La verdadera seguridad pública es la que respeta derechos: CNDH

Triunfo Elizalde ``Una sociedad a la que por razones de seguridad pública se le impidiera el cotidiano ejercicio de los derechos humanos se le sometería a esquemas totalitarios'', señala el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en comunicado enviado anoche a las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y a la opinión pública.

En el contexto del documento firmado por los consejeros Héctor Aguilar Camín, Juan Casillas García de León, Clementina Díaz y de Ovando, Carlos Escandón Domínguez, Guillermo Espinosa Velasco, Sergio García Ramírez, Javier Gil Castañeda y Carlos Payán Velver, además de Jorge Madrazo Cuéllar, presidente de la CNDH, se precisa que ``la verdadera seguridad pública es la que presupone el respeto a los derechos de cada individuo''.

El Consejo de la CNDH reconoce como legítima la demanda social porque en el país se cuente con una adecuada seguridad pública y una eficiente persecución de la delincuencia, lo ``que no se pone en duda'', puesto que la criminalidad ha aumentado de manera progresiva y la seguridad pública se ha deteriorado.

Sin embargo, recomienda a los legisladores que en estos momentos tienen la responsabilidad de ``encontrar las fórmulas jurídicas más apropiadas para armonizar seguridad pública y derechos humanos dentro del contexto del Estado democrático y social de derecho, debatir la nueva legislación que atienda el reclamo social a través de un debate plural, informado, tolerante y respetuoso'', para que ``las normas que se expidan, incluídas las relacionadas con la delincuencia organizada'', sean ``respetuosas de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y de los principios en que se funda el Estado democrático''.

Al subrayar que ``es responsabilidad del Estado'' responder a la exigencia social de poner en práctica medidas que encaren el grave problema de la inseguridad pública y el incremento de la delincuencia, destaca que dichos fenómenos ``no se originan, exclusivamente, en las limitaciones actuales de las leyes o en las deficiencias de las instituciones que tienen a su cargo el ejercicio de la función policiaca''.

Agrega que ``la extensión de la pobreza, la disminución del ingreso y su injusto reparto, el incremento del desempleo, la corrupción y otras causas socioeconómicas son factores que también alimentan en diversa medida el fenómeno señalado. Por ello subraya el Consejo, la respuesta no puede ser unidireccional, sino debe hacerse cargo de la complejidad y de la distinta naturaleza de sus causas''.Dicho Consejo hace suyos los señalamientos reiterativos de Jorge Madrazo Cuéllar en el sentido de que para poner en práctica nuevas disposiciones legales contra la delincuencia ``es imprescindible impulsar decididamente el proceso de depuración de las corporaciones policiacas del país. La misma sociedad dice que hoy reclama medidas de seguridad pública más enérgicas debe quedar a salvo de que en el futuro tales medidas se reviertan en su contra por una conducta abusiva de servidores públicos que ante los gobernados tienen la facultad de utilizar la fuerza pública y de hacer cumplir coactivamente la ley''.

Asimismo, subraya que el agravamiento de las penas y las prevenciones respecto de la reincidencia delictiva que se debaten (en las cámaras legislativas) ``no podrán tener los resultados que se pretenden dentro de las actuales condiciones del sistema penitenciario del país y sin la efectiva realización del principio de la readaptación social del delincuente''.

De manera significativa, el Consejo de la CNDH señala que ``es urgente profundizar y extender el proceso de fortalecimiento de los poderes judiciales para que éstos, en pleno ejercicio de su autonomía e independencia, intervengan de modo que se garantice el Estado de derecho en todo momento, incluso tratándose de la delincuencia organizada'', por lo que ``en materia de seguridad pública y persecución de los delitos las medidas extraordinarias autorizadas por la ley son las que de manera más enfática deben quedar bajo la autoridad de los jueces''.

Luego de afirmar que cualquier reforma para reforzar la seguridad pública ``debe también estar sujeta, durante su aplicación, a la evaluación objetiva e imparcial de las diferentes organizaciones en que la sociedad se agrupa, llámense partidos políticos, organismos no gubernamentales, etcétera'', el Consejo plantea a los diputados y senadores que debido a que las comisiones públicas de Derechos Humanos ``deben estar preparadas a fin de intervenir inmediatamente ante cualquier abuso o arbitrariedad de los servidores públicos encargados de cumplir la ley, es indispensable que el Estatuto Jurídico que regula la actividad de aquéllas, previsto en el artículo 102 constitucional, se revise para dotarlas de mayor autonomía e independencia y de todos los elementos técnicos, humanos y financieros que les permitan cumplir con su tarea de proteger los derechos fundamentales de los gobernados''.