En los últimos cuatro días, diversos representantes de la iniciativa privada han formulado enérgicas críticas al manejo económico gubernamental. Tal es el caso de los dirigentes de la Coparmex y de la Concamin, Carlos Abascal Carranza y Víctor Manuel Díaz Romero, el domingo pasado. Antier, en un tono particularmente duro, hizo lo propio Lorenzo Servitje, presidente del Grupo Industrial Bimbo, en un encuentro convocado por la Unión Social de Empresarios de México (USEM). Ayer, cuando fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconocían que no fue ejercido en su totalidad el gasto público previsto para el primer trimestre de este año, el presidente de la Canacintra, Carlos Gutiérrez, demandó la urgente reactivación de la economía y descartó contra lo dicho por los miembros del gabinete económico que antes de tres años el país logre recuperar los niveles de crecimiento que tenía en 1994.

No es novedoso que el sector privado manifieste su discordancia con la política económica oficial. Lo hizo, anteriormente, a fines de los sexenios de Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. Lo desusado de las críticas recientes está en su tono, y en ubicar el origen y la persistencia de los actuales quebrantos económicos en un manejo erróneo de los asuntos del Estado.

Tal vez ello pueda explicarse por el hecho de que, en el contexto de las ``crisis recurrentes'' de los últimos 26 años a las que se refirió Abascal, la actual ha sido la que más ha golpeado a las empresas. Con todo, el costo impuesto por las medidas económicas sigue siendo inequitativo, en perjuicio de los asalariados y desprotegidos, y en favor de los capitales. Sería positivo que las críticas de los empresarios a la política económica se articularan en una propuesta alternativa global, uno de cuyos puntos tendría que ser la disposición de la iniciativa privada a asumir, de cara a la superación de la circunstancia recesiva actual, una cuota mayor de sacrificios.

En otro sentido, estas expresiones del creciente malestar del empresariado vienen a agregarse a la exasperación de los sectores más afectados por la crisis: asalariados, campesinos, burócratas, maestros, desempleados, pensionados, vendedores ambulantes. El descontento se manifiesta en casi todas partes y de casi todas las maneras: en los sindicatos, incluso en aquellos que conforman el denominado movimiento obrero organizado; en las ligas campesinas y las organizaciones indígenas, como se evidenció ayer, 10 de abril, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata; en los movimientos urbanos; en las agrupaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales; en los partidos políticos, sin descontar al propio PRI; en ayuntamientos y gobiernos estatales; en los medios impresos y electrónicos; en la Iglesia católica y los grupos protestantes, y hasta en las filas de corporaciones policiales.

En este escenario preocupante, resulta necesario que el gobierno responda con sensibilidad política, tome en consideración el clamor casi unánime que suscita su manejo de la economía y atenue una disciplina presupuestaria que no sólo no ha conseguido abatir la inflación en los niveles prometidos sino que, además, está causando gravísmos estragos en la planta productiva.

Es necesario, asimismo, que se aliente la reactivación del campo, a fin de permitir a la gente del agro enfrentar las terribles condiciones económicas y climáticas por las que atraviesa; el presidente Zedillo dio ayer un paso importante en este sentido al anunciar, en tierras zapatistas, un programa emergente para impulsar la producción de granos en 5 millones de hectáreas mediante una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos.

En tercer lugar, debe reorientarse el gasto público para combatir los rezagos y las desigualdades sociales estructurales, los cuales se han ahondado en forma significativa durante esta crisis económica que dura ya 15 meses.

Finalmente y en este punto la responsabilidad no es sólo del gobierno, sino del conjunto del espectro político del país, debe acelerarse el ritmo de las negociaciones para alcanzar una reforma política, la cual podría ser el punto de partida para avanzar hacia un nuevo acuerdo nacional que cada día se torna más urgente.