La fracción política que tomó el gobierno del Estado revolucionario, sancionado en Querétaro hacia 1917, no se sentía dispuesta a llevar adelante los principios más avanzados de los artículos 27 y 123 constitucionales, en lo relativo a la dotación de tierras a los campesinos, y al equilibrio de las relaciones obrero-patronales. El asunto de la reivindicación de los recursos nacionales concesionados al capital extranjero era visto con cierto disimulo por efecto de las presiones anglo-norteamericanas de considerar retroactiva la aplicación de dicho artículo 27 a las concesiones otorgadas antes de mayo (1917); este asunto estallaría en las discusiones de Bucareli, cuando el presidente Obregón acepto de facto ese manejo de la retroactividad y otros penosos acuerdos más, a cambio del reconocimiento estadunidense que se había negado luego del asesinato de Carranza, en Tlaxcalaltongo. Es decir, los principios avanzados del movimiento revolucionario cristalizados en algunas normas de la Ley Suprema, representaron desde el principio, para Carranza y sucesores hasta 1934, una carga penosa y temerosamente llevada sobre el filo de una navaja política tensada por graves y muy profundas contradicciones. La prolongada y cruel guerra contra las tiranías de Díaz y Huerta, el millón de vidas sacrificadas durante las luchas armadas, la gigantesca destrucción del patrimonio público y privado, la multiplicación de las ciudades y poblados en ruinas, el debate ideológico planteado desde la publicación del Plan de San Luis Potosi y la victoria de la Revolución al legalizarse en Querétero, no obstante su enorme trascendencia fueron insuficientes, todos esos acontecimientos, para despejar las profundas oposiciones materiales y culturales que se activaban y reactivaban en la sociedad mexicana, al salir de la violencia. El consenso de la legalidad constitucional no se reflejó cabalmente como un consenso dentro de los distintos estratos sociales, y cuando éstos, los de abajo por ejemplo, hablaron de huelgas para obtener salarios pagados en monedas no devaluadas, el gobierno ordenó la destrucción de los huelguistas y consideró al paro laboral acto penado con la muerte.

Cierto, el gobierno carrancista tuvo siempre un rechazo al militarismo, pero no dudó en usarlo para contener las manifestaciones sociales del pueblo que había derramado sangre y vida por todo el país. Pero existía, para purgar la protesta, el gravísimo obstáculo de las actuales y virtuales guerrillas zapatistas, capaces a la vez de sembrar los campos y defender sus derechos con las carabinas. Contra la represión policial y castrense izábase la bandera moral y política de Tierra y Libertad, cuyos reflejos perturbaban los intereses cobijados en la magistratura del Primer Jefe. La doctrina zapatista es tan clara y sencilla como el pensamiento y el corazón de las gentes: la riqueza en manos de los hombres es la fuente de la libertad, según el Plan de Ayala y su símbolo en la conjunción de la libertad con la tierra, tesis contraria a la prevaleciente situación de concentración de la riqueza en élites aliadas al poder de la autoridad.

Cómo resolver el conflicto planteado por las demandas de justicia social? Con el apoyo de un traidor, el Caudillo del Sur fue acribillado a tiros en la hacienda de Chinameca, humedecida hasta hoy con las lágrimas del dolor profundo que embarga a los mexicanos desde aquel fatal año de 1919. Nada arreglaría Carranza con el asesinato del héroe; al año siguiente resultó también abatido por quienes disputábanse el dinero y el poder, en escenarios malolientes y bochornosos. Ahora Obregón y Carranza son simplemente cadáveres, casi no existen; en cambio, Zapata es parte de la grandeza de la república soberana, justa, libre y digna que los mexicanos honestos construyen con sus propias manos desde el primer lustro de la Independencia. En nuestro tiempo, el breve triunfo del cardenismo no pudo impedir el restablecimiento de un régimen contrario a los intereses generales del país y favorable a la explotación de sus recursos dentro de esquemas beneficiosos a los grandes capitales extranjeros y sus asociados locales, amparados en los gobiernos que los protegen y en las ideologías globalistas del neoliberalismo. Los hechos están a la vista. México ahora es más pobre que antes y menos libre que ayer. Sin embargo, el pueblo no ha perdido la esperanza; en todos los lugares del país se escuchan las palabras alegres: Tierra y Libertad.