Las diferencias se subsanarían en el dictamen de la Cámara

Elena Gallegos e Ismael Romero Luego de que surgieran divergencias en torno a las modificaciones al artículo 16 constitucional aprobadas por el Senado para dar fundamento a la Ley contra el Crimen Organizado, la bancada priísta en la Cámara de Diputados intensificó consultas con la Presidencia de la República, de las cuales se desprende que no será necesario regresar a los senadores esas reformas, pues se establecerán ``compromisos explícitos'' en el dictamen para poner candados al espionaje de las comunicaciones privadas.

La fracción priísta de la Cámara de Diputados dio como un hecho que a través de esos compromisos se garantizará que en las leyes reglamentarias se acote que sólo el Ministerio Público federal, y en el caso de delitos relacionados con el crimen organizado, podrá solicitar al juez la intervención de las comunicaciones privadas, con lo cual se evitarán suspicacias.

En la bancada del PAN, no se descarta tampoco la posibilidad de que a través del dictamen puedan salvarse las diferencias. Los panistas sostuvieron una reunión ayer por la mañana, en la que debatieron ampliamente el tema, pero no llegaron a una decisión sobre la postura que adoptarán cuando esto sea discutido en comisiones y en el pleno.

Lo que quedó en claro, es que Acción Nacional ``no aprobará nada que pueda ser contrario al respeto de las garantías individuales y los derechos humanos''.

Se informó que las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, que serán las encargadas de dictaminar sobre el asunto, se reunirán martes o miércoles de la próxima semana. En tanto, los priístas trabajarán en la confección de un proyecto que pretenderá subsanar los desacuerdos, evitando que la minuta que les envió el Senado tenga que regresar nuevamente a esa cámara.

Fueron cinco los artículos constitucionales reformados por los senadores, para dar paso a leyes que hagan más eficaz el combate al crimen organizado. De hecho, en esa cámara se hizo un buen número de cambios a la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

En esencia, ninguno de los partidos está en desacuerdo con el espíritu general de la ley, y la polémica se circunscribe al artículo 16, debido a que deja abierta la posibilidad de que cualquier autoridad federal pueda solicitar la intervención de las comunicaciones.

El PRD ha expuesto ya la necesidad de que se establezcan tres candados para evitar que cualquier dependencia efectúe espionaje telefónico: que sólo el Ministerio Público pueda solicitar la intervención, que lo haga en el caso de delitos relacionados con el crimen organizado y que esta intervención se constriña, por lo tanto, a la materia penal.

Por otro lado, fuentes de la fracción priísta confirmaron que diputados de la misma fueron a Los Pinos a intercambiar puntos de vista sobre el debatido punto, con el director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia.

A su vez, el diputado Eduardo Escobedo informó que se trabaja en la elaboración e un dictamen ``minucioso, de detalle'' de lo que contiene la primera versión de lo aprobado para asentar en él ``lo que serían las orientaciones, señalamientos, criterios de interpretación y fijación de alcances de la reforma constitucional y que debe reflejarse en las leyes secundarias''.

Explicó que los compromisos explicitados en el dictamen para salvar las diferencias, serían de carácter institucional.

Esto es, rebasarían la temporalidad de la 56 Legislatura y se obligaría a las legislaturas siguientes a emitir con esos criterios las leyes secundarias relacionadas con el combate al crimen organizado.

Incluso, mencionó que no se pretende incluir en el dictamen todos los asuntos que deben ser materia de esas leyes secundarias, pero sí establecer criterios ``categóricos, imperativos'', en cuanto a las autoridades que, por ejemplo, pueden solicitar la intervención telefónica.

Otro de los especialistas en la materia, el panista Alejandro Zapata Perogordo, recordó que desde hace un año se trabaja en las reformas para dar fundamento a la lucha contra la delincuencia organizada y para permitir la utilización de métodos más modernos de investigación científica en su persecución.

También dijo que en el Senado, las reformas constitucionales se aprobaron, en lo general, con 108 votos a favor y sólo uno en contra; en lo particular, se registraron sólo tres votos en contra de los artículos 16 y 20. En ese debate, el PRD propuso que en el caso del artículo 16, se especificara que ``sólo las autoridades facultadas por la ley'' podían solicitar la intervención de las comunicaciones.

Luego aclaró que si bien aún no hay una decisión tomada en su fracción, él cree que una de las vías para solucionar la polémica es el dictamen: ``No olvidemos que las fuentes de interpretación de las leyes son, precisamente, la exposición de motivos contenida en los dictámenes, los posicionamientos ahí establecidos y las posturas sostenidas por los partidos en el debate mismo''.

Para Zapata Perogordo, es importante que ya en el artículo 16, se explicite el derecho de las personas a la privacidad de sus comunicaciones, lo que permitirá tipificar como delito el espionaje que en el país se volvió una práctica indiscriminada. ``Todo mundo sabe que los teléfonos están intervenidos''.

Una sana interpretación del texto -finalizó- y una buena ley secundaria, podrían ser la solución.