SRE: no hay pruebas que impliquen a la Border

David Aponte La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que por ahora no tiene elementos de juicio que permitan suponer que una persecución de la Border Patrol produjo el incidente de Temecula, California, donde murieron siete indocumentados mexicanos. Por la mañana, el canciller José Angel Gurría dijo que esa dependencia ha actuado ``con extraordinaria oportunidad'' en ese caso y en el de Riverside.

No hay ``justificación'' para que la oposición lance calificativos de que la tarea es tibia y burocrática, indicó.

Después de una reunión con un grupo de congresistas estadunidenses, Gurría manifestó que todos y cada uno de los mexicanos que sean objeto de violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos deben hacer la denuncia correspondiente en los consulados mexicanos, porque ``esa gente va a trabajar y a pagar impuestos'', no a cometer ningún acto indebido.

En conversación en la entrada principal de la torre de Tlatelolco, el embajador de Washington en México, James Jones, afirmó que en el caso de Riverside no habrá ``perdón'' para los policías agresores, Tracy Watson y Kurt Franklin: ``Todas las quejas de los incidentes se responden y no vamos a perdonar este incidente''.

Adicionalmente, el gobierno de Washington pondrá en marcha un programa de entrenamiento para todas las corporaciones policiacas de Estados Unidos, con el fin de evitar cualquier violación a los derechos de los inmigrantes, expuso.

``Quienes detuvieron a los inmigrantes no eran agentes federales, pero aun así se va a entrenar a todos los elementos policiacos para que no se violen los derechos humanos de los inmigrantes. Déjenme enfatizar que este no fue un incidente de oficiales federales. En este incidente están involucrados policías locales, como en el caso de Rodney King'', agregó.

Al concluir una reunión privada de poco más de una hora con el titular de la SRE, el congresista republicano Dennis Hastert mencionó que los legisladores estadunidenses trataron los temas de narcotráfico y migración, sobre todo el caso de Riverside, con Gurría y los diplomáticos mexicanos.

``Estamos seguros que esto causó una gran impresión en Estados Unidos y en México. Los policías van a ser castigados y van a ser enjuiciados según las leyes, cuando termine la investigación'', añadió.

Después de despedir a los legisladores Paul Coverdell, Dennis Hastert y Mark Souder, Gurría hizo un amplio recuento de las acciones de la SRE y el consulado de México en Los Angeles en favor de las víctimas de Riverside y Temecula.

En el caso de los tres connacionales golpeados, Alicia Sotero Vázquez, Enrique Funes Flores y José Pedroza Cortes, la Cancillería inició labores de protección; solicitó la intervención de la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y supervisó el derecho de los afectados a interponer las demandas civiles y ``México protestó oficialmente de gobierno a gobierno''.

Respecto a la volcadura de una camioneta que transportaba indocumentados, la dependencia ha solicitado a Washington una revisión de los métodos y sistemas en la aplicación de sus leyes migratorias. No obstante, aquí no ``tenemos documentada ninguna persecución'' como la del primero de abril, expuso.

En la volcadura murieron Leodegario Avilés Varela, Felipe Arias Bautista, Salvador Chávez Muñoz, Jaime Chávez Muñoz, Benjamín Chávez Muñoz, Tirso Ocampo Franco y Ramón Ayala, originarios de Michoacán y estado de México.

Gurría expuso que el problema no es la aplicación de la legislación migratoria de Estados Unidos, sino elaborar un análisis de los procedimientos de sucesión de las autoridades y las persecuciones para evitar tragedias como la de Temecula.

Cuál ha sido la actuación de la Cancillería? La oposición calificó de tibia (y burocrática) la labor.

Creo que no se justifica que se le den esos calificativos a la acción del Ejecutivo sobre estos dos casos. En los dos se actuó con extraordinaria oportunidad; se estuvo 24 horas al día pendiente de estos eventos, tanto en México como en Los Angeles, y directamente en Riverside, donde hubo hospitalizados.

Incluso, dijo que llamó por teléfono a la procuradora de Justicia, Janet Reno, y a la comisionada del SIN, Doris Meissner, para tratar el asunto de Riverside.

Entonces, ``no hay que confundir las expresiones emotivas y la profunda consternación que todos tenemos y que hemos expresado a los medios y al gobierno de Estados Unidos, con las medidas concretas, específicas que tienen que hacerse y que se han cumplido al pie de la letra.

``Nosotros no podemos evitar estos incidentes, porque tendríamos que tener una bola de cristal para saber que van a suceder, pero las personas afectadas han tenido en todo momento, desde el primer momento en que sucedieron las cosas, la protección y la tranquilidad de saber que podían contar con el apoyo del gobierno de México'', expresó.

Por la tarde, la SRE difundió un comunicado de prensa en el cual expuso que por ahora ``las autoridades mexicanas no disponen de elementos de juicio que les permitan suponer que el accidente (de Temecula) se produjo como resultado de una persecución por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los testimonios que rindieron en el consulado general de México en San Diego ocho de los mexicanos involucrados, indicarían que se trató de un accidente causado por la alta velocidad del vehículo en que viajaban nuestros connacionales''.

De acuerdo con los testimonios recabados por la dependencia, los agentes de la Border Patrol no encendieron la torreta de su vehículo, no accionaron la sirena ni aumentaron la velocidad.

Asimismo, dio a conocer que el subsecretario de Asuntos Bilaterales, Juan Rebolledo, viajó a Washington para trasmitir la preocupación del gobierno de México por los incidentes ocurridos y el ``grave impacto'' en la relación bilateral a funcionarios estadunidenses de alto nivel.

Por otro lado, la SRE giró instrucciones a los consulados mexicanos para que analicen con sus contrapartes del SIN los incidentes, a través de los mecanismos bilaterales establecidos.

El canciller Gurría recibió anoche a integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores de las cámaras de Diputados y de Senadores, para dialogar con ellos sobre estos dos últimos incidentes ocurridos en California.

Néstor Martínez El pleno del Senado repudió ayer la violencia ejercida en contra de trabajadores mexicanos por policías de California, y exhortó a las autoridades competentes de Estados Unidos a que revisen los métodos y procedimientos para la aplicación de las leyes migratorias.

En un pronunciamiento conjunto, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD demandaron también una investigación ``exhaustiva y satisfactoria'' sobre los hechos ocurridos en Californa, el deslinde de responsabilidades y el castigo a los culpables conforme a la norma.

La declaración, leída en tribuna por el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Cristóbal Arias, reprueba las actitudes xenofóbicas, los discursos excluyentes y agresivos, así como ``la politización del fenómeno de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, si se quieren evitar sucesos como los que ahora lamentamos''.

Según el texto, aprobado por unanimidad, en la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos el Senado mexicano abordará de manera prioritaria el tema migratorio, con la finalidad de avanzar en la discusión de medidas que, en absoluto respeto a la dignidad y a los derechos humanos de los mexicanos, permitan regular dicho fenómeno.

Se indica que para evitar que se repitan hechos como el de Riverside, es urgente que las investigaciones deslinden responsabilidades y se sancione a los culpables.

``El Senado de la República, de acuerdo con sus facultades, debe velar por el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de todos los mexicanos que viven más allá de las fronteras'', se insiste en el texto.

Por ello, el pleno senatorial acordó enviar la declaración a los líderes del Congreso estadunidense, además de que se harán los enlaces necesarios con las autoridades migratorias correspondientes, para recibir la información necesaria y aplicar las medidas conducentes.

El acuerdo señala que la migración de indocumentados a Estados Unidos es un fenómeno histórico complejo y de carácter regional que, por lo tanto, requiere de nuevas visiones para su conceptualización y de acuerdos inéditos entre los países involucrados para regularlo de manera constructiva y con respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Durante la sesión, el Senado recibió una comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que informa de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano en torno a la agresión contra los tres connacionales en Riverside y la muerte de otros siete.

La Cancillería da a conocer paso a paso la asistencia que se ha brindado a las víctimas de los agentes de la oficina del sheriff de Riverside, a los familiares de aquéllos y a los demás mexicanos detenidos.

En el comunicado, la SRE confirma, entre otras cosas, que el FBI empezó ya una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por los policías de Riverside, además de que se han realizado las protestas y acciones legales ante autoridades estadunidenses.

Elena Gallegos e Ismael Romero El Congreso de la Unión efectuará a ``la mayor brevedad'' una consulta pública en la que se analizarán las violaciones a los derechos humanos y el clima antiinmigrante en Estados Unidos, y para ello, los legisladores exigirán a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe pormenorizado de los incidentes violentos contra mexicanos que han documentado los consulados en el vecino país.

De la consulta se desprenderá la elaboración de leyes para proteger a los migrantes y se harán recomendaciones al Poder Ejecutivo para que aborde de manera integral el problema. Por otra parte, ayer mismo por la noche y durante un encuentro en la Torre de Tlatelolco, legisladores de las cuatro bancadas solicitaron el informe al canciller José Angel Gurría.

La realización de las audiencias públicas y la exigencia a la SRE para que presente el informe, están contenidas en un punto de acuerdo firmado por el PRI, PAN, PRD, PT y los diputados independientes, luego de considerar que han aumentado las agresiones contra los mexicanos, lo que hace indispensable que el Poder Legislativo tome iniciativas para proteger sus derechos humanos y laborales.

Por otra parte, un grupo de legisladores del PRI planteó nueve propuestas para enfrentar el problema, y consideró que la SRE debe emplear ``mayor energía'' en la defensa de los migrantes mexicanos, al tiempo que se redefine la responsabilidad que el Estado tiene con los indocumentados. Los priístas se pronunciaron por una lucha frontal y severos castigos a los traficantes de trabajadores (polleros).

La oposición fue severa con la actuación de la Cancillería frente a las agresiones a los mexicanos en California. La calificaron de ``tibia'', ``cuestionable conducta'', y se exigió al gobierno atacar las causas estructurales de la pobreza, desigualdad de oportunidades, carencia de alternativas de empleo, que son a fin de cuentas las que ocasionan que los mexicanos tengan que buscar una manera de sobrevivir en el vecino país.

También el PAN presentó algunas alternativas para atacar el problema luego de convenir que los congresistas mexicanos han flaqueado en la defensa de los ilegales. Entre sus sugerencias está la de dar nueva vida a la Comisión Especial Legislativa que se formó en 1994 para analizar la propuesta 187 para que ahora se aboque al estudio de este problema.

El tema lo llevó a la tribuna el diputado ciudadano Adolfo Aguilar Zínser, quien dijo que sucesos como el de Riverside no son hechos aislados, sino sistemáticos, ``existe un patrón de comportamiento de las autoridades norteamericanas; hay organizaciones en Estados Unidos conformadas con el exclusivo y singular propósito de efectuar actos de violencia contra los mexicanos en sus intentos de cruzar la frontera''.

Aguilar Zínser dijo, en entrevista, que lo que no puede explicarse es cómo teniendo documentados tantos casos de agresiones a mexicanos en Estados Unidos, no hubo una protesta y una actitud enérgica de las autoridades. ``Quizás temían que ello se viera reflejado en los empréstitos o en las inversiones'', añadió. Aseguró que existe un informe sobre el asunto, en el que se resumen los casos seguidos por los consulados y que se considera que constituyen sólo 40 por ciento del total.

Después, el panista Tarcisio Navarrete leyó las propuestas de su fracción: los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara deben enviar una carta al presidente Bill Clinton en la que se le exiga respeto a los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales y el fortalecimiento de las áreas de la Cancillería encargadas de proteger a los mexicanos en el extranjero.

Correspondió al diputado Cuauhtémoc Sandoval dar a conocer el acuerdo de las cuatro bancadas, y que dice: 1. La 56 Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a la SRE un informe pormenorizado y analítico de las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores migratorios en los últimos cinco años que se han documentado por los consulados mexicanos en Estados Unidos.

2. Invitar a las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Fronterizos, Derechos Humanos y Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores para que conjuntamente con las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados se convoque, a la mayor brevedad, a una consulta pública sobre violaciones a los derechos humanos y el clima antiinmigrante.

En dicha consulta, se analizarán también las leyes antiinmigrantes que actualmente se discuten en el Congreso de Estados Unidos. A estas audiencias serán invitados funcionarios consulares, víctimas de las agresiones y personas de organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes en México y Estados Unidos.

3. Con base en los resultados de la consulta pública, este Poder legislará al respecto y formulará al Poder Ejecutivo un conjunto de iniciativas sobre el tema migratorio y la protección a nuestros connacionales en territorio estadunidense.

En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados también se conoció la resolución que, sobre el asunto, tomó la Comisión de Derechos Humanos y que consiste en exhortar a las autoridades de Estados Unidos a sancionar a los culpables de los hechos en Riverside e impulsar acciones para que haya soluciones integrales a los problemas que originan la migración.

Entre las nueve propuestas de los priístas Jaime Martínez Veloz, Raúl Ojeda, Carmelo Soto, Marcela Cerón y María Elena Irízar, se encuentran: establecer mecanimos binacionales para la defensa de los derechos humanos de los migrantes; estudiar la posibilidad de que se celebre un acuerdo entre México y Estados Unidos para proteger las condiciones laborales, de salud, educación y vivienda de los trabajadores migratorios.

Además, fortalecer la red consular en aquellos puntos donde haya una mayor incidencia de agresiones, particularmente Brownsville, Dallas, Denver, El Paso, Fresno, Los Angeles, McAllen, Miami, Nueva York, Sacramento, San Antonio, San Bernardino, San Diego, San Francisco, Washington y Tucson.

Fortalecer los programas sociales y de combate a la pobreza extrema en las principales zonas expulsoras de mano de obra en Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato; echar a andar programas especiales en la franja fronteriza para la población migrante ya que ésta gravita sobre las economías regionales y desborda las posibilidades de atención a estados y municipios.

Los priístas consideraron que hay un actor que permanece en la sombra y al que es necesario combatir: el traficante de seres humanos, venta tan estructurada como la de las drogas aunque menos perseguida pese a que también compra conciencias, funcionarios, lucra con la pobreza y la vida, y se debe hacer ``tan punible como el narcotráfico''.