindicaron el diálogo como vía para solucionar el conflicto. Muñuzuri señaló que el gobierno capitalino externó su determinación de seguir con las negociaciones entre las partes. Sin embargo, advirtió que la propuesta de agenda del DDF no puede ser unilateralmente impuesta por el mismo, sino que debe ser consensada.

Por su parte, en entrevista, el líder de la ARDF, Manuel Jiménez, habló de que la solución podría venir por la vía del concesionamiento de dos empresas --que ya había sido aceptada por los trabajadores-- al tiempo que señaló no se habrá de solicitar la fuerza pública para desalojar a los trabajadores porque existe tolerancia para todas las formas de expresión política y social.

Largo debate entre el PRD y el PAN en torno a la legalidad del proceso. El perredista Leopoldo Ensástiga criticó el embate del DDF en contra del sindicato para exterminar la organización y sacarlo de su participación en el transporte, para poder impulsar su política de privatización.,

Ensástiga criticó que el DDF haya alargado deliberadamente la respuesta en torno a su disposición al diálogo con el objetivo de debilitar al sindicato. Señaló que el gobierno había errado en su percepción de resolver un conflicto mediante el endurecimiento y advirtió que ninguna autoridad tiene derecho a tratar con "la punta del pie" a una organización social.

Más adelante señaló que si se va a hablar de corrupción es necesario que la contraloría del DDF --en manos de un panista-- haga públicos los resultados de la auditoría.

En contrapartida, José Luis Luege aseveró que es legítima la defensa de las organizacioes sociales, pero no es congruente que se financien grupos --Movimiento Popular Independiente-- con los recursos públicos destinados a una empresa. "Si usted defiende eso --dijo al perredista-- esta avalando la corrupción".

Luege citó una larga lista de desviaciones de recursos por parte de la dirigencia sindical que llevaron a la quiebra al organismo. A la justificación panista de la quiebra siguió una descalificación perredista sobre el apego jurídico de la acción.

Por su parte, Muñúzuri dijo que la oferta gubernamental de dos empresas es atractiva para solucionar el conflicto, pues da empleo a 4 mil 500 trabajadores, a los que se añaden las becas que han sido ofrecidas.

Muñúzuri señaló que evidentemente la agenda de trabajo que se había acordado en noviembre pasado ha sido rebasada y estamos ahora en otro momento de la discusión que requiere consensar una nueva propuesta.

En tal sentido, virtualmente descalificó que el tema de las liquidaciones pudiera volver a discutirse, pues éstas ya se abrieron y una buena parte de los trabajadores ya ha pasado a cobrar su liquidación, si bien reconoció que el conflicto no se ha resuelto y por tanto se requiere continuar las negocaciones.

A su vez, el petista, Francisco González aseveró que su partido se ha pronunciado por una salida negociada al conflicto. Tras cuestionar la tentativa ``neoliberal'' de privatizar al transporte, el asambleísta manifestó que en algunas ocasiones se ha estado cerca de un acuerdo, pero por ``circunstancias coyunturales no se ha podido alcanzar''.

Advirtió que en las últimas semanas el DDF creyó que era posible terminar con el conflicto abriendo las liquidaciones, pero es claro que esto ha fracasado y la reducida cantidad de trabajadores que lo hicieron es un ``éxito muy parcial y discutible''.