El gobierno de trasmano de Carlos Salinas y Joseph-Marie Córdoba que encabeza (formalmente) Zedillo, no quiere una ``reforma democrática del Estado'': lo que sigue imponiendo es una contrarreforma constitucional, sorda y gradual, que pone en riesgo la paz social cada vez más.

1. La paradoja de 1996 es que los mexicanos han condenado a los salinistas, pero Carlos Salinas, desde el Caribe o desde el rancho de Raúl en Irlanda, sigue con sus amigos gobernando al país: mantienen un enorme poderío económico, guardan un control político casi absoluto y ahora, ante el fracaso de los programas oficiales, lanzan otra ofensiva para seguir trastocando los fundamentos del orden constitucional. Tras desmantelar al Estado de bienestar social, pretenden abrir las puertas a un Estado de excepción ``legal'' y todo con un objetivo: salvaguardar sus propios intereses privados, confundidos con los de las multinacionales en el ámbito de la globalización.

2. La historia mexicana no recuerda otro caso en el que un grupo político hubiese podido saquear a la Nación durante varios sexenios y, al mismo tiempo, lograra destruir los fundamentos del Estado, y eso es lo que está aconteciendo en el país. Salinas y sus amigos, y entre ellos Zedillo, tendrán algún día que afrontar sus responsabilidades penales y el juicio de la Historia por haber cometido o encubierto presuntamente un sinnúmero de delitos, pero también por haber destruido el orden constitucional del país con el fin de servir a esos intereses privados facciosos.

3. La responsabilidad por lo que acontece es de quienes gobernaron en el sexenio pasado (y en el anterior) y que siguen en el gobierno, y eso lo sabe todo México. La propaganda oficial no ha logrado vender la idea de que existe un supuesto rompimiento entre Zedillo y su predecesor, porque los hechos demuestran lo contrario. Los mexicanos saben que el gobierno de Zedillo no tiene autonomía ni capacidad de decisión, pues se halla sometido por completo al grupo de Salinas y Córdoba y a los compromisos contraídos por éstos, y ello determina las políticas actuales.

4. El Congreso Constituyente de 1917 estableció lo que es el marco fundamental de cualquier Constitución moderna: por un lado, los enlistados de derechos individuales y de derechos sociales y, por el otro, las formas de descentralización política y los límites y competencias de los funcionarios. La esencia de la Constitución ha sido ya mutilada varias veces, pues las contrarreformas del salinismo cancelaron buena parte de los derechos sociales, y los nuevos paquetes de modificaciones constitucionales en materia penal y militar de Zedillo tienden a hacer nulos muchos derechos individuales y a consagrar el principio de la discrecionalidad de la autoridad para trasgredir ese marco de garantías.

5. Las contrarreformas van, en otras palabras, en el sentido de adaptar el marco constitucional al ``sistema'' priísta. En un régimen de Derecho, los ciudadanos pueden todo aquello que no les está prohibido, mientras que los funcionarios no pueden hacer más que aquello que expresamente se les permite en la Ley, pero en el ``sistema'' priísta las cosas en los hechos han sido a la inversa, y a eso tienden estas contrarreformas aberrantes en materia penal y de seguridad pública y, sobre todo, en relación al papel del Ejército: a constitucionalizar la discrecionalidad de los funcionarios, fortaleciendo las prerrogativas del gobierno y limitando los derechos individuales.

6. El escándalo que ha suscitado esta serie de irracionales iniciativas de Zedillo y de su grupo de asesores es, por ello, descomunal. Agrupaciones de abogados, juristas y profesores de Derecho han manifestado ya su rechazo absoluto a estas medidas que abrirían la puerta a un Estado militarizado, y ahora son los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta un buen número de legisladores priístas, los que han manifestado su repudio a la intentona (10 de abril), pero nada hace suponer que ésta vaya a ser detenida.

7. En México no existe un proceso legislativo democrático, pero nunca se había visto una situación tan desastrosa. Las nuevas leyes han sido elaboradas por un grupo que trabaja en Los Pinos en torno a Luis Téllez y al abogado panista Fernando Gómez Mont, amigo íntimo y asesor de cabecera de Zedillo: y ambos afines, desde luego, a los gustos de monsieur Córdoba (Proceso, núm.1014). Gómez Mont, que como se sabe fue ayudante de Diego Fernández de Cevallos, antes de servirle como amanuense a Carpizo en la PGR, y ahora a Téllez, fue acusado de tener un despacho de asesores para hacer negocios ``privados'', gracias a su relación con Zedillo y a la información confidencial de que dispone (Proceso, núm 1001), y es también el eslabón para que un buen número de diputados de Acción Nacional, afines a Diego, participen en este proceso de contrarreformas (de interés privado).

8. El proyecto para modificar el artículo 129, a fin de darle atribuciones al Ejército en tiempos de paz, fue presentado por el panista Fernando Pérez Noriega, en un claro afán de un grupo del PAN de buscar el aval del Ejército en su intento de llegar al poder. Y hasta ahora no ha sido desautorizado por el CEN blanquiazul, a pesar de que contradice la esencia misma del orden constitucional: lo que confirma que quien sigue mandando en éste es Fernández de Cevallos y que un grupo de panistas está colaborando en contra de la edificación de un Estado democrático.

9. Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas como pretenden estos aprendices de legisladores. El Constituyente de 1917 previó que el Ejército debía fungir para defender la soberanía de México de agresiones del exterior, y no para servir como policía judicial a las órdenes de políticos que lo lanzan contra el pueblo ante el fracaso de sus programas, y éste es el criterio también de muchos altos oficiales.

10. Los tecnócratas, con el apoyo de un sector del panismo, han abierto una verdadera guerra contra los mexicanos, en los económico y en lo militar, y hay que impedir que prosiga esta pendiente que no hace sino llevar al desastre.