No configuran una guerra los abusos en Riverside, habría dicho Gurría

Elena Gallegos y Mireya Cuéllar El secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, dijo a senadores y diputados que el incidente de Riverside no configura una guerra entre México y Estados Unidos, y rechazó las sugerencias de la oposición para llamar a consultas al embajador en Washington y mostrar así la indignación existente en el país por el brutal trato a los mexicanos en el país vecino.

Según versiones de asistentes, el canciller dijo que hacer eso era tanto como dar el paso previo a una ruptura de relaciones diplomáticas y se ``federalizaría'' un incidente en el que se vieron involucrados agentes policiacos locales (California); agregó que el hecho ya fue condenado por el gobierno del presidente Bill Clinton y que es motivo de una investigación del FBI sobre violaciones a derechos humanos.

Aceptó que México debe firmar la Convención Internacional de Protección a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, suscrita bajo los auspicios de la ONU en 1990. Aclaró que tampoco Estados Unidos la ha signado.

Gurría exhortó a los legisladores a que junto con los congresistas de Estados Unidos vean la posibilidad de tomar medidas legislativas encaminadas a proteger a los trabajadores migratorios, e instruyó al director de Asuntos Consulares, Enrique Loaeza Tovar, para que entregue a la brevedad posible el informe solicitado por la Cámara de Diputados sobre agresiones a mexicanos, documentadas por los consulados, en los últimos cinco años.

De hecho, les entregó una especie de informe preliminar sobre lo que ha realizado la cancillería para resarcir a los mexicanos que han sido objeto de alguna violación. Dijo que esta tarea no sólo se efectúa en Estados Unidos, ya que se han suscitado serios problemas en otros países.

Por otra parte y según lo dicho por el senador Cristóbal Arias, el canciller reconoció que el gobierno mexicano no cuenta con una estrategia de largo plazo para contrarrestar el problema de la violación a los derechos humanos de indocumentados.

El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado sostuvo que en la reunión efectuada la noche del martes Gurría dijo que apenas se está elaborando un diagnóstico de la situación para aplicar ``una política integral'' en la materia.

También, según Arias, afirmó que no hay una respuesta formal de Washington a las quejas mexicanas de los últimos días por los casos de Riverside y Temecula.

Sn embargo, el diputado del PRD Cuauhtémoc Sandoval comentó que el canciller les habló en detalle y como introducción al encuentro de todas las gestiones que el gobierno ha realizado para defender a los connacionales involucrados y las respuestas obtenidas tanto de Clinton como de la procuradora Janet Reno y la comisionada del SIN, Doris Meissner.

Les reiteró que para México el punto primordial de su política exterior es la defensa de los mexicanos que radican en el extranjero. Ante la insistencia de los legisladores en la necesidad de buscar la firma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos, Gurría reconoció que hasta el momento no se tiene ningún proyecto que pueda ser viable para los dos países: esto es, que satisfaga a México y que sea aceptado por Washington.

Repitió que el asunto tiene una enorme complejidad y ejemplificó que en la frontera norte se efectúan alrededor de 300 millones de cruces al año, por lo que es muy difícil abordar el problema en términos adecuados para las dos naciones.

Cuando Gurría dijo que los hechos de Riverside no configuraban una guerra, brincó el senador del PAN, José Angel Conchello, y enumeró ante el secretario varios casos de violaciones extremas a los derechos humanos y le replicó: ``si no es una guerra, entonces qué es?``Luego Cuauhtémoc Sandoval le pidió que se estableciera una ``especie'' de ombudsman en los consulados, a lo que el canciller contestó con una sonrisa y dijo que era mejor que eso lo hiciera el gobierno estadunidense.

El informe entregado hace un recuento de los casos en los que por intervención de las autoridades algunos mexicanos han recibido indemnizaciones, pensiones y todo tipo de compensaciones por alguna violación a los derechos humanos o accidente ocurrido en aquel país.

Señala que el vecino del norte no está ``cumpliendo con su compromiso de llevar a cabo las expulsiones (de indocumentados) en forma ordenada'', como se convino. Agrega que mientras el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (SIN) informó que en 1995 realizó 1.4 millones de expulsiones de mexicanos, el Instituto Nacional de Migración (INM) la contraparte mexicana sólo recibió notificación de 853 mil expulsiones, lo que indica que 547 mil, es decir, el 39 por ciento del total, no se dio en la forma convenida con el gobierno mexicano.