Apesar de los argumentos expresados por la Cancillería en sentido opuesto, el gobierno sí es responsable por el trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos. En última instancia, la defensa de los ciudadanos es (o debería ser) el objetivo principal de la diplomacia, sólo que la política que conduce el secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, ha desvirtuado las prioridades y confundido los intereses de México en el mundo.

La forma tan distinta en que se resuelven los asuntos ligados al capital de los que están asociados al trabajo, es especialmente notoria tratándose de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Mientras los empresarios e inversionistas son bienvenidos calurosamente, los indocumentados mexicanos son expulsados violentamente. El gobierno mexicano ha fincado su propia estabilidad, no en el bienestar de sus ciudadanos sino en la promoción de los negocios multinacionales.

Los criterios rectores de la (nueva) política exterior mexicana se establecieron, sin embargo, tiempo atrás entre el inicio de la negociación del Plan Brady y la firma del Tratado de Libre Comercio. La política exterior quedó subordinada desde entonces a la gestión en los mercados financieros y la promoción de las inversiones extranjeras. (De ahí que le haya parecido razonable a la secretaria de Turismo, Silvia Hernández, prestarse a una campaña promocional de American Express.)Con la designación de José Angel Gurría, burócrata salido de las dependencias financieras del gobierno, como secretario de Relaciones Exteriores, el presidente Ernesto Zedillo confirmó la lógica exterior del gobierno y buscó darle continuidad a las relaciones internacionales de México. Sus primeros meses como canciller los pasó Gurría en busca del paquete de asistencia financiero que el presidente estadunidense Bill Clinton acabó otorgándole al gobierno mexicano. Con ello se extendió hasta sus últimas consecuencias la lógica economicista de la política exterior de México pero, aún más grave, se profundizó la subordinación del gobierno de Zedillo a los intereses de Estados Unidos.

No es extraña, pues, la tibieza con que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha respondido al reciente endurecimiento de Washington con los mexicanos. No se necesita una ``bola de cristal'' como quiere Gurría para ``saber que van a suceder'' incidentes como el que acaba de ocurrir contra los trabajadores mexicanos en Riverside; basta leer con cierta regularidad en Internet las declaraciones sobre política migratoria que durante varios años han estado emitiendo los funcionarios de Estados Unidos, incluyendo al propio presidente Clinton.

Por eso no hay excusa para que la Secretaría de Relaciones Exteriores no haya previsto que habría un aumento en los choques entre trabajadores mexicanos indocumentados y el creciente número de policías que los esperan del otro lado de la frontera. Al fin de cuentas, el canciller Gurría estuvo presente cuando el presidente Zedillo aceptó el paquete de ayuda económica internacional y, también, cuando puso en práctica un programa de ajuste que ha dejado sin empleo a millones de mexicanos que tienen que ir a buscar trabajo en Estados Unidos.

Las relaciones entre los ciudadanos mexicanos y el gobierno estadunidense se han deteriorado drásticamente, sólo que esta apreciación no cabe dentro de la concepción de la política exterior que priva en Los Pinos y en Tlatelolco. En estos lugares, el entendimiento que hay con Washington no podía ser mejor. Pero esta equivocación es natural para alguien que confunde como lo hizo el propio presidente Zedillo en un discurso que dio en inglés el significado que tienen commitment (compromiso) y compromise (claudicación) para las relaciones internacionales del país.

De este modo, resulta natural que la defensa de los intereses de México en el exterior carezca hoy en día de coherencia y eficacia. Todos los agentes de migración, policías de caminos, funcionarios del Tesoro y diputados republicanos que hay desde Riverside hasta Washington saben bien que el gobierno de Zedillo carece de fuerza para oponerse a cualquier medida que sobre lavado de dinero, política migratoria, horarios de trabajo o pago de la deuda quiera imponer Estados Unidos. La Cancillería puede elevar protestas diplomáticas por la violencia policiaca en contra de los mexicanos en California, pero de poco sirven si la soberanía ha sido comprometida y el gobierno ya claudicó.