La semana pasada, justo cuando la directiva priísta local declaraba que la iniciativa conjunta para la reforma política del Distrito Federal no entraría en el actual periodo de sesiones del Congreso, el PAN presentó la suya, lo que la bancada priísta calificó de ``madruguete'' en virtud de que menos de dos meses antes Acción Nacional había firmado un compromiso político formal para la reforma capitalina.

El PAN desconoció, en efecto, el documento firmado con el PRI y el PT el 12 de febrero, mediante el cual los partidos signantes se comprometían a promover una serie de modificaciones constitucionales y legales para la reforma del gobierno capitalino, en la que todos ellos estaban ya de acuerdo. Más allá del hecho de que, al adelantarse, el PAN haya roto con el acuerdo que había hecho explícito, es decir, independientemente de sus veleidades, el acto tiene consecuencias políticas para la coyuntura actual.

En primer lugar, cabe recordar que esta iniciativa fue presentada junto con otra de carácter general para la reforma política del Estado, como alternativa a las mesas de negociación que se han venido llevando a cabo a convocatoria de la Secretaría de Gobernación y de las cuales Acción Nacional se retiró a mediados de febrero. El PAN ha reiterado que dichas instancias están agotadas y que hay que trasladar la deliberación y la búsqueda de los consensos a las comisiones de la Cámara de Diputados, lo cual, también es cierto, es una manera de retornar al debate sin tener que dar mayores explicaciones. En todo caso, al existir ya una iniciativa concreta el PAN toma la delantera desplazando al PRI, que había venido encabezando la búsqueda de acuerdos con los demás partidos, incluído el PRD.

Lo importante aquí no es ni el oportunismo ni el afán protagónico del PAN, sino qué tanto su iniciativa puede efectivamente hacer avanzar el proceso de reforma política para el Distrito Federal. La propuesta de reforma constitucional que el panismo define como integral solamente difiere del referido compromiso formal del 12 de febrero en un punto central, que se refiere a la elección y remoción de los delegados políticos. Mientras que en el compromiso interpartidario los delegados surgirían de la propuesta del jefe del gobierno capitalino y la aprobación de las dos terceras partes de la futura Asamblea Legislativa, en la iniciativa panista se plantea la elección directa no sólo del delegado, sino de los subdelegados, que variarán en número según la población de cada delegación (un subdelegado por cada 100 mil habitantes); es decir, la delegación se concibe como una administración colegiada, nombrada por voto popular. Estos funcionarios podrán ser removidos por la Asamblea Legislativa y no por disposición del titular del Ejecutivo capitalino, como rezaba el documento pluripartidista en relación con los delegados.

Ambos documentos coinciden en los puntos duros del debate: la ampliación de las facultades de la actual Asamblea de Representantes para darle prácticamente rango de Congreso local (no podrá legislar en materia de deuda pública, pero expedirá el Estatuto de Gobierno que es semejante a una Constitución local, además de leyes como la electoral y de seguridad pública), así como la elección directa del regente y su sometimiento al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Ya en un segundo plano, la propuesta del PAN prevé el mantenimiento de la llamada cláusula de gobernabilidad, que permite que el partido con mayor número de votos, a partir de 30 por ciento de los mismos, pueda acceder a la mayoría absoluta de la representación en la Asamblea. Asimismo, agrega que entre los requisitos para ser candidato a jefe de gobierno estará no haber sido regente con anterioridad, lo cual tiene franca dedicatoria.Estos dos puntos reflejan el lugar prioritario que ocupan los objetivos de corto plazo en las estrategias de Acción Nacional, aunque este fenómeno no le es para nada privativo. El PAN está calculando ganar el Distrito Federal en 1997, para lo cual le conviene mantener el tan criticado candado de mayoría, y seguramente también está pensando en eliminar la posibilidad de que algún ex regente aproveche la red de relaciones que el cargo le permitió establecer para buscar la postulación de algún partido, con lo cual crecerían los desafíos para el candidato panista.

Independientemente de los cálculos particulares del PAN, y aunque siempre es posible que si no se congela, cuando menos se retrase el dictamen de su iniciativa en la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales, la existencia de una propuesta concreta, que además contiene una serie de temas y medidas que cuentan ya con un consenso importante entre los partidos, puede significar un impulso para destrabar el proceso de reforma política de la capital del país y también el de la reforma general. Desde luego que para que así sea es necesario que entre todas las fracciones parlamentarias haya disposición para sacarla adelante sin importar la paternidad de la propuesta.