Muestra poco interés el SIN en examinar la conducta de sus agentes: Human Rights Watch

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 12 de abril La organización de derechos humanos Human Rights Watch señaló que las fallas en el proceso de recibir quejas por violaciones de los derechos de inmigrantes, por parte del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), parecen indicar que esa agencia ``no está muy interesada'' en examinar la conducta de sus agentes.

``Desde los niveles más altos a los más bajos, el mensaje enviado a las víctimas es que la agencia no demuestra seriedad al abordar el tema'', declaró Allyson Collins, de Human Rights Watch, en una carta dirigida al Panel de Asesores Ciudadanos del SIN el mes pasado.

``Como alguien que ha monitoreado las promesas del SIN para mejorar sus fallidos procedimientos para recibir quejas por abuso, sólo puedo concluir que el SIN no está muy interesado en recibir tales quejas'', indicó Collins.

El Panel de Asesores Ciudadanos ha hecho recomendaciones al SIN en varias ocasiones durante los últimos dos años (se reúne cuatro veces al año) para que busque la forma de incrementar la difusión al público sobre su forma de procesar y administrar quejas por violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes.

``Reconozco la necesidad de una mejor comunicación entre el SIN y el público'', declaró la comisionada de la agencia, Doris Meissner, al concluir la primera reunión del Panel, en abril de 1994. Desde entonces, señala el SIN, se han mejorado los procedimientos, por ejemplo, a través del diseño de un formulario bilinge para registrar quejas y carteles que ofrecen información sobre cómo registrar quejas.

``Lentamente están llegando al punto de mejorar sus procedimientos internos para recibir y reportar los abusos internos'', reconoció en entrevista Allyson Collins, de Human Rights Watch.

Empero, subrayó que se necesita hacer mucho más. Uno de los principales problemas, señaló, es que el SIN no debería ser receptor principal de las quejas.

``Las víctimas no quieren registrar una queja contra el personal del SIN en el SIN por muchas razones, entre ellas el temor a represalias y la creencia, con base en experiencias previas, de que el SIN no tomará acción sobre tal queja''.

Otro problema señalado es que la Oficina de Inspector General (OIG) encargada de investigar abusos con base en quejas registradas, difunde un nímero de teléfono para registrar tales anomalías, pero el mismo sólo opera durante horas de trabajo y tiene un mensaje grabado sólo en inglés, situación que fue modificada hace poco tiempo.

Por otra parte, la falta de hispano-parlantes en esa oficina durante sus horas de operación resulta en que a muchos de los que hablan se les obliga a permanecer durante largo tiempo en la línea, mientras se encuentra a alguien que pueda hablar su idioma, lo que resulta en cierta confusión y muchas veces los demandantes desisten.

Human Rights Watch reitera que hay ``innumerables ejemplos del mal manejo de quejas por parte del personal del SIN y de la aparente falta de interés de la agencia en recibir quejas sobre abusos''. Se señala también que mientras se extiende el tamaño del SIN, su personal dentro de la OIG se está reduciendo.

Asimismo, se señala que el propio SIN ha reconocido que múltiples quejas contra su personal no son consideradas cuando se decide sobre la promoción o traslado de agentes. Collins propone que los miembros del Panel de Asesoría Ciudadana sean autorizados de entrar sin previa cita a los centros de detención, a fin de examinar las condiciones de arresto y entrevistar a los detenidos en momentos oportunos.

También propone un mecanismo de revisión ciudadano independiente para examinar continuamente el proceso de quejas contra el SIN, una ``oficina de relaciones con la comunidad'' para asesorar a los que presenten quejas y facilitar el proceso de recibir y administrarlas.

El Panel de Asesores Ciudadanos del SIN fue establecido a principios de 1994 con un mandato para presentar recomendaciones al procurador general sobre formas de reducir el número de quejas presentadas por abusos cometidos por las autoridades migratorias y minimizar las causas que las producen.

El panel está integrado por 15 miembros, incluyendo nueve civiles y cinco empleados del Departamento de Justicia. Además, Armando Ortiz Rocha, cónsul general de México en El Paso, es miembro sin voto y ejerce funciones más bien de asesoría.