Diputados, contra el dictamen del Senado sobre la ley anticrimen

Ismael Romero y Mireya Cuéllar Los diputados priístas buscaban ayer afanosamente la manera de enmendarle la plana a la Cámara de Senadores, sin tener que regresarle la minuta con los cambios a los artículos 16, 20, 21, 22 y 73 de la Constitución, con los que se busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. El centro del conflicto está en las modificaciones al artículo 16: la Cámara de Diputados pretende que sólo el Ministerio Público federal pueda autorizar el espionaje telefónico, y no cualquier autoridad federal, como aprobaron los senadores.

Sin embargo, seguía abierta la posibilidad de que por primera vez en la historia del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados regrese al Senado una minuta con las correcciones a un dictamen que considera deficiente.

No sólo algunos diputados del PRI, se niegan a votar en favor de los cambios constitucionales ya aprobados por el Senado, sino también un buen número de panistas está en desacuerdo y el grupo parlamentario del PRD, ya anunció que votará en contra de esas modificaciones si no se hacen ajustes al dictamen.

Ayer fue un día de intenso cabildeo. Panistas y priístas se reunieron por separado para discutir el asunto, sin lograr una posición consensada, por lo que el dictamen sobre dicha minuta, que tendría que haber quedado listo ayer para ser presentado hoy al pleno, finalmente no fue redactado.

Se supo que en una reunión con los priístas inconformes con el dictamen senatorial (alrededor de 15), Humberto Roque Villanueva se comprometió a entrevistarse hoy con el presidente Ernesto Zedillo y con Santiago Oñate, para transmitirles las inquietudes de los diputados.

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia prefirieron no reunirse (tendrían que haberlo hecho para elaborar el dictamen) ante las discrepancias internas de los distintos grupos parlamentarios.

Los priístas pretenden salvar sus diferencias añadiendo al dictamen una serie de considerandos, donde se asentaría que la ley secundaria (Ley Federal contra el Crimen Organizado, que ya se discute en el Senado) precisará que sólo el Ministerio Público federal tendrá facultades para autorizar la ``intervención'' telefónica.

Si sólo se hacen algunos agregados a la exposición de motivos y no se altera la redacción del artículado aprobada por el Senado, ``técnicamente'' los diputados no estarían obligados a regresar la minuta, y le evitarían a los senadores el trago amargo de tener que reconocer que no pusieron la suficiente atención a su dictamen. Además los senadores priístas, encabezados por Fernando Ortiz Arana, ya dejaron en claro que no están dispuestos a aceptar que les regresen la minuta.

Por otra parte, los diputados del PRI que ya se expresaron en contra de legalizar el espionaje telefónico, podrían votar a favor de la reforma constitucional si obtienen la garantía de que en la ley secundaria se acotará que sólo el Ministerio Público federal estará facultado para expedir una autorización de esa naturaleza.

El temor de los diputados es que se vuelva común la práctica del espionaje telefónico, no sólo para combatir el crimen organizado, sino que se use contra políticos, periodistas o cualquier ciudadano, violando sus garantías individuales.

El diputado priísta José Castelazo, dijo que ``técnicamente es posible'' hacer agregados a la exposición de motivos, sin que eso implique que se deba regresar la minuta al Senado. Desmintió que los diputados pretendan hacer la devolución del documento y explicó que aún no tienen el dictamen listo porque están ``trabajando a conciencia. Queremos hacer bien las cosas''.

Cuando los reporteros rodearon su curul pidiéndole que aclarara la versión que corrió insistentemente por San Lázaro desde muy temprano, en el sentido de que mandarían de vuelta la minuta al Senado, Castelazo dijo: ``No queremos crear un conflicto innecesario''.

Por su parte, Jorge Moreno Collado, apuntó: ``Estamos viendo cuáles son los alcances de la reforma para meterlos en el dictamen y tener ahí las bases para la ley reglamentaria''. El legislador también se esforzó en negar que haya la pretensión de devolver el documento al Senado.

Mientras tanto, por la mañana y pese a que los senadores perredistas dieron su voto favorable a las reformas constitucionales, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados se manifestó por devolver la minuta a la Cámara de origen, porque las modificaciones que los senadores hicieron ``en lugar de mejorar empeoraron el sentido'' de la iniciativa del Ejecutivo.

Los perredistas también centraron sus críticas en los cambios al artículo 16 ``porque entra en contradicción con el artículo 21, en el sentido de que el monopolio de la persecución de los delitos es exclusivo del Ministerio Público''. La reforma aprobada por el Senado ``abre una ancha avenida para que cualquier autoridad federal pueda justamente hacer lo que conocemos como espionaje telefónico''.

El llamado Grupo Exhorto, en el que participan priístas y perredistas, envió una carta a los presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia, señalando una serie de objeciones a las reformas que darán sustento jurídico a la Ley Federal contra el Crimen Organizado.

Los diputados exhortistas cuestionan los cambios no sólo al 16 constitucional, sino también al 20, al 22 y al 73. Además consideran que se debe establecer en la Carta Magna, con toda precisión, que es el MP federal quien autoriza la intervención telefónica. ``Es muy importante que esta facultad sólo se conceda en relación con la delincuencia organizada''.

El diputado priísta Jaime Martínez Veloz, dijo que dentro de su partido se estaba haciendo un esfuerzo por no romper un acuerdo entre diputados y senadores, en el sentido de que lo que aprueba una cámara la otra no lo rebota. ``Es momento de romper el tabú y exponer razones. No hay porqué crear una guerra entre cámaras, hay que ser objetivos, reconocer que si hay discrepancias, se debe regresar el dictamen'', dijo

Por lo que hace a los diputados panistas, aunque tampoco quieren aprobar los cambios constitucionales en los términos que se los envió el Senado, optaron por dejar que sean los priístas quienes resuelvan el problema. De hecho, ya le dijeron a los del PRI que son ellos quienes tienen que defender la reforma del Ejecutivo, con todo y que el procurador sea de origen blanquiazul.

``El problema es de ellos'', apuntó un panista en referencia a los legisladores del PRI, y explicó que ellos están conscientes de que se requieren las reformas para poder dar sustento a la ley contra el crimen organizado y que algunos legisladores de Acción Nacional estarían dispuestos a dar su voto a favor de los cambios, para lograr con el PRI las dos terceras partes que se requieren para hacer la reforma constitucional.

Otros panistas ya tienen autorización de su coordinador para votar en contra del dictamen si no se hacen cambios, y otros más plantearon que colaborarán no presentándose el día de la votación.

``El PRI tiene la mayoría y la iniciativa es del Ejecutivo, así que son ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo'', comentó la fuente panista, quien también afirmó que en una reunión con los senadores, éstos ya les informaron que no les molestaría que les regresen la minuta.

Por otra parte, el diputado panista Alejando González Alcocer, se manifestó por regresar la minuta para establecer en el artículo 16, que sólo en casos de crimen organizado podrá autorizarse la intervención telefónica y no para todo el orden penal, como se desprende del texto senatorial.