En tres meses, 863 casos de abusos contra migrantes en la zona Tijuana-Mexicali; episcopados de México y California

José Antonio Román Durante los últimos tres meses, tan sólo en la zona fronteriza de Tijuana y Mexicali e registraron 863 casos de violación a los derechos humanos por autoridades estadunidenses contra trabajadores migratorios, según datos de las conferencias Episcopales de México y California.

Ambos organismos católicos reprobaron la actitud de rechazo y discriminación hacia los extranjeros, pues todo derecho natural de las personas es anterior al derecho positivo. Es decir, la dignidad humana no se pierde por la ilegalidad de su internación en un país extranjero.

Asimismo, en las conclusiones de la reunión interamericana, que recientemente sostuvieron obispos de todo el continente en Dallas, Texas, se destacó que en este fenómeno migratorio existen amplias y numerosas redes de traficantes de personas, llamados coyotes o polleros, quienes incurren en un ``pecado social'', al traficar con la miseria, la necesidad y las propias vidas de quienes buscan mejores posibilidades de empleo y bienestar en otro país.

En el análisis de la realidad migratoria, señala que América Latina ha pasado de ser, en unas cuantas décadas, un continente receptor de migrantes a un gran expulsor. Las causas principales son las disparidades de riqueza entre el norte y el sur y la diferencia de oportunidades y seguridad entre los países.

En cuanto a la migración interna en América Latina, se estima que aproximadamente de 30 millones de personas al año se movilizan en el interior de la región, no sólo por hacinamiento, subempleo y falta de infraestructura, sino por la falta de empleo en el área rural y por los cambios en la estructura demográfica de los países.

Al referirse a la migración fronteriza, los obispos de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Norte (Estados Unidos y Canadá) señalaron que ésta es la que cruza los límites territoriales sin observar leyes migratorias.

Por lo general, es población indocumentada ubicada en zonas rurales, en su mayoría campesinos; enfrentan problemas de tenencia de tierra y carecen de servicios públicos básicos, educación y salud.

De igual forma, se advierte que el ``endurecimiento'' de la vigilancia fronteriza, por el gobierno del presidente Bill Clinton, no sólo restringe las posibilidades de paso de los trabajadores indocumentados, sino que se incrementan los riesgos de violación a sus derechos humanos.

Por su parte, la Comisión de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, presidida por el obispo de Mexicali, Ulises Macías, aseguró que los connacionales que viajan a Estados Unidos de manera ilegal ``no son delincuentes'' ni deben ser tratados como tales; son personas que buscan trabajo y colaboran para la prosperidad y desarrollo del lugar donde trabajan.

Incluso en el caso específico de California, los inmigrantes mexicanos han sido un ``factor importante'' en el desarrollo de esa entidad sureña de Estados Unidos, la que debiera reconocer este hecho.

Dicha comisión consideró que los vergonzosos acontecimientos donde se han violado los derechos humanos de mexicanos a manos de la policía estadunidense, son un signo que interpela a los mexicanos e invita a los que pueden a que sientan el deber de invertir productivamente en nuestro país y generar empleos.

La migración, dijo, es un problema mucho más complejo, que requiere soluciones más audaces y solidarias.

En lo que toca a la parte mexicana, se hace una reflexión sobre la labor consular. Se dice que dicha labor debe tener como objetivos específicos no sólo la protección de los derechos humanos y la dignidad de los mexicanos en ese país vecino, sino recuperar, preservar y promover la presencia política y económica de México en el contexto mundial.

De igual forma, se menciona la necesidad de renovar la política exterior para asegurar una vinculación profunda entre comunidades de mexicanos y de origen mexicano con el país, sus desafíos, su cultura y su sentido de pertenencia.