Ambigüa y riesgosa, la ley anticrimen: De la Barreda

Alonso Urrutia y Ricardo Olayo El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, criticó el apremio con que se aprobaron en el Senado las reformas destinadas a combatir el crimen oganizado y consideró que existen ambigüedades que podrían dar lugar a desviaciones en su aplicación. Se pronunció en contra de la disminución de la edad penal y dijo que el Ejército Mexicano debe dedicarse exclusivamente a las facultades que le otorga la Constitución.

De la Barreda censuró las acciones que se han emprendido para combatir la inseguridad. ``La criminalidad ciega muchas luces. Si el crecimiento de la delincuencia es alarmante, más lo es la poca eficacia en la prevención y la persecución de los delitos. Una razonable eficacia no se conseguirá con sólo el fetiche de las continuas reformas a la ley, sino con el combate a los factores sociales que la propician, asignación de recursos suficientes y la profesionalización de las policías''.

Al comparecer ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el ombudsman capitalino dijo que es preciso decir con ``justa emoción'' que la incidencia de la tortura se ha abatido y ya no es más una de las causas recurrentes de denuncias por violación a derechos humanos. En su gestión se han recibido 30 denuncias por tortura --el lugar número 25 en el orden--, de los cuales sólo en cinco casos se pudo comprobar su existencia.

A pregunta expresa de los asambleístas sobre la participación del Ejército en materia de seguridad, De la Barreda manifestó que si bien no era de su competencia, consideraba que ``cada institución debe abocarse a las tareas que les han sido encomendadas''. El Ejército debe cumplir las tareas que le han sido encomendadas y la policía las funciones de seguridad que le corresponden''.

El ombudsman agregó: ``No estoy de acuerdo con la militarización y en su momento, cuando el regente Oscar Espinosa anunció las medidas genéricamente denominadas RIMA, la Comisión fue la primera voz que se levantó contra esa intención''.

Comparecencia en la cual los partidos políticos resaltaron el papel de la CDHDF en el abatimiento de los abusos de la autoridad y demandaron que la Comisión asuma mayores facultades y participe en la defensa de los derechos sociales, al tiempo que demandaron un cambio en la forma de designación del ombudsman.

De la Barreda fue particularmente crítico a las políticas de seguridad pública: ``No nos engañemos, sin mayores recursos, un combate a los factores sociales que generan la delincuencia y la profesionalización de las corporaciones, no habrá combate a la criminalidad que pueda tener éxito''.

Aseveró que uno de los obstáculos más graves para mejorar la seguridad pública es la impunidad. ``No es la dureza de la sanción la que disuade a los delincuentes potenciales, sino la cierta seguridad, razonable, de que se les va a castigar``. Dijo que la eficacia de nuestra policía judicial para ejecutar las órdenes de aprehensión es muy limitada, hay un ``porcentaje elevadísimo de presuntos delincuentes que jamás son sometidos a juicio''.

En este sentido, De la Barreda recordó que se giró una recomendación a la Procuraduría de Justicia capitalina en relación con omisiones graves e injustificadas del cumpimiento de 26 órdenes de aprehensión. ``Dichas omisiones son tanto más graves pues algunas de ellas se refieren a órdenes de captura contra presuntos responsables de delitos graves como el homicidio o la violación, o contra inculpados que cometieron delitos cuando eran policías preventivos o judiciales''.

Se refirió también a las reformas al crimen organizado y criticó la posibilidad de modificar la edad penal, pues obedece a una superstición que pretende abatir la delincuencia. Sin embargo, dijo que se requiere un tratamiento a los menores en una institución espeecializada para ellos; no se trata de que quien cometa un delito quede impune, pero si se le envía a los reclusorios, podríamos convertir al joven en un delincuente peor, dijo.

En su informe habló de imprecisiones en las modificaciones legales con miras a legislar contra el crimen organizado. Deploró que se pretenda introducir a figura de la confiscación, que consiste en adjudicar al fisco los bienes del culpable del delito. Es una reforma propia de la Santa Inquisición, expuso.

Asimismo, consideró que la intervención telefónica adolece de imprecisiones que podrían poner en riesgo la intimidad de a vida privada. Otros aspectos de la reforma que fueron criticados por De la Barreda fue la elevación de penas al robo con violencia, de tal forma que supere la sanción al homicidio. Dijo que eso crea un desequilibrio que podría alentar a los ladrones no sólo a robar sino a matar, incluso, dado que la pena es menor.

Finalmente destacó que son relevante las reformas tendientes a castigar mas duramente al secuestro, pero no debe penalizarse a las acciones tendientes a obtener la liberación del secuestrado, pues lo más importante es salvar la vida. Además, pidió mayor precisión en la ampliación del término de flagrancia, que según la propuesta presidencial sería de 72 horas.

En el rubro de las recomendaciones, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF dijo que si bien han sido aceptadas, no han sido cumplidas algunas de las más importantes, como es el caso del incumplimiento de las órdenes de aprehensión por parte de la Policía Judicial, o el mejoramiento de las condiciones en los reclusorios