Indagará la ONU la violencia racista contra migrantes, a petición mexicana

David Aponte El gobierno de México solicitó la intervención del relator especial de Naciones Unidas para que investigue la violencia racista ejercida contra los trabajadores migratorios. Sin mencionar los recientes incidentes ocurridos en Estados Unidos, expuso que han aumentado los casos de violaciones graves de los derechos humanos y los tratos ``degradantes y de crueldad gratuita''.

Durante la presentación de la resolución sobre el respeto a la dignidad de los migrantes ante la Comisión de Derechos Humanos del organismo multilateral, el embajador mexicano, Antonio de Icaza, pidió que las naciones receptoras adopten medidas urgentes para evitar el uso abusivo de la fuerza policiaca y de los agentes migratorios en contra de los inmigrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer que la iniciativa mexicana fue aprobada por todos los países, incluido Estados Unidos, en el 52 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es la primera vez que el gobierno de México recurre a esa instancia internacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migratorios. En ese foro, el representante diplomático manifestó la indignación de las autoridades mexicanas por los recientes acontecimientos que involucraron a migrantes mexicanos en Riverside y Temecula, California. Las violaciones a los derechos humanos tienen una motivación en el renacimiento de una alarmante xenofobia y el odio racial, expuso.

La migración no es un fenómeno nuevo. No obstante, el aumento en el número de personas que buscan llegar a otros lugares ha suscitado reacciones que violentan los derechos humanos de los inmigrantes, ``incluyendo los tratos degradantes y de crueldad gratuita'', no sólo contra ellos sino para con sus familias y comunidades enteras, expuso.

El diplomático mexicano manifestó: ``Es, pues, urgente contar con un marco normativo que garantice los derechos humanos de este grupo particularmente vulnerable o, de lo contrario, nos veremos confrontados con una situación cada vez más inaceptable de violaciones frecuentes, graves, que habrá de poner en peligro las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados''.

En el proyecto de resolución, copatrocinado por Chile, Cuba, Egipto, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Nicaragua, Portugal, Túnez y Turquía, el gobierno mexicano propuso que esa instancia condenara las manifestaciones de racismo, de discriminación y de violencia en contra de los trabajadores migratorios y que el relator especial comience una investigación de los incidentes relacionados.

De Icaza mencionó que la Convención Internacional en la materia, de 1990, representa un instrumento de defensa y promoción de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, independientemente de su estatus legal, y prevé la imposición de sanciones efectivas a quienes hagan uso de la violencia, de la amenaza e intimación en contra de los trabajadores migratorios.

``Sin embargo, la entrada en vigor de la Convención ha demorado, en perjuicio de la cooperación internacional que se requiere para administrar un fenómeno que no admite soluciones unilaterales. Si no se acelera el ritmo de las ratificaciones y adhesiones a la Convención, tendremos que buscar otros mecanismos para que las autoridades de los países de destino respeten la dignidad humana'', consideró. En ese sentido, exhortó a los países receptores de migrantes a buscar la eliminación de las crecientes manifestaciones de racismo y xenofobia que producen algunos sectores sociales y que son perpetradas por individuos, grupos, incluso autoridades, en contra de los migrantes.

Adicionalmente, sugirió que las naciones de destino adopten medidas para prevenir el uso de la fuerza, de las corporaciones policiacas y de los agentes migratorios en contra de los inmigrantes, a través de la impartición de cursos de capacitación y normas básicas.

En la resolución, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también solicitó al secretario general del organismo multilateral, Boutros Ghali, la realización de una campaña mundial de información sobre los derechos humanos de los migrantes, y la presentación de un reporte de los esfuerzos realizados en la promoción de la Convención en la materia.