Tres noticias de esta semana reflejan con claridad otras tantas características de la ``nueva política social'' en marcha en este sexenio.

En primer lugar, el debate en torno a la reglamentación de las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores). En este campo la noticia más reciente es que la iniciativa de ley ``sufrirá cambios de fondo'', para incluir la posibilidad que el IMSS tenga su propia Afore y fijar topes a la inversión extranjera en ellas.

En segundo lugar, en la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Santiago Levy, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se esperaba que abordase la famosa tarjeta de pobres o pobremático. Esto último, al parecer, no ocurrió. Hay rumores de que el proyecto del pobremático ha sido cancelado o por lo menos pospuesto, y ello podría explicar el silencio resultante. En todo caso, es claro que corresponde al nuevo estilo de política social que el gobierno actual prefiere. Simultáneamente, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, y la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, anunciaron la formación de una comisión conjunta entre ambos organismos para elaborar una iniciativa de Ley de Coordinación de Desarrollo Social (Reforma, 11/04/96).

Las tres noticias marcan tres características de la nueva política social: la tendencia a la privatización, la focalización del gasto social a los pobres extremos credencializados y la federalización o descentralización del gasto. Parece necesario discutir las ideas principales que están detrás de la credencialización de los pobres.

En primer lugar, la idea central del neoliberalismo es que el mercado es el único mecanismo posible para asignar los recursos eficientemente. Por tanto, la intervención del Estado sólo se justifica en aquellos casos en los que el mercado falla. Una de estas fallas es cuando la población no tiene recursos para ejercer demanda, cuando hay pobreza, particularmente pobreza extrema.

Hay tres formas de enfrentar tal situación: a) Proveer algunos bienes y servicios básicos en forma gratuita, de manera universal a todo el que lo solicite sin necesidad de que pruebe su indigencia, su carencia de recursos. Es el caso de los derechos sociales como la educación pública gratuita. b) Subsidiar la oferta de algunos bienes o servicios reduciendo su precio y, por tanto, permitiendo un mayor consumo del mismo o de otros bienes gracias al ahorro que se generasin modificar los ingresos nominales de la población. Este subsidio puede tener un carácter universal, cuando todo el que lo desee puede comprar al precio subsidiado (vgr. el subsidio general a la tortilla), o puede ser selectivo, como en el caso de la leche rehidratada de Linconsa, en la cual opera un doble proceso de selección vía la ubicación de las lecherías y vía requisitos específicos que deben reunir las familias. c) Subsidiar la demanda, lo cual se puede hacer subsidiando bienes o servicios específicos o transfiriendo ingresos a las personas. Lo primero se logra entregando tarjetas inteligentes, o vales, al grupo de pobres para que con ellos adquieran los bienes especificados en el comercio privado, estimulando así la actividad económica privada. Se trata entonces de subsidios focalizados a la demanda de ciertos bienes y servicios básicos. Esta, y la que sigue, son las formas óptimas de subsidio para los neoliberales porque no se distorsionarían los mecanismos de mercado. Además, el subsidio se aprovecharía en forma óptima porque sólo llegaría a quienes lo necesitan verdaderamente, mientras que los subsidios generalizados vía la oferta son aprovechados, argumentan, por mucha gente que no los necesita. En este caso es necesario que el invidividuo o el hogar en cuestión pruebe su indigencia, lo cual tiende a generar un aparato administrativo costoso y a distorsionar la información para conseguir la credencial. Si los montos de ayuda son sustanciales, podrían inducir incluso algunos cambios en las motivaciones de las personas hacia el trabajo.

d) Por último, existe el subsidio generalizado a la demanda de ciertos grupos de la población cuando se operan mecanismos de transferencias fiscales de dinero. Es el caso de los créditos al salario o del Procampo o del Sistema Nacional de Investigadores, que lamentablemente no podemos tratar aquí pero que se han vuelto mucho más importantes que los demás subsidios. Baste con señalar que hasta el 31 de marzo un trabajador con ingresos de salario mínimo recibía del fisco una transferencia neta de 97 pesos mensuales, cantidad por arriba de la de 70 pesos que se ha estado manejando como el monto que cubriría el pobremático.

De lo anterior resaltan tres pares de oposiciones: los subsidios a la demanda versus los subsidios a la oferta; los subsidios focalizados a los pobres versus los subsidios universales, y los derechos sociales de los ciudadanos versus la actitud mendicante que las credenciales de pobres estimulan. Igualmente a ello corresponden diversos grados de manipulabilidad política de las personas. Los subsidios focalizados a las personas, tipo pobremático, dan un amplio grado de discrecionalidad al aparato burocrático, lo que favorece su uso con fines de compra electoral.

En la próxima entrega analizaré otras ventajas y desventajas de estos distintos enfoques.