Antier, el día del aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, se suscitó en San Rafael, Morelos, un enfrentamiento entre centenares de tepoztecos que pretendían llegar a Tlaltizapán en donde el presidente Ernesto Zedillo encabezaba el acto conmemorativo oficial y un grupo policiaco estatal conformado por granaderos y agentes preventivos y judiciales, con un saldo inicial de varias decenas de heridos, detenidos y desaparecidos. Ayer fue hallado el cadáver baleado de uno de estos últimos, Marcos Olmedo Gutiérrez.

Las medidas de seguridad adoptadas por los cuerpos policiales estatales ante la presencia en Morelos del primer mandatario eran comprensibles, no así los excesos cometidos en la carretera intermunicipal Villa de Ayala-Tlaltizapán. La muerte de Olmedo Gutiérrez y las lesiones a decenas de personas deben ser esclarecidas a la brevedad, y los responsables, sancionados conforme a derecho.

En este sentido debió entenderse el llamado que el propio Ejecutivo federal hizo a las autoridades locales para que las averiguaciones de ley se realicen con estricto apego a derecho y que se finquen las responsabilidades que correspondan.

En un comunicado emitido por el gobierno de Morelos y ante la evidencia de ``presunción de delitos tanto de servidores públicos como de particulares'', la autoridad estatal informó de la retención o el arraigo de 32 de los elementos policiales que participaron en la acción; ha ofrecido realizar ``la más amplia de las averiguaciones posibles''; ha pedido al CUT las videograbaciones de los hechos para incorporarlas como pruebas en el proceso legal que corresponda y ha invitado a las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos a presentar elementos en las investigaciones, y a los medios de prensa, a seguirlas de cerca.

Estos trágicos y lamentables sucesos y sus secuelas, como el hecho de que Tepoztlán fuese rodeado antenoche por judiciales estatales constituyen un agregado peligroso a la de suyo tensa situación que se vive en el municipio tepozteco y en otras localidades del estado. Cabe esperar, por ello, que la disposición del gobierno local a esclarecer los hechos logre, además de resultados concretos en materia de procuración de justicia, calmar los agitados ánimos en Morelos.

Ciertamente, las versiones de los hechos presentadas por el Comité de Unidad Tepozteca (CUT) y por el Ejecutivo estatal difieren sustancialmente, pero por medio de una investigación transparente y legal del episodio, como la que anunció el gobierno de Jorge Carrillo Olea, puede sin duda establecerse lo que realmente ocurrió ese trágico 10 de abril.

En una perspectiva más amplia, los sucesos de San Rafael y el descontento que existe en diversas poblaciones morelenses contra los cuerpos policiacos estatales especialmente la Policía Judicial, y que se ha manifestado incluso con linchamientos de elementos policiales, indican la necesidad de depurar a fondo a tales corporaciones de sus integrantes corruptos, prepotentes o proclives a la violación de los derechos humanos.

Ante ello, resulta urgente la reactivación e intensificación de los contactos entre la comunidad y el gobernador del estado, para encontrar cauces pacíficos y legales al conflicto que se vive en Tepoztlán, e impedir que la tirante situación siga deteriorándose.